Por una Defensoría del Pueblo independiente
Tras 15 años al frente de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, el radical Mario Decara conservará su influencia en el organismo al nombrar como defensor adjunto a Carlos Galoppo, quien conducirá el organismo con la venia del gobernador Martín Llaryora.
A su manera, la gestión saliente estuvo politizada, ya que el organismo que debe defender a los ciudadanos del avasallamiento del poder del Estado estuvo dirigido por un radical aliado al peronismo gobernante.
Esa politización ahora se ha tornado más explícita: Decara ubicó como su segundo a Galoppo, una especie de síntesis del pensamiento del radicalismo en el que se inscribe Decara y del pensamiento peronista-cordobesista del gobernador, que avaló su designación.
Por si no queda claro, en esa instancia Decara se abstuvo de dialogar con los dirigentes radicales, a quienes les trabó su acceso al recambio de autoridades de la Defensoría y se limitó a negociar con el oficialismo provincial.
De este modo, una vez más, la Defensoría del Pueblo de la Provincia queda en manos de alguien fuertemente politizado, pese a que, por ser un órgano independiente, lo lógico sería que su máximo funcionario no tuviera antecedentes partidarios, sino que fuera alguien con sobradas pruebas de idoneidad y honestidad para el cargo.
Al menos esa es la lógica con la cual fue pensado y diseñado a nivel internacional. Los organismos no gubernamentales vinculados con la problemática, que observaron el proceso de selección de postulantes para la Defensoría del Pueblo en distintos países, postularon un conjunto de principios que debieran garantizar la transparencia, la publicidad y la participación social en el dispositivo que el Estado pone en marcha al momento de la postulación de candidatos y que se cierra con la designación de uno de ellos.
En primer lugar, se sostiene la necesidad de que sea una persona imparcial. Esto implica, en un sentido, que no tenga vínculos con el gobierno y con los partidos que integran el oficialismo; pero en otro sentido, la imparcialidad exige que tampoco tenga vínculos con las oposiciones políticas.
En segundo lugar, esa imparcialidad también involucra al sector privado, por lo cual se sugiere elegir a alguien que no haya tenido una participación destacada en el mundo empresarial.
Tercero, su carácter de independiente debe ir acompañado de un fuerte compromiso con los derechos humanos, y con cuestiones de género y no discriminación.
Cuarto, respecto de su formación académica, se entiende que debiera haberse especializado en el campo del Derecho y contar con experiencia en la resolución de conflictos.
Por último, se propone que haya un espacio y un tiempo para que distintos integrantes de la sociedad civil, tanto personas como organizaciones, puedan expresar formalmente lo que tengan para decir sobre las distintas candidaturas. El mecanismo de las audiencias públicas no sólo pone en valor el derecho social a la participación, también garantiza transparencia en el proceso de designación.
Eso significa que el defensor saliente y el gobernador no pueden, a puertas cerradas, elegir al nuevo defensor de acuerdo con sus intereses. El pueblo de Córdoba se merece una Defensoría independiente, elegida de manera pública.
https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/por-una-defensoria-del-pueblo-independiente/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/editorial/por-una-defensoria-del-pueblo-independiente/