¿Cómo salir de la encrucijada?
Argentina enfrenta hoy una encrucijada compleja y el tiempo para resolverla es demasiado breve.
Después de un gobierno desastroso, a estar a sus resultados, el 63% de la sociedad votó por el cambio y el 37% por la continuidad.
Entre quienes votaron por el cambio, 60% lo hizo por la libertad, la República y el federalismo, reclamando el fin de la inflación y el desorden macroeconómico, en tanto que el 3% restante sostuvo postulados testimoniales de extrema izquierda.
Dicho 60% se conforma de un 30% de La Libertad Avanza (LLA), un 23% de Juntos por el Cambio (JPC) y un 7% de Hacemos por Nuestro País (HNP).
Sin embargo, al balotaje irán solamente el candidato oficialista de Unión por la Patria (UP) y el de LLA.
La diáspora de votos a las propuestas de cambio fue, a pesar suyo, funcional al mantenimiento del statu quo: pobreza e indigencia en aumento, inflación desbocada, terrible distorsión de precios relativos, mercado negro, desabastecimiento, inexistencia de crédito interno y externo, desintegración de sectores y regiones, indefensión e inseguridad frente al crimen organizado y narcotráfico.
Y todo eso en el marco de una corrupción generalizada de la clase dirigente, aunque haya abundantes y valiosas excepciones gracias a las cuales este país todavía está de pie.
Para atemperar esa diáspora y aumentar las chances del candidato de LLA, la fórmula presidencial de JPC y su expresidente se apuraron, dos días después de los comicios, a proclamar su decisión de apoyarlo. Esto provocó una reacción visceral de algunos dirigentes del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica.
Entre sus argumentos, los críticos explican que fueron votados para ser oposición y que deben desentenderse del resultado de la elección presidencial, ya que sus candidatos no van a participar de la segunda vuelta. ¿Es razonable ese argumento? Pienso que no, ya que quienes votamos a una de las tres primeras minorías, casi empatadas en las Paso (LLA, JPC o UP), lo hicimos porque queríamos ganar y no para ser oposición.
Otro argumento de quienes cuestionan el apoyo explícito brindado afirma que los dirigentes no son dueños de los votos recibidos y que la gente votará lo que le parezca en la segunda vuelta. ¡Por supuesto!
Pero se trata de dos roles distintos. El de los electores consiste en votar y estarán solos en el cuarto oscuro cuando tomen su decisión. Los dirigentes, por su parte, tienen la obligación de proveer las condiciones de gobernanza necesarias para que el gobierno compuesto por los representantes del pueblo funcione, respete los derechos y garantías individuales, gestione la cosa pública de manera austera, decente y eficaz, y encamine al país hacia el bien común.
Y si por su omisión de proveer tales condiciones ganara el statu quo, se frustrarían las esperanzas mayoritarias del pueblo.
Ello explica que hagan todo lo posible para evitar que la ciudadanía no encuentre otra respuesta al dilema que la abstención, el voto en blanco o anulado, como algunos dirigentes de JPC le han propuesto, alternativas que claramente no contribuyen a resolver los gravísimos problemas que aquejan a la Nación en la hora actual.
Por supuesto que entre quienes prefieren el cambio a la continuidad, hay también ingenuos que creen en un oficialismo moderado capaz de torcer el rumbo de la coalición gobernante, así como en 2019 votaron al presidente actual esperanzados en su lapicera y aunque se dieron cuenta que no cambió nada, una vez más, esperan que los mismos de siempre hagan algo distinto, como advirtió en su campaña el candidato de LLA.
Ahora bien, es cierto que quien representa el cambio en el balotaje tiene una estructura política en formación y obtuvo una reducida cantidad de diputados y senadores que no le permitirían concretar las ambiciosas reformas que se ha propuesto. Por otro lado, su personalidad a la par de la sorpresiva esperanza que suscita, ha hecho temer a algunos que pueda poner en riesgo, por derecha, los derechos y garantías constitucionales que el candidato oficialista y la fuerza política que representa violaron repetidas veces por izquierda.
Es obvio que LLA no ha reunido un poder político suficiente para “ir por todo”, como sí lo hizo UP en sus ininterrumpidas mutaciones desde 2003 (sin ir más lejos, recordemos cómo nos encerró y desconoció todos nuestros derechos durante la pandemia con la excusa de la salud, y cómo aprovechó para sí mismo el poder del que abusó).
Pero, aun así, consideremos dicho temor atendible. Entonces, ¿qué podría hacer la oposición para asegurarse el triunfo, controlar esos riesgos, lograr una adecuada gobernanza y preservar la Constitución?
La respuesta podemos encontrarla en una idea que Juan Schiaretti expresó durante las negociaciones con JPC previas a las Paso, cuando propuso constituir un “Frente de Frentes” con sus eventuales aliados. Trayendo esa idea a la situación actual, cada espacio conservaría su individualidad, pero acompañaría y se dejaría acompañar por los demás frentes, acordando políticas y reuniendo sus representaciones legislativas para sumar fuerzas en el Congreso.
Esta idea podría ser útil para que los tres frentes que conforman la oposición se reunieran para colaborar entre sí de manera orgánica. Si lograran esos acuerdos, tendrían mayoría en la Cámara de Diputados, quedarían a uno o dos senadores de la mayoría en el Senado, controlarían 11 gobernaciones, cientos de intendencias y dispondrían de una masa crítica suficiente para gobernar.
Le permitiría, además, a JPC concurrir a este “Frente de Frentes” a pesar de lo que cada dirigente piense personalmente del candidato de LLA.
Si dicho acuerdo permitiera ganar la presidencia de la Nación al candidato de LLA. tendría mediante el “Frente de Frentes” las mayorías necesarias para gobernar, pero como no lo controlaría por su condición minoritaria, debería acordar en su seno las leyes y políticas públicas principales antes de someterlas al Congreso de la Nación.
Como resultado de lo cual los acuerdos que permitan avanzar en los cambios que el país necesita no incurrirían en posiciones extremas que pudieran comprometer valores comunes ni poner en riesgo las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional.
Ese gobierno, surgido de las ideas de la libertad, la república y el federalismo, con la fuerza del cambio profundo tan necesario, pero con los límites, la mesura y sensatez requeridas, sería, sin lugar a dudas, lo que soñamos quienes votamos para elegir presidente y vicepresidente de la Nación.
* Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía.
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