“Yo quería matar a Cristina Kirchner”: qué declaró Fernando Sabag Montiel en la causa por el atentado
Fernando Sabag Montiel, uno de los acusados por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, declaró este miércoles en el marco del juicio sostuvo que él “quería ver muerta a Cristina”. Además, intentó desvincular a su expareja, Brenda Uliarte, indicando que ella no participó del plan, aunque sí quería “verla muerta”.
Ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), Sabag Montiel mencionó que “Brenda Uliarte quería ser espectadora del momento” y que quería “ver muerta” a la exfuncionaria porque “la doctora Kirchner es corrupta, roba y hace daño a la sociedad”.
“Yo la quería matar y ella (por Brenda) la quería ver muerta. Pero yo nunca le planteé o le ordené a que lo haga, ni le di el arma diciéndole ‘hacelo vos’. Ella quería ser una espectadora del momento más que una partícipe”, reiteró el acusado.
Vale mencionar que tanto Sabag Montiel como Uliarte y Nicolás Carrizo están acusados por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Cristina Kirchner.
En ese marco, se aceptó un listado de 230 testigos entre los cuales se había pedido que sea citada la ex presidenta y vicepresidenta, pero no será parte de las imputaciones la supuesta pata política que pretendía la querella y que había impulsado la fiscal de juicio, Gabriela Baigún, indicó Clarín.
También se refirió a los motivos “personales” para atentar contra la vida de la exfuncionaria, que al momento del ataque ocupaba el cargo de Vicepresidenta.
“Más que personal es algo de interés público que tiene que ver con que yo soy el resultado o el factor de muchas fallas de la Justicia. Yo estoy acá porque una parte de la Justicia argentina no funciona, entonces me cargué una mochila en la cual realmente traté de pagar el precio de los que otros no hicieron. Y además agregar sobre la persona Cristina Fernández de Kirchner, es corrupta, roba, le hace daño a la sociedad y demás cuestiones que son sabidas que no es necesarias que sean aclaradas porque la mayoría de las personas siente lo mismo que yo”, sostuvo.
Concluyó: “Lo que hay que diferenciar acá es un quiebre en la causa en dos ramas importantes, entender que hay una diferencia en la incorporación de Carrizo que no fue en la etapa de instrucción sino en la elevación a Juicio. Se tergiversó y hubo implementos de pruebas que deben ser probadas”.
Ataque a Cristina Kirchner: el juicio
Un tribunal federal argentino inició este miércoles el juicio oral a los tres acusados por el intento de homicidio en 2022 de la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, figura central de la política en las últimas dos décadas.
El proceso tiene como imputados a Fernando Sabag Montiel, quien el 1 de septiembre de 2022 gatilló una pistola en la cabeza de la entonces vicepresidenta (2019-2023) en plena vía pública; su entonces pareja Brenda Uliarte, considerada coautora del intento de agresión, y Nicolás Carrizo, allegado de ambos y quien está imputado como partícipe secundario.
La primera jornada comenzó a las 10.30 en la sala Amia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6. El arranque se demoró más de una hora, ya que estaba previsto para las 9.
De un momento a otro, la sala se llenó de fotógrafos que buscaron tener la imagen de los imputados. Sabag Montiel, desafiante, saludó a las cámaras y mostró un cartel que decía “me tienen secuestrado”.
Durante el juicio desfilarán más de 200 testigos, entre ellos la también exmandataria (2007-2015), quien está disconforme con la investigación que llevó a cabo la justicia al considerar que no ahondó en la autoría ideológica del ataque y sospecha que sectores opositores podrían haberlo ideado y financiado.
Los tres detenidos también son conocidos como “La Banda de los Copitos”. Sabag Montiel, de nacionalidad brasileña y residente en Argentina desde hace décadas, trabajaba junto a Uliarte vendiendo algodón de azúcar, supuestamente a las órdenes de Carrizo.
Carlos Rívolo, el fiscal a cargo de la investigación, consideró a mediados de 2023 que no había pruebas sobre una financiación ni planeación política del intento de homicidio y pidió a la jueza federal María Eugenia Capuchetti que enviara a juicio oral la causa. La magistrada había delegado la investigación en el fiscal porque Fernández de Kirchner, quien es la víctima y querellante en la causa, puso en duda su imparcialidad y pidió apartarla del expediente.
Rívolo dijo que toda la prueba recabada hasta ese momento impedía considerar que hubiera existido “una organización de cualquier tipo, partido político o partidario, persona o grupo de personas que hayan, de alguna manera, financiado, planeado, encubierto o contribuido de alguna forma con los imputados para llevar adelante el hecho investigado”.
El intento de asesinato de Cristina Kirchner
El intento de asesinato se produjo frente al domicilio en Buenos Aires de la entonces vicepresidenta, ahora de 71 años, adonde se habían concentrado cientos de sus seguidores para darle apoyo cuando se desarrollaba un juicio oral en su contra por supuesta corrupción.
Tiempo después ese proceso derivó en una condena para Fernández de Kirchner de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado, que la dirigente política apeló.
En medio de ese grupo de simpatizantes estaban Sabag Montiel y su novia. Cuando la entonces vicepresidenta se acercó, el hombre apuntó con una pistola Bersa a unos 20 centímetros de su rostro y gatilló. Según expertos, la bala no salió porque no estaba en la recámara.
El intento de asesinato no fue advertido por la custodia y la detención del agresor fue llevada a cabo por un grupo de militantes de la dirigente peronista que presenciaron la maniobra y levantaron el arma del suelo.
En el transcurso de la investigación Fernández de Kirchner pidió la ampliación de la acusación sobre Carrizo y profundizar en otras líneas de investigación, como las relacionadas con un diputado opositor y una agrupación de extrema derecha con la que los acusados se habrían relacionado.
Si bien los tres detenidos carecían de filiación política, eran muy activos en las redes sociales contra el gobierno del entonces presidente Alberto Fernández y en especial contra la vicepresidenta.
Se espera que el proceso oral se prolongue durante un año.
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