Bullrich presentó un protocolo anti-piquetes: “Las calles no se toman”, advirtió
“Sin orden no hay libertad, y sin libertad no hay progreso”, advirtió Patricia Bullrich al presentar este jueves por la tarde el “Protocolo de Orden Público”. El plan de la ministra de Seguridad contempla la intervención de las cuatro fuerzas federales más el servicio penitenciario para evitar “cortes, piquetes o bloqueos que sean parciales o totales”.
El anuncio se produjo a dos días del plan de ajuste presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo. Movimientos piqueteros y fuerzas políticas de izquierda convocaron para el próximo 20 de diciembre a manifestaciones en protesta contra las primeras medidas económicas dictadas por el gobierno del presidente Javier Milei.
“Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, había adelantado por la mañana el vocero presidencial Manuel Adorni, en línea con la postura dura refrendada más tarde por Bullrich.
Bullrich presentó un protocolo anti-piquetes
“La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple, nosotros la vamos a cumplir. Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes”, afirmó la ministra, y explicó que el protocolo contempla gestiones para identificar a los “autores” de los cortes, pero también a los “cómplices e instigadores”.
La presentación de Bullrich se hizo poco después de que el referente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, ratificara la realización de una jornada de protesta para el próximo miércoles 20, que incluirá movilizaciones en todo el país. Ese día suelen recordarse las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que determinaron la caída del gobierno del radical Fernando de la Rúa.
“No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No es porque hay una vía alternativa, se permite que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación”, precisó Bullrich sobre el protocolo.
“¿Realmente alguien cree que 50 mil personas van a poder movilizarse por las veredas?”, se preguntó Belliboni sobre el plan para evitar cortes callejeros.
“El anuncio está hecho, las calles no se toman”, fue otra consigna dejada por Bullrich.
El miércoles, el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, consideró que es inevitable que haya movilizaciones y protestas en respuesta a las medidas impulsadas por el gobierno de La Libertad Avanza.
“¿En serio piensan que la gente no va a protestar? Aunque compren, encierren, persigan, demonicen, exilien o maten a todos los dirigentes, la gente no se va a dejar carnear”, dijo el abogado y dirigente social.
“Que quede claro, el que era clase media media, lo acaban de tirar a la pobreza con un click y de mala leche creando la ilusión de que no había otro camino posible”, sostuvo Grabois.
“Los conflictos no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios”, dijo el trabajador de PAMI y Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
La CGT, por ahora, emitió un comunicado crítico al plan Caputo, se declaró “en alerta” y anunció que “día a día” evaluará al gobierno. Por ahora no anunció ninguna medida de fuerza.
PROTOCOLO DE ORDEN PÚBLICO: QUÉ DIJO PATRICIA BULLRICH
“El Estado no paga”
El protocolo contempla, además, que “todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables”.
“El Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad, tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos se tendrán que hacer cargo del costo de los operativos”, explicó Bullrich.
“Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada en proporción a la resistencia”, detalló la ministra.
Dijo que la vigilancia se extenderá a las estaciones de trenes.
“Se le va a dar aviso al juez competente en caso de daño ambiental. Algo que sucede de manera permanente es la quema de cubiertas que genera una situación muy dañina al ambiente y a las personas que están alrededor”, explicó.
“En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, informó Bullrich.
El abogado y doctor en Derecho, Andrés Gil Domínguez, publicó en la red social X su opinión sobre el protocolo. Recordó que “existe un derecho fundamental y humano a la protesta pacífica” y que “la protesta violenta no es un derecho y está castigada por el código penal”.
Gil Domínguez apuntó que “la regulación del derecho a la protesta pacífica debe realizarse exclusivamente por una ley sancionada por el Congreso”.
También observó que “la protesta puede manifestarse de muy diversas formas como cortes de ruta, cacerolazos, vigilias” y que “la limitación del derecho a la protesta pacífica deber ser razonable y proporcional. En ningún caso puede derivar en la prohibición de su ejercicio”.
“El Estado tiene el deber de no criminalizar a los líderes y participantes de las protestas pacíficas”, dijo Gil Domínguez para quien “ninguna regulación del derecho a la protesta pacífica será efectiva sino es el resultado de una política pública consensuada entre las distintas fuerzas políticas con representación legislativa”.
Elisa Carrió
A propósito del protocolo de “mano dura” que impulsa Bullrich, en junio pasado Elisa Carrió, distanciada de Cambiemos, dijo de sus ex socios: “Mauricio Macri se ha corrido a un espacio más cercano a Milei”, y pronosticó “un ajuste muy brutal sobre las clases medias; pero muy brutal y en cuatro meses”, en el hipotético caso de que Bullrich llegara la presidencia.
“La protesta social que esto generaría -apuntó Carrió- sería repelida a sangre y fuego, buscando un “orden, pero no un orden que proviene de la Justicia, de la República o de la represión respetando los derechos humanos, sino en la noción de un orden en el que hay que reprimir hasta matar si es necesario”, sentenció.
Por esta “represión indiscriminada para construir el orden”, el futuro gobierno de Patricia Bullrich terminaría “en un juzgamiento por delitos de lesa humanidad cometido por el Estado, donde van a ser juzgados ministros y presidente, y en los que van a ser condenados policías, que son los que tiran”.
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