Dos proyectos de ley buscan limitar la aplicación de la IVE en Córdoba
El legislador por Encuentro Vecinal, Rodrigo Agrelo, presentó dos proyectos de ley en la Unicameral cordobesa que, aunque se rechazaron en el despacho de comisión, generaron polémica y malestar en el recinto legislativo.
Uno de ellos establece dejar sin efecto en el ámbito de la provincia de Córdoba la aplicación de la ley nacional 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El otro proyecto establece la obligatoriedad del personal médico que atienda la IVE de ofrecer a la gestante la previa realización de una ecografía.
Aunque ambos proyectos no lograron dictamen de comisión, podrían en las próximas semanas tratarse en el recinto para que se debatan en esa instancia.
Agrelo es abogado de la Asociación Portal de Belén, organización reconocida por su histórico litigio judicial en contra de las interrupciones legales del embarazo (ILE) y de la ley 27.610 aprobada en 2020. Anteriormente habían presentado reiterados recursos judiciales en contra de la aplicación de protocolos de atención de la ILE y en contra de la entrega de anticonceptivos de emergencia (pastilla del día después).
“Desde la entrada en vigencia de la ley, hasta fines de 2023, se abortaron en Córdoba 15.000 bebés sólo en los hospitales públicos. Son 19 abortos por día. Es como si hubiera desaparecido toda la población junta de La Cumbre, Los Cocos, La Granja, Agua de Oro, El Pueblito y El Manzano”, le dijo Agrelo a La Voz para justificar su proyecto .
Frente a esto, organizaciones sociales y feministas advirtieron sobre el alcance que podrían tener esos proyectos y rechazaron las iniciativas. La legisladora por el MST-FITU, Luciana Echevarría, emitió un comunicado al respecto titulado “Quieren que volvamos a la clandestinidad”.
“Nuevamente Portal de Belén, con su representante en la legislatura, busca obstaculizar el acceso a derechos que se conquistaron con muchísima lucha. En un acto completamente autoritario pretende revertir dos leyes que tuvieron un amplio debate en el Congreso y sobre todo un nivel de adhesión social enorme y que son claves para garantizar derechos básicos”, dijo.
Ecografía
Uno de los proyectos establece que deberá “ofrecerse obligatoriamente a la madre, en forma escrita, clara y precisa la realización de una ecografía que permita voluntariamente observar al feto en su vientre, explicándole en dicha oportunidad el estadío de crecimiento en que se encuentra aquel, el estado de salud del mismo, y las características de la intervención a la que habrá de someterse y sus consecuencias físicas y psicológicas”.
Además, prevé que el ofrecimiento deberá ser realizado por profesionales médicos y psicólogos, y deberá firmarse una constancia de que fue efectivamente ofrecido. El proyecto aclara que no es obligación de la gestante hacer la ecografía, pero sí el ofrecimiento de los profesionales y que todo quede asentado en la historia clínica.
En sus argumentos, Agrelo aduce que si bien desde su espacio político abogan por la no aplicación de la IVE, en el marco de vigencia de la ley entienden que con este proyecto puntual “es posible minimizar los efectos dañosos de la misma”. Además, citan una normativa del estado de Indiana, Estados Unidos, de 2016 en el que rige este requisito ante la solicitud de una práctica de aborto.
Suspensión
El otro proyecto propone directamente dejar sin efecto en Córdoba la aplicación de la ley nacional 27.610 en base a lo establecido en la Constitución de la Provincia. Aurelio García Elorrio, exlegislador y fundador de Portal de Belén, ya había hecho esta solicitud en la Justicia provincial, algo que fue rechazado por la Cámara Contencioso Administrativo N° 1 de Córdoba.
En esta oportunidad hacen el intento en el ámbito legislativo y argumentan que la justicia no resolvió de fondo la inconstitucionalidad provincial de la ley. En el proyecto se cita el artículo 19 de la normativa local que expresa: “Todas las personas en la provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: 1°. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal”.
Pretenden, de esta manera, suspender la aplicación de la ley nacional aprobada en 2020 y que ya obtuvo dictámenes favorables en la justicia en distintas instancias.
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