Cuáles son los más de 100 organismos públicos «en riesgo» y qué plan tiene Milei
La delegación para que el presidente Javier Milei pueda extender sus facultades sobre organismos clave de la Administración Nacional configuró uno de los puntos más debatidos en la previa y en el mismo debate de la Ley Bases, al punto que fue aprobada con menos adhesiones que la norma en general: 135 votos afirmativos, 116 negativos y 2 abstenciones.
Se trata del artículo 3 del dictamen de mayoría de la Ley Bases llevado al recinto de la Cámara de Diputados, que habilita la transformación y/o reestructuración en diversos órdenes de organismos desconcentrados y descentralizados dispuestos en la Ley 24.156. Incluso, si el Senado lo aprueba en unas semanas también se podrán disolver parcial o totalmente una parte de estos.
Esto surge de la lectura del inciso b) de ese artículo, que dice que el Poder Ejecutivo estará facultado para la «reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (…)».
De los casi 100 organismos que están abarcados por la medida, solo 14 fueron exceptuados explícitamente de ser disueltos (aunque no de pasar por un proceso de reestructuración casi total): estos son el CONICET, la ANLIS, la ANMAT, el INPI, el INCAA, el ENACOM, la ARN, la CONAE, la CNEA, la CONEAU, la CNV, el INCUCAI, la UIF y el INTA.
De este listado quedaron afuera un número importante de organismos que tienen incidencia en distintos rubros: por decir algunos, pueden ser disueltos el
Instituto Nacional del Teatro (INT), la Biblioteca Nacional Doctor Mariano Moreno y el Servicio Nacional de Sanidad y Control Agroalimentario (SENASA), entre otros.
Ley Bases: qué pasa con los más de 100 organismos del Estado
La Administración Pública Nacional (APN) tiene 40 organismos desconcentrados y 74 organismos descentralizados. Entre estos se puede contar a la Policía Federal, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Procuración del Tesoro y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal.
Ni el oficialismo ni la oposición pidieron incluirlos de manera explícita dentro de las excepciones porque son organismos indisolubles y esenciales. Es decir, ni siquiera se los discute.
«Los 14 organismos que están mencionados fueron pedidos por algunos diputados. Pero que estén no significa que los fuéramos a disolver, porque en ciertos casos no se puede por ley y tampoco es interés del gobierno hacerlo», explicaron a El Cronista fuentes oficiales. Fuentes legislativas de la UCR comentaron que pujaron por esa inclusión porque consideraban «que estaban en riesgo».
En lugar de la eliminación de los organismos, algo que configura un proceso más engorroso, el objetivo de la administración libertaria es reducir la estructura del Estado a través de la supresión de las estructuras internas de varias de estas.
El CONICET es uno de los organismos que no pueden disolverse, pero sí puede sufrir reestructuraciones.
«Como pasó con el INADI, la idea no es disolver funciones necesariamente, sino estructuras que no aportan a llevar adelante dichas funciones», exponen desde el Gobierno. El presidente Milei ordenó su cierre, pero en los hechos se trató de un vaciamiento de sus funciones y de parte de su votación, porque el organismo no puede ser disuelto sin una ley que lo avale. Incluso, todavía conserva una titular designada: María de los Ángeles Quiroga.
En la Jefatura de Gabinete también se pone como ejemplo los despidos que se anunciaron en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar. «Claramente se usaba para política territorial y nadie del sector lo extrañó ni le aportaba nada», marcaron.
¿Cuáles están en la mira del Gobierno? Por el momento persiste un gran hermetismo en quienes deben decidir estas cuestiones. Quien estará a cargo de este proceso es el subsecretario de Transformación del Estado Jorge Harán, que está bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Nicolás Posse.
Una parte del bloque de Hacemos Coalición Federal pidió que se agreguen a las excepciones el Instituto Nacional del Teatro, el SENASA y el Fondo Nacional de las Artes. En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) propuso la exclusión de organismos dedicados a la ciencia, tecnología, a la cultura, a la salud y la educación.
«Pedimos su retiro porque no habla del futuro sino del pasado, porque el Gobierno ya anunció despidos 70.000 despidos, llevó adelante unos 15.000 y con esa palabra disolver podría dejar a miles de trabajadores en la calle; porque esto se liga con las modificaciones de la Ley de Empleo Público [que se aprobó con posterioridad a esta declaración]», agregó la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Myriam Bregman.
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