La paralización de la obra pública a nivel nacional sumerge a la actividad en una crisis
En la Convención Anual 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) llevada a cabo a fines de junio se planteó que la deuda del Estado nacional con las empresas de la cadena de valor asciende a $ 400.000 millones correspondientes a unas 3.500 obras públicas que estaban en marcha en 2023. Esa estimación entre las firmas asociadas puede variar si se consideran redeterminaciones no calculadas, posibles reclamos por mora (falta de pago) u otros conceptos que correspondan debido a los incumplimientos contractuales del Estado que se agravaron con la llegada del presidente Javier Milei al poder, ya que desde diciembre pasado se paralizó casi por completo la actividad del sector, salvo contadas excepciones, como la reversión del Gasoducto Norte y la Cárcel de Coronda.
Según la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), en lo que va del año el sector perdió unos 130 mil puestos de trabajo como consecuencia directa de esa paralización.
En ese marco, la delegación local de Camarco se muestra alineada con la postura de la Cámara nacional: apoya la posibilidad de revertir el endémico déficit fiscal y la chance de generar menor inflación como elementos básicos para recuperar los parámetros mínimos que sirven de base a las principales economías.
“Obviamente, está fuera de nuestro alcance entender si la única solución posible es este paquete de medidas que se lleva a cabo con las tremendas consecuencias actuales, a la espera de una recomposición general o rebote que nos ponga en un lugar de sustancial mejora. Dicho eso, vemos varias cuestiones que no son lineales con el discurso del Gobierno nacional”,
apuntó Horacio Berra, presidente de Camarco-delegación Córdoba.
Principales observaciones
Camarco remarca que no cumplir con los contratos implica discontinuar la seguridad jurídica que tanto se pregona, porque se desconocen las obligaciones contraídas como Estado. Además, priva a los usuarios de disfrutar los beneficios que conlleva cualquier inversión en infraestructura (económica o social).
“Lo ideal sería que el Estado nacional se haga cargo como corresponde de lo que le toca y honrara los contratos garantizando la seguridad jurídica de las obligaciones contraídas, en lugar de delegar las obras a los privados o a estados sub nacionales, subrayó Berra.
El Estado nacional propone traspasar mediante convenios con provincias y municipios obras chicas (o cancelarlas) y también obras importantes. No es el caso de Córdoba Provincia o Ciudad, en donde desde hace tiempo se trabaja pensando en la infraestructura como una inversión que genera un círculo virtuoso de efectos encadenados que mejora la competitividad y la calidad de vida de las personas.
“De hecho, la Provincia ya en el pasado asumió como propias y terminó obras cuyo financiamiento compartido incumplió la Nación. Pero quizá no todas las provincias ni todos los municipios podrán administrar obras de esas características en el sentido completo de lo que representa la ejecución, desde el control a su financiamiento”, remarcó el directivo.
Camarco también cuestiona que se defina a las obras como un gasto, ya que la infraestructura es una inversión. “¿Cómo puede transformarse un país y ser competitivo, convertir, agregar valor y exportar convenientemente sus riquezas si no tiene energía disponible, puertos, rutas, autopistas, vías e hidrovías?”, enumeró Berra.
Considerar que el 100% de la inversión en infraestructura debe ser absorbida por los actores privados que la necesitan es imposible. “Aunque es importante pensar en la posibilidad de generar las condiciones para incentivar las inversiones privadas en general, en las economías más estables del mundo la inversión privada en infraestructura pública no llega al 25% y en Chile (país citado permanentemente como modelo) no pasó nunca del 15%. Queda claro entonces que mucho menos los privados podrán, en un marco teórico de seguridad jurídica y economía estable (deberíamos rondar continuamente los 100 puntos de riesgo país y Argentina está en el orden de 1.500 puntos) tener un aporte mayor al mencionado”, concluyó el directivo.
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