Victoria Villarruel: Schiaretti puede tener una actitud de colaboración con Milei
La candidata a vicepresidenta de la Nación por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, pasó por Córdoba en busca de “darle federalismo” al discurso de Javier Milei. En una extensa entrevista con Voz y voto, la diputada nacional adelantó que el recorte que plantean debe ser pagado “por la clase política”.
Además, Villarruel asegura que van a “hablar” con los gobernadores para coordinar la reestructuración del Estado nacional, teniendo en cuenta que la realidad de cada provincia es “distinta”. Y cree que Juan Schiaretti “puede tener una actitud de colaboración” con un hipotético gobierno de Milei.
Y además, defendió la idea de reivindicar a las víctimas de la guerrilla, criticó a Raúl Alfonsín y pide una “verdad completa”.
–¿Cómo ven a Córdoba desde La Libertad Avanza? La provincia no está muy presente en la campaña de La Libertad Avanza, no hay alusiones a cómo va a ser esa relación, en el caso de que sean gobierno.
–He veraneado desde chica en Córdoba, en la Falda, es una provincia que quiero y me trae muchos recuerdos. Sacando la anécdota, en La Libertad Avanza, por una cuestión medio natural ya que es un frente joven que ha cumplido recién dos años, nos hemos delimitado ciertas tareas propias. Mi discurso siempre ha sido muy federal. Si bien somos una pareja en la que los dos somos porteños, es importante hablar de la realidad de las provincias. Por eso, en mi labor como diputada he ido a diferentes provincias con su problemáticas. Córdoba es una provincia muy importante, no solo para el país sino también para nuestra fórmula. Acá hicimos un muy buen resultado. Es importante venir. Tiene una industria láctea, biocombustibles, industria ganadera… Es una provincia que para nosotros es fundamental en el país que se viene. Un país en el que hay que reordenar la economía, controlar la inflación, disminuir impuestos, disminuir regulaciones. Tenemos que lograr que finalmente la economía se estabilice para poder salir de esta situación crítica en la que estamos. Eso es fundamental como primer shock de medidas. Luego también, y paralelamente, hay que garantizar el orden y la seguridad. No te pueden matar por un celular, no podés vivir atrincherado en tu casa porque cuando cae el sol tenés que encerrarte detrás de las rejas. En un país en el que el que delinque no responde por los delitos cometidos. Todas estas medidas deben ser implementadas casi en la primera generación. Luego, hay otras que se van a ir desarrollando cuando pase el tiempo.
–Milei tiene un discurso fuerte de reforma del Estado, de achique del gasto. Y eso preocupa a gobernadores como el de Córdoba. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el financiamiento que tienen más de 10 provincias para pagar sus jubilaciones? ¿Ustedes creen que eso hay que redisctutirlo? ¿Piensan bajar esos aportes?
–Nosotros vamos a hablar con las provincias. Porque, una de las cuestiones que se nos achacan es que no vamos a tener gobernadores. El hecho de que vaya a ser presidenta del Senado, en el caso de que los argentinos nos elijan, me lleva a hablar cara a cara con los representantes de las provincias. Con los 72 senadores. Para nosotros es fundamental tener una relación, un trato con cada una. Cada provincia tiene una realidad muy diferente. No es la misma situación de Córdoba que de provincias del norte o del sur. El otro día estuvimos en Santiago del Estero, en el debate, y además recorrí Tucumán y Catamara… y es muy doloroso que nos digan que se sienten parte de Bolivia.
–Al tema del déficit de la Caja de Jubilaciones, que está judicializado en el caso de Córdoba, ¿cómo imagina encararlo en un contexto de achique del gasto?
–Hay que reducir el gasto público y eso implica achicar una estructura estatal que está totalmente dilatada y que no redunda en eficiencia. Parte de este tipo de cuestiones van a salir de que se reduzca el tamaño del Estado.
–¿Es decir que van a rediscutir los fondos que se les destinan a las provincias?
–Vamos a tener parte de la discusión, de hecho la coparticipación también es una temática que hay que hablar.
–¿Cuál es la idea sobre la coparticipación? ¿Rediscutirla? La Constitución obliga a una ley que no está.
