Días sin clases por paro en Córdoba
Los 180 días de clases efectivas por año es el piso que deben contemplar los calendarios escolares del país, según la ley 25.864, de 2003.
En 2022, para atenuar las consecuencias atroces en materia educativa por la falta de clases presenciales que motivó la pandemia, el Consejo Federal de Educación resolvió que esa cantidad se ampliara a 190.
Como expone el Observatorio de Argentinos por la Educación, en Argentina no existen datos públicos sobre la cantidad de días y horas efectivas de clase que tienen los chicos, sobre presentismo o información sobre cierres por problemas edilicios o paros docentes.
Sin embargo, afirma que la interrupción de la continuidad escolar es mayor en los colegios estatales –donde el 75,8% de las familias reportó interrupciones– que en las de gestión privada –donde la cifra es menos de la mitad–, y que además en las instituciones públicas el principal motivo son los paros docentes (32%).
Incumplimientos
El Ministerio de Educación de nuestra provincia año a año anuncia su calendario escolar, en estricto cumplimiento de ambas disposiciones. No obstante, los días de clases programados pocas veces fueron cumplidos: en los últimos 20 años, sólo en cuatro períodos se llegó a 180 días de clases efectivos (2004, 2005, 2010 y 2022).
Si bien varios son los motivos que restan días de clases –las jornadas de capacitación docente, los problemas edilicios, la inseguridad, el ausentismo, la falta de nombramiento y de cobertura de licencias docentes, las desinfecciones que se realizan en días hábiles, etcétera–, un relevamiento casero nos permite confirmar los resultados dados por el Observatorio: en nuestra provincia, el mayor motivo por el que los chicos pierden días de clases son los paros promovidos por el gremio docente.
Desde 2003 y hasta 2018, hubo un promedio de 10 días de paro por año. En 2020, cuando las escuelas se cerraron por la pandemia, se cumplieron sólo 177 días de “clases” (recordemos que la virtualidad dejó en la banquina del aprendizaje a aquellos estudiantes sin computadora, internet, plata para fotocopias o acompañamiento para el estudio en el hogar). En 2023 hubo siete días de paros y otros 15 días de clases interrumpidas por asambleas.
A casi la mitad del presente año lectivo, los chicos ya perdieron cinco días de clases por paro. La mayoría de ellos obedecieron a medidas de fuerza nacionales cuya cara visible, como secretario general de Suteba y adjunto de CTA, es Roberto Baradel. Todopoderoso gremialista bonaerense y socio político del kirchnerismo que no está pensando en el derecho a la educación ni en el salario de los docentes; dirigente político que estuvo desaparecido de los reclamos de sus representados durante el gobierno de Alberto Fernández y que en lo que va de este año ya arengó tres paros; protector de la profesora de Buenos Aires filmada en un cruce con un alumno con elocuentes frases tendientes al adoctrinamiento; detractor de la extensión de la jornada posclausura de escuelas por Covid. Ferviente defensor y militante de mantener las escuelas cerradas en pandemia y manifiesto opositor a declarar la educación como servicio esencial, al igual que nuestro gremio local, UEPC.
Derecho humano esencial
El gremio docente, no los docentes, sino la cúpula sindical que, valga la aclaración, está poniendo en jaque la educación pública y su debilitamiento por la vía que sea, supone una erosión del derecho a la educación.
Defender la educación pública es modernizarla, formar a los docentes, mejorar sus salarios, sostener la necesidad de una apropiada atención al alumnado con necesidades educativas especiales, bregar por condiciones edilicias dignas, evaluar, ponderar el mérito, participar a las familias. Y todo eso se logra desde el aula, adentro de la escuela, con todos los actores de la comunidad educativa trabajando en conjunto.
Si bien cantidad no garantiza calidad, es el elemento primero y un factor de alta incidencia en un mejor aprendizaje.
Como padres, como la voz de los chicos que nadie más representa, nos vemos en la obligación de decir esto: la educación, en su condición de derecho humano esencial, es también un servicio público esencial. Y, por lo tanto, su suspensión, aun en virtud de un legítimo reclamo como es la recomposición salarial docente, es en sí misma una vulneración al mismo derecho que el reclamo dice custodiar.
Es necesaria una seria, honesta, responsable y comprometida voluntad política, tanto del Gobierno como del gremio, de centrar sus esfuerzos en la búsqueda de un consenso que ponga en el centro del interés al alumnado, y en la cima de las prioridades el derecho a una educación igualitaria y de calidad.
* Presidenta de la Asociación Civil Familias por la Educación Córdoba
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