Una empresa de seguridad privada admitió haber pagado coimas a organismos públicos
el país.
La empresa de seguridad privada Securitas admitió ante la Justicia haber realizado pagos de coimas millonarias a representantes de diversos organismos, entre ellos Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).
Estos pagos, según alegó la empresa, se llevaron a cabo para evitar la pérdida de contratos y para asegurar el cobro de servicios pendientes. Como resultado de esta revelación, nueve personas han sido detenidas.
Además, se ha revelado que la empresa efectuó pagos para agilizar trámites de tenencia de armas para sus vigiladores y para ser alertada sobre posibles inspecciones, según lo indica el expediente manejado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y el fiscal federal Fernando Domínguez.
Informes recientes de La Nación detallan que se han realizado más de 50 allanamientos en relación con este caso, y que los nueve sospechosos detenidos son todos exdirectivos de Securitas Argentina SA.
La investigación se inició a raíz de denuncias presentadas por representantes internos de la empresa, quienes afirmaron que un grupo de exdirectivos habían abusado de la estructura corporativa y su posición en el mercado para obtener beneficios personales y para las empresas que representaban.
Entre los organismos públicos y empresas involucradas en los procedimientos realizados por la Gendarmería Nacional, por orden judicial, se encuentran el Ministerio del Interior (Renaper); Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (Senasa); Secretaría de Transporte de la Nación (AA2000); Secretaría de Obras Públicas de la Nación (AySA) y el Ministerio de Seguridad (Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval, Agencia Nacional de Materiales Controlados).
Se agregan el Ministerio de Defensa (Contaduría General del Ejército); Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada y Registro Provincial de Armas); Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Entre Ríos (Sección Agencias de Vigilancia Privada de la Policía de Entre Ríos); Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos (Enersa); Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina (Petrolera del Cono Sur – Pdvsa).
Los delitos investigados incluyen defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta, presuntamente cometidos entre 2012 y 2018, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.
Los detenidos, identificados como Jorge Christian Faria, Luis Vecchi, Alejandro Castex, Gabriel Di Cesare, Marcelo Tortul, Claudio Tortul, Alberto Alesci, Julio Terrado y Carlos Rinaudo, ocupaban cargos gerenciales en la empresa al momento de los hechos investigados. (Perfil)
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