Centro de aprehensión: consultar a los vecinos
El proyecto oficial para la construcción del Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas, en la ciudad de Córdoba, viene en silenciosa gestación desde abril de este año. El entonces gobernador Juan Schiaretti puso en ese momento en vigor el trámite licitatorio para adjudicar la obra.
Sólo se conocía del tema en círculos políticos y judiciales, en el marco de una modificación a las funciones de las fiscalías y de las unidades judiciales de la ciudad de Córdoba. De la obra en cuestión, se supo que se trataría de un edificio para centralizar el ingreso de detenidos en flagrancia; esto es, aprehendidos en el momento preciso de perpetrar un delito.
Como ya habíamos dado cuenta en un informe que publicamos el pasado 2 de abril, la propuesta del Ministerio Público Fiscal se focaliza en otorgar celeridad y eficacia a la persecución penal, en virtud de un nuevo diseño del sistema de trabajo de las fiscalías, de las unidades judiciales y de las dependencias de la Policía Judicial de la Capital.
Pero avanzados los meses, y ya con el cambio de gobierno en la provincia, detonó un inconveniente que no habría sido mensurado en los prolegómenos del proyecto: el lugar elegido para edificar el citado centro de detención para casos de flagrancia.
Ocurre que el futuro centro de aprehensión se construye al lado del hospital provincial Materno Neonatal, a la altura de avenida Cardeñosa al 2.900, en barrio La France. Enterados de qué se trata, los vecinos pusieron el grito en el cielo y se autoconvocaron para reclamar la paralización de la obra. Se suman a la negativa residentes de los barrios Alto Verde, Las Magnolias, Poeta Lugones y Centenario.
Consideran que el centro de aprehendidos en flagrancia es una “verdadera cárcel” y que repercutirá de manera negativa en aspectos cruciales de la zona, como la tranquilidad cotidiana en ese conglomerado al que califican como residencial. También hacen foco en que se profundizará la inseguridad y hasta alertan sobre una brusca caída del valor monetario de viviendas y terrenos.
Los testimonios coinciden en que ese predio podrían tener un destino menos controversial. Por ejemplo, para construir una escuela o un centro deportivo.
Lo concreto y poco admisible en un sistema donde deben prevalecer el diálogo y los consensos estriba en que la gente de esas barriadas se enteró del proceso una vez que el obrador estaba en marcha.
Si bien desde la órbita Judicial niegan que se trate de un penal que alojará a personas procesadas o condenadas, lo cierto es que, ajustados a la percepción de los pobladores (aunque relativizada por el Ministerio Público Fiscal), a nadie le gustaría vivir a la vuelta de un presidio.
Los vecinos han tomado la decisión de enviar una carta al gobernador Martín Llaryora para que cese la obra. Merecen ser consultados, un derecho que fue omitido en el momento indicado.
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