La Voz del Interior @lavozcomar: Nuevos tiempos, ¿viejas prácticas?

Nuevos tiempos, ¿viejas prácticas?

A medida que nos vamos acercando al cambio de autoridades provinciales, se multiplican las publicaciones con los nombres de quienes ocuparían las carteras ministeriales y también con las probables modificaciones en la cantidad y las competencias de los ministerios. ¿Esas modificaciones se harán dentro del marco jurídico vigente o seguirá Martín Llaryora con la práctica de actuar por encima de las leyes?

Una modificación de la Orgánica de ministerios debe hacerse por una ley que se discuta en la Legislatura, analizando cuál es la mejor estructura para la consecución del bien común, que es lo que el Estado provincial debe procurar.

Lo que la Constitución marca como atribución del gobernador es: “Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las existentes por proyectos presentados a la Legislatura. Tiene la iniciativa en forma exclusiva para el dictado de las leyes de Presupuesto y de ministerios” (inciso tercero del artículo 144).

A nadie se le ocurre sostener que este inciso faculta a disponer el Presupuesto por un decreto ad referendum de la Legislatura. ¿Por qué se podría entonces modificar la Orgánica por decreto?

Asimismo, el inciso 10 del artículo 144 expresa que “(el gobernador) nombra y remueve por sí solo a los ministros, funcionarios y agentes de la administración cuyo nombramiento no esté acordado a otra autoridad o la facultad haya sido delegada con sujeción a esta Constitución y a las leyes”, no de acuerdo con su criterio del momento, sino con sujeción a las leyes.

Es bueno recordar que la interpretación constitucional se realiza, en primera instancia, por la letra de su texto; así lo tiene resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En este caso, la Constitución de Córdoba, en su artículo 147, utiliza el término “ley”: “El gobernador designa a sus ministros en el número y con la competencia que determine la ley”. No dice decreto, no dice resolución; dice ley, y ello debe ser interpretado en sentido formal, es decir, una norma emanada del Poder Legislativo y, se supone, analizada y discutida a partir del proyecto iniciado por el gobernador.

No objeto la eventual necesidad de reformar la estructura, pero sí observo que debe responder a un proyecto que esté fundamentado en un diagnóstico serio de la realidad provincial y en un plan de gobierno con metas claras, presentado y aprobado por el Poder Legislativo antes de que se ponga en ejecución.

Más de una vez expresé en el recinto la preocupación por el poco apego que el gobernador Juan Schiaretti tiene a la Constitución y por la pasividad con que gran parte del cuerpo legislativo aceptaba esa vulneración, aprobando sin ninguna objeción los decretos de modificación (y varios otros también).

Tres veces modificó en este último mandato la estructura del Estado provincial. Nunca pudimos saber cuáles eran las razones que justificaban esas reorganizaciones. Y eso que pedimos en qué datos, informes o planes se sustentaban, porque no es intrascendente la organización de un gobierno; no es un rompecabezas de cubos que se arma según el niño que está jugando.

Reorganizar cada año la estructura de ministerios indica, cuanto menos, una falta de políticas. No digo a largo plazo ni siquiera a mediano; y, en el peor de los casos, alimenta la sospecha de que lo único que se busca es no dejar a nadie sin conchabo. Y eso a costa del erario, porque toda reorganización tiene un costo administrativo que no es menor, que es evitable y que se debería evitar cuando los fondos no alcanzan para, por ejemplo, actualizar lo que se paga por el Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas. O pagar en tiempo lo que se adeuda del plan Salas Cuna desde abril…

Nos preocupaba el incumplimiento de la Constitución. Nos preocupa la sospecha de que la nueva gestión renueve muchas cosas, pero no así el apego a las normas jurídicas que sustentan “el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa”.

¡Ojalá nuestra preocupación se equivoque!

* Legisladora provincial por Encuentro Vecinal Córdoba, en uso de licencia

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