Bajo fuerte presión de Córdoba por fondos, se aprobó en general la “ley ómnibus”
En la tercera jornada de un debate caliente y plagado de cruces, la Cámara de Diputados aprobó en general la “ley ómnibus”, pero el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se metió de lleno en las negociaciones y redobló la presión por fondos para la provincia vía transferencias de Nación a la caja previsional, bajo amenaza de juntar apoyos para coparticipar el impuesto PAIS.
El proyecto del presidente Javier Milei recibió 144 votos a favor, de La Libertad Avanza, el PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias; y 109 votos en contra de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el Partido Socialista y la cordobesa Natalia De la Sota.
Una vez aprobada la iniciativa, se aprobó pasar un cuarto intermedio hasta el martes para comenzar la discusión del articulado, que representa la puja más fuerte entre el Gobierno y la oposición “dialoguista”.
La discusión avanza en medio de renovadas presiones de la Casa Rosada. “Es hora de que los representantes del pueblo decidan si están del lado de la libertad de los argentinos o del lado de los privilegios de la casta y la república corporativa”, fue el mensaje de Javier Milei a través de la cuenta de la Oficina del Presidente.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, volvió al Congreso para retomar las negociaciones, que este viernes se endurecieron más que nunca. Los cinco diputados de Llaryora (Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota) y el titular del PRO local, Oscar Agost Carreño (todos integrantes del bloque Hacemos Coalición Federal, presidido por Miguel Pichetto) le llevaron al Gobierno un mensaje contundente.
Los cordobeses exigieron regularizar los giros de Nación a las cajas previsionales no transferidas de Córdoba y otras 12 provincias, o de lo contrario amenazaron con juntar los votos para coparticipar el 30% de lo recaudado por el impuesto PAIS, una medida a la que el Gobierno, por el momento, se resiste.
Además, avisaron que si no se contempla ningún pedido, no acompañarán las facultades delegadas en materia económica y financiera (tampoco la fiscal, pero esa será eliminada). Con esos eventuales rechazos, una de las herramientas medulares para la gestión de Milei está en peligro.
Mucho por resolver
La “ley ómnibus” se aprobó en general sin los numerosos artículos que conformaban el paquete fiscal, a excepción del 179 y 180. Allí se aclara que el impuesto PAIS, que grava las operaciones de compra de moneda extranjera para el pago de compras al exterior, tiene vigencia hasta el 22 de diciembre de este año.
Al tercer día de asumir, Milei aumentó de 7,5% a 17,5% la alícuota del impuesto PAIS. El 30% de ese tributo se destina a financiar obras sociourbanas a través del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP). Los gobernadores le reclaman a Francos que ese porcentaje se destine directamente a la coparticipación, para que lo administren las provincias.
La reimplantación y coparticipación del impuesto en la “ley ómnibus” fue el tema excluyente de las frenéticas reuniones en las oficinas del presidente de la Cámara baja, Martín Menem. El tema incluso trabó avances sobre otros aspectos importantes del proyecto, como las privatizaciones, donde la contrapropuesta del Gobierno no termina de conformar del todo a la UCR.
El Gobierno aceptó bajar de 36 a 27 la cantidad de empresas a privatizar (se quitaron del listado, entre otras, todas las compañías que están radicadas en Córdoba), pero siguen figurando dentro de anexos, lo que impide el voto por separado. “El enlatado no deja de ser un problema”, dijeron en la UCR.
El proceso deberá pasar por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. El Gobierno ofreció que se remita a esa comisión un informe previo “integral” sobre aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos de cada empresa a privatizar. Pero ese informe estaría a cargo de la Jefatura de Gabinete y la SIGEN (Sindicatura General de la Nación), y en el radicalismo advierten que, para garantizar la imparcialidad, debería estar en manos de la AGN (Auditoría General de la Nación).
El radicalismo también propone aplicar para las privatizaciones un mecanismo de “transparencia y gobierno abierto” similar al que se fijó con el régimen de contrataciones de la Administración Nacional regulado por decreto en 2016. Las negociaciones prometen extenderse hasta el martes, cuando se retome el cuarto intermedio.
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