Gravísimos cargos contra dos policías que seguirán presos por un operativo callejero
Dos efectivos de la Policía de Córdoba se encuentran detenidos desde enero pasado luego de haber protagonizado un violento control callejero contra personas en barrio SEP de la Capital provincial. En ese operativo, un joven terminó con golpes en la cabeza y una mujer recibió varios impactos con postas de goma de disparos con escopeta. Los uniformados detenidos y lo seguirán estando.
Es que, en las últimas horas, el fiscal de instrucción Iván Rodríguez dictó las prisiones preventivas.
Los acusados son la oficial ayudante Oriana Milena Lucena (23) y el sargento Ángel Sebastián Toledo Ramírez (43), quien están imputados por los presuntos delitos de: lesiones graves calificadas agravadas, vejaciones, detención ilegal y falsedad ideológica.
No se descarta que, conforme avance la investigación puedan agravarse aún más los cargos y puedan producirse nuevas detenciones.
Para el fiscal, lo sucedido configura un caso de violencia institucional.
En paralelo, ambos uniformados obviamente siguen en situación pasiva por disposición del Órgano de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad, según indicaron fuentes oficiales.
Violento accionar
El grave episodio se remonta al 23 de diciembre pasado en barrio SEP, zona sur de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a la causa, una patrulla policial identificable en la que iban los uniformados Lucena (jefa de coche) y Toledo decidió controlar a un joven que iba caminando junto con una chica. No está claro por qué fueron al control de la pareja.
El muchacho había recuperado la libertad el día anterior, luego de haber estado preso algunos meses por un supuesto robo de un celular.
Una versión es que uno de los policías ya lo había detenido en la primera oportunidad y decidió controlarlo al verlo en libertad otra vez.
Así las cosas, la pareja fue demorada en plena vía pública. El muchacho de 18 años comenzó a ser palpado de armas. No se le encontró nada anómalo.
Según voceros del caso, su novia salió corriendo –asustada– y fue a contarle lo sucedido a su suegra.
Cuando la madre del muchacho llegó, vio que su hijo estaba por ser subido al patrullero.
Fue entonces que las situaciones entraron en una espiral de violencia.
Hubo gritos, insultos y empujones. Y en esas circunstancias, comenzaron a haber golpes y tironeos.
Uno de los uniformados sacó la escopeta reglamentaria calibre 12/70 y efectuó al menos dos disparos con cartuchos anti- tumulto (AT) que cuentan con perdigones de goma. Uno de los uniformados habría dado órdenes expresas de disparar.
El joven resultó con golpes y su madre terminó con lesiones en manos y piernas por las postas de goma
Todo fue filmado con un celular
Parte de la escena fue captada por una persona que había sacado su celular. En esos registros se observa parte del violento accionar. No es la escena completa.
Ese video se viralizó a los pocos días.
Al lugar llegaron otras patrullas para controlar la situación. Hubo más insultos y corridas.
“Fue un accionar extremadamente violento. Nada justificaba lo que hicieron esos policías. Fueron a controlar a un joven que no había hecho nada ni tenía nada raro ni extraño. Aun así, quisieron detenerlo. Lo trataron como a un criminal y no había hecho absolutamente nada”, expresó, en su momento, el abogado Carlos Nayi, quien representa como querellante al joven y a su madre.
Tras la denuncia formulada por Nayi, la causa recayó en la fiscalía de Iván Rodríguez. Esta dependencia judicial, por directiva de la Fiscalía General de la Provincia, aglutina todas las causas de violencia institucional y demás delitos protagonizados por policías.
“Hace falta tener policías con energía y respaldo para estos tiempos complejos, pero esto no habilita a hacer cualquier cosa. Lo que hicieron esos policías fue otra cosa… No había razón para actuar de esa manera. Golpear al muchacho contra el patrullero y dispararle a su madre con una escopeta”, se quejó el letrado.
En enero, plena feria, los policías fueron detenidos e imputados por lesiones graves calificadas agravadas por la calidad funcional y por el uso de arma de fuego, vejaciones, detención ilegal y falsedad ideológica.
Nunca se conoció la versión policial sobre lo sucedido.
Prisión preventiva para los policías
Al fundamentar la prisión preventiva, el fiscal sostuvo que se tuvo en cuenta la particular gravedad que revisten los hechos investigados. “Se trata de lesiones provocadas mediante la utilización ilegal del arma reglamentaria, así como el comportamiento posterior de los imputados para evitar la investigación judicial y procurar su impunidad”, se remarcó.
“Se efectuó un análisis interseccional de la situación de la víctima, en tanto que, por su especial situación de vulnerabilidad, cualquier actividad intimidatoria o de manipulación de recursos institucionales que el imputado o la imputada pudieran desplegar se proyectaría de modo particularmente intenso y perjudicial para ella”, expresó el funcionario, en una resolución emitida por el Ministerio Público Fiscal.
“Esa situación impone la necesidad de garantizar de modo absoluto no sólo su integridad y seguridad durante el proceso, sino también el regular desarrollo de la investigación. La atención de este tipo de casos resulta esencial para modificar prácticas estatales autoritarias y violentas, y refleja, además, el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en el ámbito internacional, en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, sentenció el funcionario.
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