La Voz del Interior @lavozcomar: Avanza un proyecto para limitar el robo de cobre en Córdoba

Avanza un proyecto para limitar el robo de cobre en Córdoba

Las comisiones de Legislación General y de Seguridad de la Legislatura de Córdoba sesionaron este miércoles de manera conjunta en un nuevo debate y exposiciones acerca de un proyecto de ley que establece la regulación de materiales no ferrosos, con el objeto de evitar el robo de cobre y cables en la vía pública, como en domicilios particulares.

Esta iniciativa -que fue presentada en conjunto por la legisladora oficialista Nadia Fernández y por el libertario Agustín Spaccesi- fue nuevamente debatida en esta comisión, aunque en esta instancia se recibió en la Legislatura a invitados vinculados con el proyecto.

En esta oportunidad estuvieron en las comisiones el padre Mariano Oberlín ante la situación de preocupación de personas que busca concretar el robo de metales no ferrosos para la reventa; además de Gustavo Arraigada, integrante del área de Asuntos Institucionales de Telecom, una de las empresas más afectadas por los cortes en el cableado por hechos delictivos.

El proyecto presentado por los legisladores apunta a regular las actividades relacionadas con materiales no ferrosos y establecer un registro de tareas vinculadas con su comercialización.

Para su regulación, los legisladores propusieron crear este registro que dependerá del Ministerio de Seguridad. De esta forma, quienes realicen la venta de estos elementos o se dediquen a la fundición y fabricación, además del depósito y chatarrería deberán asentar la actividad junto con la información de la trazabilidad de los materiales comercializados.

En este caso, el texto especifica como metales no ferrosos al cobre, estaño, plomo, níquel, cobalto, cromo, molibdeno, titanio, niobio, tungsteno, cerio, aleaciones de aluminio-cobre, aluminio-manganeso, aluminio-silicio, aluminio-magnesio-silicio, aluminio-zinc, bronces al estaño, bronces al plomo, bronces al aluminio, bronces al silicio, bronces al berilio, latón blando, duro y semiduro, antimonio, entre otros.

Sobre este tema, Fernández explicó que -si bien el proyecto se originó desde la propuesta de dos legisladores-, “habiendo un consenso, la idea será legislar sobre esta cuestión con todas las fuerzas políticas”.

“Estamos convencidos que estamos de acuerdo que hay que hacer algo. Estamos trabajando en comisión sobre una propuesta de despacho única”, expresó la vicepresidenta de la Legislatura.

A su turno, Arraigada expresó en representación del área de Asuntos Institucionales de Telecom, la preocupación por el tema y el interés porque Córdoba cuente con una reglamentación.

“Celebramos que, después de tantos años de gestión, se concrete un proyecto de ley que regularice la comercialización y creemos que el punto del tema son los metales no ferrosos. Somos uno de los damnificados por el cobre, pero las empresas de gas, de energía también tienen la misma problemática. Coincidimos y nosotros hemos participado en distintos proyectos, tratando de encontrar un límite para esas situaciones que uno ve diariamente en la calle”, expresó Arraigada.

El padre Oberlín aportó su mirada al describir que quienes cometen estos robos son personas en situación de extrema vulnerabilidad, muchas veces empujadas por sus condiciones de adictos.

“No solamente se están afectados los usuarios que quedan sin servicios de electricidad o líneas telefónicas, sino que quienes cometen este tipo de delitos generalmente son jóvenes en extrema vulnerabilidad que sufren algunas adicciones, y es necesario terminar con la ruta de cobre porque hay algunos que se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad y les compran a los chicos estos materiales que se pagan a muy bajo precio”, expresó el sacerdote, uno de los principales referentes del trabajo comunitario en el este de la ciudad de Córdoba.

“Hablo de los jóvenes que, en muchos casos, son los que cometen el delito y a la vez son víctimas de aquellos que les compran los cables y que hacen su negocio”, agregó Oberlín, quien pidió puntualmente que la normativa contemple que los fondos de las multas sean destinados para la formación de estas familias. “Necesitan trabajo, contención y acompañamiento afectivo”, insistió.

En esta reunión, que estuvo encabezada por la legisladora Fernández, presidenta de la Comisión de Seguridad; por la legisladora María Victoria Busso, de Legislación General, se acordó continuar con el avance del proyecto en comisión para sumar otras voces alcanzadas por esta problemática.

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