Importaciones «a la chilena»: del SEDI a una demanda por los cambios en el Código Aduanero
El nuevo Sistema Estadístico de Importaciones (SEDI) que vino a reemplazar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) comenzó a funcionar casi en simultáneo con los cambios que promueve el DNU 70/2023, que introdujo modificaciones sustanciales en el comercio internacional, particularmente al retocar el Código Aduanero.
Aunque la «liberalización» de las importaciones fue una de las promesas de campaña del espacio que llevó al gobierno a Javier Milei, que se alinean con el perfil que le dieron al comercio exterior funcionarios de la gestión de Mauricio Macri, que hoy ocupan cargos centrales, parte del sector privado asegura que «la apertura a la chilena» se quedó corta y un sector se puso en alerta frente a la falta de protección.
El plan económico en marcha omitió puntos clave de su plataforma electoral como la eliminación de retenciones a las exportaciones que se amplió, en promedio a 15% y de 30 a 33% para los subproductos de la soja.
Además, a diferencia del modelo chileno que cuenta con un arancel consolidado del 6%, lo que lo posiciona como una de las economías más abiertas de la región, y se toma como ejemplo, el impuesto a las importaciones
se incrementó de 7 a 17,5%.
Además de prohibir la limitación o fijación de cupos «por motivos económicos» en las operaciones de exportación e importación, algo que cayó bien en el sector porque se espera una reducción de la «discrecionalidad», el DNU también eliminó los registros para estas actividades y flexibilizó la figura del despachante de aduana, una de las decisiones que generó
más polémica.
En respuesta a esta medida que tomó por sorpresa a los auxiliares del comercio internacional, la Comisión Directiva del Centro de Despachantes de Aduana (CDA) decidió presentar un recurso legal con el objetivo de defender sus intereses. La entidad informó que recurrirá a la justicia, «luego de un análisis exhaustivo y considerando los potenciales impactos en nuestra actividad profesional» que pasó a ser «opcional».
Otro de las definiciones que se encamina a la judicialización, según confirmó El Cronista, es la derogación de la Ley N° 25.626, que prohíbe la importación de neumáticos usados o recauchutados y establecía límites a la importación de neumáticos remoldeados.
En cuanto al SEDI que, dio de baja al SIRA, en general existe optimismo y expectativa de agilización a partir de un sistema que promete un control estadístico y el fin de la «arbitrariedad» que empañó el funcionamiento anterior atado a la escasez de reservas que caracterizó el 2023.
«Esperamos que este nuevo instrumento facilite la operatoria de las pymes importadoras de insumos», dijo Alfredo González, titula de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y confió en que «a partir de su pronta implementación las pymes podrían disponer mejor del personal que hasta ahora estaba abocado a un complejo proceso de aprobación, como era SIRA».
A sólo horas de su puesta en marcha, la recepción es positiva en el ecosistema importador que logró la «oficialización» de solicitudes en la plataforma, sin embargo, aseguran que en las próximas 72 horas se podrá hacer un análisis efectivo sobre el funcionamiento, una vez que SEDI apruebe los distintos controles.
Aunque se eliminaron las licencias (automáticas y no automáticas) la herramienta continúa triangulando datos con otros organismos, lo que conlleva un plazo de autorización que puede demorar hasta 30 días. Y, recién a partir de que la mercadería arribe al país, se autorizará el giro de divisas en hasta 4 cuotas.
De hecho, uno de los puntos que más se le cuestiono a SIRA, la utilizando el Sistema CEF (Capacidad Económica Financiera) con datos de AFIP, continúa en pie. Ahora, la normativa aclara que se fijarán nuevos lineamientos, teniendo como objetivo principal la «claridad» y la «transparencia para los usuarios».
Aunque el Ministro de Economía, Luis Caputo destacó que las PyMES «van a tener previsibilidad en sus operaciones, ahorrando tiempo y costos, ya que van a tener certeza a la hora de importar», la industria se mantiene expectante por los riesgos que implica aplicar el modelo chileno.
«El Gobierno debe considerar la implementación de medidas antidumping al abrir las importaciones, con el fin de preservar un mercado justo y evitar que productos terminados ingresen a precios distorsionados», expresó Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) y advirtió que «si no se toman estas medidas, la industria nacional enfrentará una competencia desleal que podría resultar en el cierre de numerosas fábricas y, en consecuencia, un aumento del desempleo».
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