Vecinos de Villa Belgrano apelarán la caída del amparo ambiental
Vecinos de Villa Belgrano apelarán la resolución de la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, que rechazó un amparo ambiental contra la Municipalidad de Córdoba por el que se pide que se detengan los desarrollos inmobiliarios en ese barrio del noroeste de la ciudad.
La abogada Marcela Fernández, representante legal del centro vecinal, dijo que el fallo “constituye un peligroso precedente que podría desalentar a otros vecinos a ejercer su derecho constitucional a defender un ambiente sano y equilibrado”.
Fernández criticó la resolución porque posee una “interpretación errónea del derecho ambiental”, señalando que lo reduce a un conflicto entre privados, ignorando el carácter colectivo de la defensa del medioambiente. “El fallo implica un desconocimiento absoluto del derecho ambiental, tratándolo como si fueran cuestiones meramente individuales”, afirmó la letrada, a lo que agregó: “Defender el derecho colectivo no puede ser minimizado a un simple conflicto vecinal”.
La abogada subrayó que la jurisprudencia ambiental en Córdoba es escasa y que el fallo es regresivo, contrariando principios establecidos en el Acuerdo de Escazú, que prohíbe la regresividad en los derechos ambientales. Según Fernández, la decisión de la cámara “demuestra una falta de comprensión de la naturaleza de los derechos colectivos y de la importancia de la planificación ambiental estratégica”.
Fernández también cuestionó el proceso de debate en el Concejo Deliberante, destacando que se excluyó la participación efectiva de los vecinos en la planificación municipal y que las decisiones se toman sin una adecuada evaluación ambiental. “Hay muchas irregularidades en el procedimiento, y se ha ignorado la participación ciudadana, violando la Carta Orgánica de la ciudad y las ordenanzas de planificación participativa”, comentó.
Finalmente, Fernández confirmó que la apelación será presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y resaltó que el recurso es necesario para proteger los derechos colectivos de los vecinos y evitar el deterioro del patrimonio natural, cultural e histórico de Villa Belgrano.
El fallo
En el amparo presentado en septiembre del año pasado, el centro vecinal de Villa Belgrano solicitaba que se suspendieran nuevas autorizaciones para viviendas colectivas, condominios y grandes superficies, y que se revocaran las ya otorgadas porque consideraban que no cumplían con la normativa ambiental y urbanística vigente.
Este miércoles, la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación desestimó el amparo ambiental.
Según el fallo, la demanda no demuestra una afectación directa e inmediata sobre el patrimonio natural, cultural e histórico del barrio, y se considera que los reclamos tienen un carácter meramente patrimonial. Además, se subraya la falta de evidencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en las autorizaciones concedidas por la Municipalidad de Córdoba a proyectos inmobiliarios en la zona.
Según los jueces, no surge “siquiera a priori de la demanda ni su documental la ostensible o manifiesta lesión o amenaza invocada, es decir, un daño al patrimonio natural, cultural e histórico del barrio” y no se acredita arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de las autorizaciones concedidas por la Municipalidad “o la existencia de un obrar fuera del marco jurídico por parte del ente público”.
La cámara también señala que la acción de amparo es inadecuada para resolver conflictos económicos y patrimoniales entre vecinos y empresas constructoras: “No corresponde admitir la acción de amparo ambiental traída ante este tribunal con el propósito de dirimir las cuestiones económicas patrimoniales existentes entre algunos de los vecinos (…) y algunas de las empresas constructoras que operan en dicha zona”.
Asimismo, se resalta que la demanda refleja una discrepancia con las políticas públicas municipales, las cuales no son competencia del Poder Judicial a menos que se demuestre arbitrariedad.
El fallo menciona que la Municipalidad de Córdoba está en proceso de modificar la normativa urbanística del barrio, y se aconseja asegurar la participación de los vecinos en este proceso. No obstante, se aclara que estas decisiones son de carácter político y no justiciables, a menos que se demuestre una ilegalidad.
Sobre este punto, hay que recordar que, ese mismo miércoles en que se conoció el fallo de la cámara, la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante despachó la nueva ordenanza para el barrio, que será aprobada el próximo jueves.
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