Alemania, Reino Unido, Noruega y Canadá preocupados por ley que abre la mano a deforestación en Perú
LIMA (AP) — Alemania, Reino Unido, Noruega —socios de Perú en un acuerdo de cooperación para reducir emisiones de gases de efecto invernadero por la deforestación y degradación forestal— mostraron el viernes su preocupación por una polémica modificación de la ley forestal peruana cuestionada por abrir la puerta a la deforestación.
En una declaración conjunta publicada en las redes sociales de sus embajadas locales, Alemania, Reino Unido, Noruega junto a Canadá —que es observador del acuerdo de cooperación— indicaron que también les preocupan “los potenciales impactos para el cumplimiento de los objetivos asumidos por el Perú”.
La modificación a la ley forestal, publicada hace una semana en la gaceta oficial El Peruano, “en la práctica legaliza toda la deforestación ilegal que se ha venido produciendo en el Perú en los últimos años”, indicó a The Associated Press Julia Urrunaga, directora del programa Perú de la Environmental Investigation Agency, un grupo ambientalista que investiga delitos ambientales con sede en Washington.
El cambio legal señala que un propietario que compró un terreno deforestado —muchas veces superpuesto sobre tierras indígenas— no tiene por qué responder por esa deforestación. “Ya no son necesarios los estudios de rectificación de suelos, ni las autorizaciones de cambio de uso de la tierra para que te puedan dar la autorización de operar”, dijo Urrunaga.
Un estudio de 2022 de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) sobre tierras indígenas de la Amazonía peruana indicó que “la ampliación agroindustrial de plantaciones de palma aceitera, cacao y arroz generan bolsones de deforestación de cientos de hectáreas. Gran parte de estas nuevas áreas se inician con la invasión de terrenos. Luego de instalar cultivos, se formaliza la propiedad. Esto viene generando graves conflictos sociales con poblaciones ribereñas e indígenas”.
En Perú, la mayor causa de deforestación es la quema de bosques biodiversos para expansión de diversos cultivos donde se termina sembrando palma aceitera, sobre todo, por grupos agrícolas. Otras tierras se usan para el sembrado de soja y de hoja de coca, que es el insumo clave para la fabricación de cocaína. Las tierras amazónicas también se deforestan para poder extraer oro de forma ilegal debajo de la superficie, como en la región peruana de Madre de Dios.
Desde 2001 a 2022 se han deforestado 2,9 millones de hectáreas, que representan el 4% de los bosques húmedos amazónicos y sólo en el año 2022 se han perdido 145.833 hectáreas, según datos del Ministerio del Ambiente.
La modificación legal fue observada por el gobierno, pero se aprobó por insistencia sin la consulta obligatoria previa a pueblos indígenas y sin la discusión de dos reconsideraciones de algunos legisladores. El presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y el vicepresidente del legislativo, Waldemar Cerrón, firmaron y enviaron la norma de forma sorpresiva para su publicación. Está vigente desde el 10 de enero.
Alemania, Reino Unido, Noruega y Canadá añadieron en su declaración que también les preocupan “las implicaciones para la implementación de las declaraciones» de Belém do Pará (Brasil) y de Pucallpa (Perú), y «los compromisos internacionales más amplios del Perú para proteger la biósfera única de la Amazonía”. Las declaraciones mencionadas, firmadas por Perú en 2023, muestran interés en la conservación de los bosques y la reducción de la deforestación.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, dijo el miércoles que tendrán “una decisión equilibrada, que va a utilizar también los mecanismos constitucionales para poner en debate” las modificaciones a la ley forestal. La presidenta Dina Boluarte no ha emitido ninguna opinión luego del cambio legal.
El intento para modificar la ley forestal de Perú tiene más de dos años y se aprobó en el Parlamento con la justificación de que beneficiaría a los pequeños agricultores supuestamente perjudicados con las nuevas normas de la Unión Europea, que exigen que las empresas que comercien con café, madera, aceite de palma, cacao, ganado, goma y soja tendrán que verificar que los productos que venden en la UE no han provocado deforestación y degradación de bosques en ningún lugar del mundo desde 2021.
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