Máximo Kirchner pedirá mañana ser querellante en la causa por el espionaje ilegal
el país.
Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, líder de La Cámpora y diputado electo, se presentará mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 para pedir ser querellante en la causa abierta por el espionaje ilegal a jueces y fiscales.
La investigación sobre los contenidos del teléfono de Ariel Zanchetta, un expolicía que trabajaba como espía inorgánico, determinó que sus objetivos no fueron solo los magistrados sino también dirigentes políticos, sindicales y periodísticos.
Entre los «blancos» a los que investigó Zanchetta, estaba el nombre de Máximo Kirchner.
La aparición de Máximo Kirchner sigue el criterio que adoptaron otros funcionarios del Gobierno tras el primer impacto mediático por los diálogos de Zanchetta con Néstor Fabián «Conu» Rodríguez, funcionario de AFIP vinculado a La Cámpora, y la mención de los chats con otro hombre fuerte para el kirchnerismo, Rodolfo Tailhade, que quedaron plasmados en otro informe elaborado por la oficina de escuchas de la Corte Suprema y que también forma parte de la causa.
Quiénes eran los otros «objetivos» a los que el ex policía Zanchetta debía espiar
Tailhade, el ministro del Interior Eduardo «Wado» de Pedro y el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa son solo algunos de los nombres que han pedido ser querellantes en esta investigación, al conocer la existencia de «carpetas» de Zanchetta.
Consultado al respecto, Massa ironizó: «Si alguno hace 6 años se dedica a espiarme se debe haber aburrido mucho porque soy fanático de la política, el fútbol y los asados con amigos, no mucho más que eso».
Del otro lado arco político, también lo han pedido el diputado y candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, y su excandidata a gobernadora, Carolina Píparo.
Máximo Kirchner se sumará ahora a esta lista. Trascendió que se presentaría él mismo, a primera hora, en los tribunales de Retiro.
El dictamen del fiscal Gerardo Pollicita estableció que del análisis parcial realizado sobre los equipos de Zanchetta se pudo identificar que tuvo una lista de «blancos»: hacía informes de inteligencia con un gran nivel de detalle y avance sobre la intimidad de los involucrados que impiden pensar que se tratara de un trabajo periodístico, como buscó justificar el detenido.
Ahí aparecen datos sobre «opiniones políticas, creencias religiosas, acciones privadas, relaciones íntimas, fotografías, orientaciones sexuales, vínculos familiares y de amistad, situación patrimonial en el país y en el exterior, participación en sociedades y en distintas actividades, presunta participación en hechos delictivos o en causas penales».
Todo se enmarca en la megacausa que se abrió para investigar el hackeo a jueces de Comodoro Py y líneas «truchas» de ministros de la Corte. En la primera de las causas se comprobó que el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro fue el responsable de haber buscado por encargo y previo pago datos sobre la identidad de jueces y funcionarios. Luego llevó adelante maniobras con la empresa Movistar para hacerse pasar por ellos y cambiar la tarjeta SIM de sus celulares. Así, ingresaron a las líneas de los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los jueces del tribunal que condenó a Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde donde accedieron a sus correos y aplicaciones.
Al hacker también le adjudican haber ingresado al celular del diputado del Pro y precandidato a gobernador Diego Santilli, y de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Seguridad porteño. De esa intrusión al celular de D’Alessandro surgieron una serie de supuestos chats que sirvieron para denunciar a jueces e impulsar el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Esas dos investigaciones no forman parte de la megacausa.
La segunda parte de esa investigación nació a fines de marzo cuando el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, denunció que habían sacado cuatro líneas de teléfono a su nombre y que se enteró por casualidad cuando le llegó la factura de la empresa Personal, de la que no era cliente. Cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) pidió los primeros informes se encontró que con que en realidad eran cinco abonados adjudicados a Rosatti que se comunicaron con teléfonos a nombre de 28 personas. Entre ellas dos eran funcionarios judiciales: la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata y Carlos Fernando Rosenkrantz. El juez ordenó analizar si también se habían sacado líneas a nombre de los ministros de la Corte Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
De la investigación, surgió que Zanchetta buscó los datos del juez Mariano Borinsky el mismo día en que fue hackeado en la base Sudamericadata, que ahora también está en la mira. Cuando fueron a averiguar más, el expolicía había buscado más de dos mil personas solo en 2022.
Él se justifica diciendo que era periodista. Desde junio está preso. (Infobae)
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