–Tengo una posición profundamente humanística en el sentido de que tenemos provincias en las cuales el pueblo argentino está sufriendo, no tiene tantos recursos. Soy de la idea de que siempre hay que tenderle la mano al que está sufriendo porque es un compatriota. Lo que no significa que se vayan a tolerar feudos, o que se tolere que la salud, la educación y la seguridad, que son federales y por ende, en primera instancia responsabilidad de las provincias, tengan fondos no se utilicen para esas cuestiones. Pero también tenemos limitaciones como gobierno nacional respecto de qué es lo podemos hacer o no. Por ejemplo, hay leyes a las que los estados provinciales deben adherir, porque si no lo hacen, nosotros podemos hablar, explicar, pero hay una autonomía provincial que tenemos que respetar. Entendiendo esto. De nuestra parte siempre va a estar la predisposición para gobernar teniendo presente que Argentina es un país; que Argentina no es Buenos Aires… Y se los dice una porteña, y eso vale mucho. No somos dos personas (con Milei) que tengan una visión centralizada o unitaria de la política.
–Unitario fue como lo calificó Martín Llaryora a Milei. A su discurso.
–No, bueno… No es así. De hecho, Javier estuvo en Salta., yo vengo a Córdoba. De alguna manera estamos tratando… entendiendo también que es un frente muy reciente y no tenemos el fondeo del Estado para recorrer el país entero como el resto de los candidatos. No tenemos una estructura que nos sostenga con los impuestos de los ciudadanos. Nosotros lo bancamos de nuestro bolsillo y con nuestros militantes y amigos. Estamos tratando de darle federalismo a nuestro discurso.
–Sobre los subsidios que recibe, por ejemplo, el servicio de transporte, Schiaretti y Llaryora platean que es muy inequitativo ya que más del 80% queda en el Amba. ¿Consideran que hay que cambiar esa ecuación, o su postura es reducir los subsidios?
–En lo económico, Javier siempre habló de reducir. Pero, no podés tomar todas las medidas al mismo tiempo. Nosotros, en todo momento, de lo que estamos hablando es que el costo de estas medidas de reducción las pague la clase política. El ciudadano está poniendo el hombro de todas las maneras posibles, y no podés seguir restringiendo y que eso siga cayendo sobre los ciudadanos. Que es lo que hace el Estado y es lo que han propuesto las otras dos coaliciones que nos han llevado hasta esta situación. Tiene que haber una reducción del tamaño del gasto y, por supuesto, hay que frenar la emisión monetaria. Todo eso tiene que caer sobre la clase política, que es la que tiene que dar el ejemplo. Le estás pidiendo al pueblo que se restrinja en todo, que se prive. Lo habrá visto al jubilado que comía un bife por semana… en el país de la carne.
–Decía que la salud, la seguridad y la educación son federales. ¿Cómo puede impactar el recorte a nivel nacional en las provincias? ¿En la Universidad, por ejemplo?
–Las universidades son públicas. Nosotros vamos a respetar la educación pública.
–Córdoba tiene un polo muy grande a nivel universitario. Y genera, además, un gran movimiento económico.
–Lo sabemos. Pero, por ejemplo, en la última sesión en el Congreso, se votó la creación de tres o cuatro universidades…
–Una, la de Río Tercero.
–Sí, esa fue en la sesión anterior. Tenemos que, en las universidades, hay un fondeo del Estado que no necesariamente está atendiendo a la educación. Estos fondos que utilizan las universidades se han usado luego para hacer una telenovela o para investigaciones de tipo sociológico.
–¿Hubiera querido que no se crearán estas universidades, como la de Río Tercero?
–Nosotros votamos en contra porque estamos en un momento…
–¿No deberían tomarse esas decisiones hoy?
–Lo que hay que hacer es garantizar que un chico que va al nivel primario y al secundario pueda terminar el colegio. Difícilmente vamos a hablar de universidades si un chico no puede tener comprensión de textos. Hoy egresan del secundario adolescentes que no pueden entender un texto, que no pueden hacer operaciones matemáticas simples. Es muy grave la situación. En Argentina hay un sector de los políticos que se llenan la boca hablando de la educación universitaria gratuita, y no podés garantizar en las pruebas Pisa un resultado al menos digno. La discusión, que es netamente ideológica, implica que Argentina sea el país que fue en el nivel educativo, que sea el faro de Latinoamérica, pero no cree universidades para la demagogia.
