El Estado debe protegernos de la inseguridad
En lo que va del año, al menos 10 personas murieron en el marco de asaltos ocurridos en nuestra provincia. El dato surge de un registro propio de este diario. Si bien tenemos 10 casos constatados, podrían ser más. Con todo, es un número altamente significativo que complejiza más aún el angustiante cuadro de inseguridad que se vive.
Porque, además, si invertimos la perspectiva, en el mismo período nos encontramos con la muerte de ocho sospechosos de robo, en la mayoría de los casos a manos de quienes resistieron asaltos.
Por ambas vías, entonces, la inseguridad figura como segunda causa de muerte violenta intencional en Córdoba.
La primera causa, desde hace años, es la violencia urbana. Las peleas y las venganzas que terminan en homicidios ya causaron al menos 46 crímenes. Y los femicidios suman al menos 12.
Todos estos elementos –más el impacto de las modalidades de “robos piraña” y de arrebatos callejeros– están detrás de la creciente demanda social de seguridad. Como es lógico, la sociedad exige un amplio abanico de medidas preventivas: la Policía debería anticiparse a los hechos y evitar que estas cosas sucedan.
Acaso esta afirmación sintetice el imaginario social. Pero eso no es posible en el 100% de los casos. Sin embargo, debieran poderse controlar algunos tópicos que parecen tener gran peso en las tragedias que se desencadenan en ocasión de robo.
Por un lado, el uso de armas de fuego. ¿Cómo llegan a manos de los delincuentes las pistolas calibre 22 y 9 milímetros, las armas con las que más se asesinó en los últimos 10 meses en Córdoba? ¿Hay un “mercado negro” de armas? ¿Qué puede hacer la Policía, en ese caso, para desarticularlo?
Por otro lado, se extiende la sospecha sobre la influencia de la droga en el comportamiento de quienes salen a robar. Por su conducta, por sus reacciones, por la calidad de los objetos robados. Lo afirman víctimas sobrevivientes o testigos, incluso en eventos en los que no hubo que lamentar muertes violentas. Ello nos lleva al narcomenudeo y las denuncias que hacen los vecinos de numerosos barrios capitalinos y de localidades del interior sobre “quioscos” de venta de droga que operan a la vista de todos, sin que las fuerzas de seguridad actúen para impedirlo.
El cruce de ambas cuestiones da por resultado una ecuación preocupante: no son pocos los menores de edad acusados de asesinar a alguien en ocasión de robo con una pistola. ¿Actuaron bajo los efectos de alguna droga, sea por consumo previo, sea por síndrome de abstinencia? ¿Podemos saberlo? Por lo general, no son detenidos en el momento, sino tiempo después. ¿Se hacen, en esos casos, peritajes para descartar o confirmar el consumo de drogas?
Cuando criticamos la mal llamada “justicia por mano propia”, argumentamos que es el Estado el que tiene la potestad exclusiva de reprimir el delito en todas sus formas. Pues también de eso se trata cuando estamos frente a ciudadanos que pierden la vida en un robo. El Estado debe saber protegernos. Es su responsabilidad.
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