Jueza nombra a supervisora especial para prisión federal de mujeres de California tras abusos
OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — Una jueza nombró el viernes a una supervisora especial para una conflictiva prisión federal de mujeres en California, conocida por los abusos sexuales generalizados contra reclusas. Es la primera vez que la Oficina de Prisiones es sometida a este tipo de supervisión.
Una investigación realizada por The Associated Press en 2021, en la que se descubrió una cultura de abusos y encubrimiento en la Institución Correccional Federal de Dublin, provocó un mayor escrutinio por parte del Congreso y de la Oficina de Prisiones. La prisión de baja seguridad y su campo satélite adyacente de mínima seguridad, situado a unos 34 kilómetros (21 millas) al este de Oakland, tienen más de 600 reclusas.
La jueza federal de distrito Yvonne Gonzalez Rogers nombró como supervisora especial a Wendy Still —una veterana funcionaria de prisiones y libertad condicional con amplia experiencia en la coordinación del cumplimiento de la Ley para la Eliminación de las Violaciones en las Prisiones, del fuero federal—. La jueza también nombró a varios miembros del personal para ayudarla. Al nombrar a Still, la jueza dijo que ella y su equipo “tendrán pleno acceso al centro penitenciario de Dublin, a todos sus registros y a todas sus instalaciones físicas”.
“El director tomará todas las medidas necesarias para garantizar dicho acceso”, ordenó Rogers.
El mes pasado, cuando ordenó la intervención de la supervisora especial, Rogers afirmó que la prisión era “un caos disfuncional”. Añadió que la Oficina de Prisiones ha “procedido con lentitud, haciendo caso omiso intencionadamente de los derechos constitucionales de las reclusas, a pesar de estar plenamente informada de la situación desde hace años. La repetida designación de dirigentes de la Oficina de Prisiones que no comprenden ni abordan la situación resulta poco creíble”.
El nombramiento de una supervisora especial forma parte de una demanda federal interpuesta en agosto por ocho reclusas y por el grupo de defensa California Coalition for Women Prisoners. Alegan que los abusos sexuales y la explotación no han cesado a pesar del procesamiento del exalcaide y de varios exfuncionarios del centro penitenciario.
“Esta decisión sin precedentes sobre la necesidad de supervisión demuestra que las valientes personas encarceladas, la comunidad y los abogados dedicados pueden desafiar colectivamente la impunidad del gobierno federal y la Oficina de Prisiones”, dijo Emily Shapiro, miembro de California Coalition for Women Prisoners, en una declaración el mes pasado.
La Oficina de Prisiones declinó hacer comentarios sobre el nombramiento de la supervisora especial.
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