La necesidad de gestionar con transparencia
Entre 2019 y 2023, Argentina bajó cinco puntos en el índice de percepción de la corrupción (IPC) mundial. Además, retrocedió cuatro posiciones en el ranking 2024, que realiza Transparencia Internacional.
La nota obtenida por el país fue de 37 puntos sobre 100 posibles. El dato sintetiza algo que es mucho más que una percepción y muestra que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad para todos los niveles del Estado.
Las herramientas para hacerlo están al alcance: la primera es la prevención, considerada la columna vertebral de la lucha contra la corrupción. Reducir las oportunidades y los incentivos para las acciones corruptas se apoya en principios de buena gestión relativos a eficacia, transparencia, imparcialidad y responsabilidad, entre otros.
En segundo lugar, están las medidas de detección, que ayudan a identificar cuándo se infringen reglas y regulaciones.
Por último, las sanciones –penales, administrativas, políticas– contra quienes infringen la ley completan el ciclo de la rendición de cuentas.
Como nunca, la encrucijada en la que se encuentra el país requiere una responsabilidad mayúscula para prevenir, detectar y, cuando algo no anda bien, actuar en consecuencia.
Un ejemplo reciente y cercano: ante la polémica generada en la ciudad de Córdoba por la contratación directa para la adquisición de uniformes para la Guardia Urbana Municipal por $ 100 millones, el intendente Daniel Passerini ordenó cancelar la compra a la empresa Yche SA, dispuso que se hiciera una licitación y pidió la renuncia al subsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria, Walter Luján.
El revuelo fue causado por la denuncia pública de la concejala opositora Elisa Caffaratti, quien advirtió que no se había producido una licitación, mientras que Martín Juez, edil del Frente Cívico, mostró en sus redes sociales una derruida fachada, domicilio de la cuestionada empresa.
De allí la importancia de que los gobiernos –municipal, provincial, nacional– hagan de la transparencia una cruzada irrenunciable. La ciudadanía tiene derecho a estar informada de todo lo que sucede en una gestión, en especial sobre cómo se manejan los recursos que la gente aporta a través de sus impuestos, tasas, etcétera.
Y por más que en algunos casos las normas permitan las contrataciones directas, existen mecanismos de control que pueden ser más efectivos con otros mecanismos de compra, como una licitación.
Hacer cumplir la ley permite utilizar los recursos públicos con mayor eficacia y evitar irregularidades. Reforzar los mecanismos de control es clave para prevenir. El acceso a la información pública es clave para detectar. Y actuar cuando hay algo sospechoso es indispensable para reforzar la importancia de un Estado responsable y dispuesto a dar marcha atrás cuando se equivoca.
La sociedad argentina vive un desafío como pocas veces ha conocido el país. Nadie sabe aún todo lo que conllevará esta particular etapa. Pero sí está claro que cada quien, desde el lugar que ocupa, deberá extremar el manejo responsable de los recursos y transparentar todo lo relacionado con su administración.
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