Que la reducción del gasto no sea a costa de los jubilados
La semana pasada, la Cámara de Diputados de la Nación decidió –por una mayoría abrumadora– dar media sanción a un nuevo esquema de movilidad jubilatoria. No fue algo intempestivo, irresponsable y menos aún demagógico, como algunos quieren instalar.
Por el contrario, se discutió durante semanas en las comisiones, acudieron 40 especialistas a plantear sus posiciones y se pusieron en consideración 16 proyectos de todos los bloques.
Todos coincidieron, excepto desde el partido del Gobierno y sus aliados, en que la escalada inflacionaria de los primeros tres meses del año deterioró de manera abrupta la capacidad adquisitiva de los haberes jubilatorios: una pérdida del 47% de poder adquisitivo.
También todos coincidieron en que la fórmula aprobada durante 2020, por iniciativa del entonces presidente Alberto Fernández y su partido, había sido la principal causal de deterioro de los ingresos de los jubilados. En 2023 hubo un 211% de inflación y la movilidad fue de 110%.
Por eso trataron de paliar los errores con bonos, cuyo pago fue excepcional en un principio; después se convirtió en regla, pero nunca pudieron revertir la situación.
Se esperaba que en la “ley bases” –a principios de año–, el Presidente enviara un nuevo esquema que asegurara el derecho a la movilidad jubilatoria debido al cambio de gobierno y de las perspectivas económicas.
Lamentablemente, la propuesta fue todo lo contrario a lo esperado: propuso eliminar la garantía de la movilidad y dejar librado al Presidente la decisión de cuándo y cómo aumentarles a los jubilados, algo inadmisible con lo previsto por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con la misma jerarquía.
Desde la Comisión de Presupuesto y Previsión Social, decidimos dar el puntapié e iniciar el tratamiento de una nueva ley de movilidad. Fue entonces cuando el Gobierno publicó el decreto 274, en el cual incorporaba la inflación como variable de aumento para los jubilados (en lo que coincidimos) y otorgaba un aporte extraordinario del 12,5% para enero, cuando la inflación había sido de 20,6%.
Dicho decreto no contempló la variable salarial en la fórmula ni tampoco propuso una solución al problema de los bonos. Estas situaciones fueron advertidas en numerosas ocasiones.
Todas las propuestas surgidas del debate en Diputados fueron estudiadas por el organismo técnico presupuestario del Congreso (OPC), de donde surgió que la iniciativa que logró el apoyo mayoritario implicaba una mejora racional en los haberes, con un aumento del gasto de tan sólo un 0,4% del producto interno bruto (PIB).
¿De dónde propusimos que salieran esos recursos? Del mismo lugar de donde se sacaron. El Gobierno anunció hace un tiempo que el ahorro mediante la licuación de los haberes jubilatorios fue del 0,4% (muchos analistas manifiestan que el impacto fue de 1% a 1,5% del PIB).
Con un planteo sensato, también se generaron propuestas para cubrir ese gasto, como por ejemplo rever el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego (un 0,35% del PIB que encarece el acceso a productos tecnológicos sin generar valor agregado nacional), la exención del IVA a honorarios de directorios de empresas u otro tipo de exenciones tributarias injustas.
Es por estas razones que todos los bloques opositores (excepto la izquierda) decidieron acompañarla, porque justamente era una propuesta responsable desde lo técnico y lo económico. A pesar de la información precisa y de los criterios de eficiencia del gasto que aportamos en la discusión, el Presidente manifestó la idea de vetar la ley, en caso de que esta sea aprobada por el Senado.
Manifiesta que devolverles el 0,4% del PIB a los jubilados hará quebrar el Estado, circunstancia que de ser cierta implicaría una enorme debilidad de su plan económico. Sin embargo, no propone recortar gastos y exenciones tributarias innecesarias, que son beneficios y privilegios que él tanto pregona que quiere eliminar.
Lograr el objetivo de déficit cero, el cual compartimos, no puede ser a costa de la pérdida de calidad de vida de los jubilados argentinos. Luego de haber abordado esta urgencia, el próximo paso que abordaremos en materia previsional será el de revisar uno por uno todos los regímenes de jubilaciones de privilegio y sistemas especiales que existen, ya que no queremos relatos sino hechos que respalden el mandato constitucional de ser todos iguales ante la ley.
* Diputada nacional (UCR); presidenta de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados de la Nación
https://www.lavoz.com.ar/opinion/que-la-reduccion-del-gasto-no-sea-a-costa-de-los-jubilados/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/que-la-reduccion-del-gasto-no-sea-a-costa-de-los-jubilados/