–¿Estaría de acuerdo con arancelar las universidades?
–No es una discusión que hemos hablado internamente aún. Sí consideramos, y esto también es piola que lo hablemos, que nos demos el debate como sociedad de analizar si podemos sostener la educación pública gratuita de, por ejemplo, estudiantes extranjeros, cuando nosotros no tenemos esa reciprocidad en esos países.
–¿Más eficiencia y foco en el gasto?
–Claro, porque por ejemplo viene un estudiante de Brasil. No elige derecho porque lo tiene que ejercer acá, pero elige medicina. Y medicina es una carrera sumamente cara.
–De todas maneras, es mínimo el porcentaje de extranjeros. El 4% de los estudiantes.
–Sí, pero a eso lo sostenemos nosotros, y no tenemos reciprocidad en Brasil para estudiar una carrera gratis. Lo mismo pasa con otros extranjeros. Tiene que haber una eficiencia en los recursos. Parte de la creación de nuevas universidades tiene que ver con este interés de determinados sectores de tener cajas. Las universidades las tienen, y esos fondos luego pueden ser redistribuidos en caso de no ser gastados. Así estamos favoreciendo investigaciones, libros y qué se yo… que no le importan a nadie.
–La postura, entonces, sería revisar ese sistema.
–Hay que auditar el Estado.
Senado
Si llega a ser vicepresidenta, el ámbito de Villarruel, según adelantó, será el de la seguridad. En Córdoba, el gobernador electo Martín Llaryora plantea que modificaciones legales que permitan que el Ejército se involucre en el combate contra el narcotráfico.
–¿Cuál es su mirada? En caso de ser presidenta del Senado, ¿le ve chances?
–Lo hemos expresado públicamente: no estamos a favor de que las Fuerzas Armadas estén en el combate contra el narcotráfico porque contradice su función y la normativa vigente. La normativa en Defensa Nacional habla de un “enemigo externo”, no habla de las Fuerzas Armadas participando dentro del territorio. Pueden dar apoyo, pueden hacer tareas muy delimitadas desde lo legal, pero no pueden estar en combate ni pueden repeler el delito. La función de las Fuerzas Armadas no es ser una “mega policía”. Dicho esto, el narcotráfico es un delito federal y eso lo abarcan las fuerzas federales, que son Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria. Son ellas las que tiene que dar el combate contra el narcotráfico y otros delitos, como el crimen organizado. Nuestro objetivo, primero es darle la relevancia a las cuatro fuerzas federales, y para eso hay que analizar qué pasó en el ministerio de Seguridad.. Auditarlo. Porque ha habido una tarea de ideologización sumamente concentrada en los últimos 20 años. Y luego, dotarlos de equipamiento, de adiestramiento, y principalmente de respaldo.
–¿A qué se refiere con ideologizados?
–A que se ha bajado una línea, muy clara desde el Estado, de demonizar al uniformado. ¿Qué significa? Que le estás pidiendo a un agente, sea un gendarme o un prefecto, que dé la vida por los ciudadanos para protegerlos o para proteger sus bienes, y que después, cuando esa persona actuó legítimamente durante la comisión de un delito en flagrancia, el Estado le retira la alfombra y lo deja suspendido. El agente del Estado debe pagarse su propio abogado y se le retira el arma… Queda en un proceso en el que, judicialmente, luego se demuestra que esa persona era inocente en el mejor de los casos. Tiene que haber una bajada de línea de respaldo al uniformado. ¿Eso significa que tolerar cualquier tipo de comportamiento, o algo ilegítimo? No. Pero hay que encontrar una armonía que hoy no la tenemos.
–¿Y si un gobernador pide que a las fuerzas federales? ¿Ve posible que la Gendarmería trabaje junto a la policía contra el narcotráfico?
–Las fuerzas federales están únicamente para el combate de delitos de tipo federal. Tienen una jurisdicción muy limitada legalmente por la ley de Seguridad Interior. Dicho esto, la primera barrera del delito es la policía de la provincia. Por lo cual, también hay que hacer responsables a los distintos gobernadores cuando no pueden brindar seguridad ante delitos comunes. Esa es su obligación y para eso los vota el ciudadano. Lo que tenemos que aprender como sociedad es exigirle a la autoridad debida. Es una realidad que la Nación no puede ingresar en el combate de delitos comunes. Solo puede ingresar en delitos federales o cuando la envergadura de la situación amerita.
