Colombia: exmilitares recibirían sanción sin cárcel tras confesar sobre fosas de víctimas
BOGOTÁ (AP) — Ocho exmilitares colombianos son candidatos a recibir sanciones que no impliquen la cárcel pese a haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, luego de confesar y entregar la ubicación de 25 fosas y una bóveda que albergan a víctimas de falsos positivos, como se conoce al asesinato de civiles a manos de militares que los hacían pasar como guerrilleros muertos en combate.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal que juzga los hechos del conflicto interno colombiano, aseguró el viernes a la prensa que los ocho exmilitares reconocieron su responsabilidad en los crímenes y aportaron información detallada y completa, por lo que sus casos fueron remitidos ante la instancia que los sentenciará con una sanción que no conduce a la cárcel pero con la condición de que reparen a las víctimas mediante proyectos y acciones que dignifiquen la memoria de sus familiares.
El tribunal creado tras el histórico acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún no ha emitido ninguna sentencia en miles de casos que investiga por crímenes como secuestros cometidos por la guerrilla, reclutamiento de menores, falsos positivos y violencia en varias regiones del país.
Los exmilitares propusieron reparar a las víctimas con proyectos para mejorar vías terciarias e implementar una iniciativa de galpones de gallinas en caso de que el Tribunal de Paz los avale como sanción.
El magistrado Alejandro Ramelli explicó que lo revelado por los exmilitares nunca se había investigado en la justicia ordinaria ni existían documentos militares porque fueron quemados para evitar dejar rastro de los crímenes. La JEP, agregó, revisó lo dicho por los exmilitares y lo contrastó con los hallazgos forenses en el cementerio de Dabeiba, un pequeño pueblo al noroeste del país, en donde se han recuperado 46 cuerpos.
En el cementerio fueron encontrados cadáveres en bolsas negras, algunos con distintivos de unidades militares o de la policía, con signos de muerte violenta como amarres en manos y pies, mordazas y vendas.
La JEP ha concluido que las víctimas de falsos positivos encontradas tenían al menos tres perfiles: civiles, en algunos casos niños y adolescentes, que fueron seleccionados y luego asesinados bajo la falsa presunción de formar parte de las guerrillas o de servir como sus informantes; miembros de la guerrilla que ya habían dejado las armas o habían sido capturados por las tropas y personas vulnerables, como consumidores de drogas o desempleados, que fueron engañados con la promesa de un trabajo y resultaron abatidos y vestidos con uniformes que simulaban ser de guerrilleros.
El tribunal calcula que la cifra de víctimas de falsos positivos en Colombia asciende a 6.402, la mayoría asesinados entre 2002 y 2008.
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