Antes de irse, Decara nombró como adjunto al radical Galoppo
Después de varias conversaciones y especulaciones acerca de quién ocuparía la Defensoría del Pueblo de la Provincia, se conoció este lunes que antes, de finalizar su mandato (el martes), el actual ombudsman, Mario Decara, designó como adjunto a Carlos Galoppo, quien se desempeñaba como secretario de Comunicación de este organismo.
Tras tres períodos consecutivos, Decara tenía la posibilidad antes de que finalizara su mandato de nombrar a un defensor adjunto. Aunque dentro de las filas del oficialismo se especulaba que el gobernador Martín Llaryora priorizaría que este puesto quedara en manos del justicialismo.
Días atrás, el radical Hugo Pozzi, quien se desempeñaba como ombudsman adjunto, renunció a su cargo poco antes de terminar su mandato y esto abrió el interrogante acerca de si Decara dejaría su puesto sin nombrar a un defensor segundo.
Por lo que en las últimas horas se tejieron varias especulaciones, ya que algunos legisladores y funcionarios oficialistas esperaban que el gobernador dejara acéfala la Defensoría del Pueblo debido que no estaba garantizado un acuerdo con la UCR para que se dieran los dos tercios de los parlamentarios, o sea 47 votos, para la elección del sucesor de Decara.
Aunque al mismo tiempo, había dirigentes del PJ que aguardaban que el lugar de Pozzi sea para un oficialista, y romper así el “uso y costumbre” implementado por el exgobernador José Manuel de la Sota para que estos dos puestos sean espacios ocupados por representantes de sectores políticos opositores.
Contra estas predicciones de algunos funcionarios, se conoció que Decara finalizará este martes su gestión y que este lunes designó a Galoppo, quien es profesor de Historia, diplomado en Periodismo Político y cuenta con un perfil más bien técnico, con más de 30 años en el asesoramiento político, estratégico y periodístico.
Desde la Defensoría del Pueblo se informó que, de esta forma, este organismo “seguirá con el curso normal de sus actividades”.
“Antes de finalizar su mandato, Mario Decara subsanó una virtual acefalía total de autoridades en la Defensoría del Pueblo y nombró defensor Adjunto a quien es un colaborador de su gestión y está al corriente del quehacer institucional y los programas y actividades que se implementan. El flamante adjunto quedará a cargo de la Defensoría a partir del 3 de julio próximo…”, se comunicó desde este organismo.
También se mencionó que Galopo “pertenece a las filas de la Unión Cívica Radical, y transitó por diversos cargos como autoridad de ese partido a nivel departamental y provincial”. “En su trayectoria política se destaca su paso como asesor de la presidencia de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba (1992-1995) y del Senado de la Nación (2011-2015)”, se describió.
“Además de ser parte del equipo de Decara, desde sus primeros días al frente de la Defensoría trabajó con municipios, instituciones, legisladores y candidatos. La Defensoría continuará la atención de las consultas y necesidades de los vecinos y los operativos de cercanía por diferentes barrios. También con el servicio que se presta desde el Centro Público de Mediación Comunitaria”, se insistió desde este organismo.
Con esta designación, por un lado, se despejaron las dudas acerca de si el gobernador rompería los usos y costumbres y nombraría a un dirigente del PJ, algo que venían planteando desde el oficialismo. Por otro lado, se cumplió lo que legisladores y funcionarios advertían: el cargo de defensor del Pueblo quedará acéfalo debido que no hay acuerdo “ni apuro” por parte del gobernador.
Desde hace varios días, la UCR viene planteando al PJ que se cumpla con este recambio y habían surgido los nombres de los radicales: Julio Ochoa, tribuno de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba; y Marcos Carasso, presidente del Comité Provincia de la UCR. Aunque también habían comenzado a circular las versiones acerca que Llaryora optaría por el radical Juan Jure o por el dirigente del PRO Agustín de La Reta.
La decisión de nombrar a Galoppo tomó por sorpresa a varios funcionarios y legisladores provinciales, los que no pudieron precisar si esta decisión de Decara había sido previamente consensuada con el gobernador.
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