–Pero hubo casos donde la Gendarmería ha subido a hacer controles en colectivos urbanos de la ciudad.
–Eso existe, pero no es una tarea para la que Gendarmería esté designada por ley.
–¿Se debería desactivar eso?
–Nuestra intención es que cada fuerza federal recupere también lo que fue el espíritu de la ley por la que fue creada. La Gendarmería debería estar custodiando las fronteras… Fronteras por las que ingresa el narco, el crimen organizado, la trata de personas, la compra-venta de mercadería ilegal. Hay que darle envergadura, adiestramiento, equipamiento, respaldo no solamente a la Gendarmería, o a las Prefecturas en los ríos, sino también a la Policía Federal que es propiamente la fuerza policial de las cuatro. Por supuesto, el respaldo a los gobernadores va a estar. Pero a lo que voy es a entender la situación con las limitaciones que tiene la Nación para ingresar en una provincia.
–¿Qué opina sobre que se involucren servicios de seguridad privada, junto a las públicas, en el combate al delito? ¿Y sobre la creación de policías municipales?
–Respecto de la seguridad privada, es fundamental una unificación, una coordinación de las legislaciones. Cada provincia tiene una legislación distinta; incluso algunas no tienen legislación propia. Hay que trabajar intensamente para lograr, al menos, un acuerdo sobre esta temática. Doy un ejemplo: si una empresa de seguridad de la provincia de Buenos Aires necesita ingresar a Córdoba, tiene determinadas reglamentaciones que, en algunos casos, le impiden ingreso de su personal. Hay que adecuar eso. Por supuesto, tiene que haber un adiestramiento y una coordinación entre las fuerzas provinciales y la seguridad privada. Y sobre la policía municipal… es agregar un nuevo orden más a las distintas policías; o sea, un nuevo anillo con el que coordinar. Hay que hacer mucho en el ámbito de la seguridad. Como dije, desde hace 20 años hay una bajada de línea en la que la seguridad es, poco meno que asociada a la represión más feroz. Y no es así. El ciudadano quiere vivir tranquilo, que sus bienes estén protegidos y quiere desarrollar su proyecto de vida sin que lo maten por dos mangos. No solamente a nivel Nación, sino con los gobernadores, que son los que primero responden ante la ciudadanía.
Guerrilla, dictadura y democracia
Villarruel lucha por el reconocimiento a las víctimas del terrorismo, y Milei incluso llama “guerra” lo sucedido durante la dictadura. Es más, la candidata a vice ha llamado “relato alfonsinista” a los sucedido durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se realizó el juicio a las juntas militares.
–Durante el gobierno de Alfonsín se juzgó a los jefes militares y también a los jefes de las guerrillas, tanto de Montoneros como el ERP? ¿Por qué dice “relato”? ¿Cuál es el objetivo de plantear eso en campaña y de hablar de una “guerra”?
–Primero, quiero hacer una salvedad: la mayor cantidad de atentados en la década del ‘70 fue durante gobiernos constitucionales. No había dictadura alguna ni ningún gobierno de facto. Había gobiernos elegidos por el pueblo y allí se asesinó, se secuestró, se atacaron unidades militares, se pusieron bombas… Esto es muy importante porque sino partimos de una afirmación que no es la correcta. Respecto a Alfonsín, les pregunto: ¿se televisó el juicio a los terroristas? No. ¿Se tomó testimonio a las víctimas del terrorismo y conocimos sus testimonios tal como sí conocimos con las víctimas de abuso del Estado? Tampoco. ¿Se creó una comisión de la verdad? No. La Conadep no trabajó sobre los crímenes del terrorismo. Trabajó sobre los crímenes cometidos desde el Estado.
–Hablemos de Alfonsín: él sí tuvo la actitud de juzgar, tanto a la cúpula militar como a los terroristas.
–En 1983, crea la Conadep. En ese momento, hubiera correspondido que creara una comisión de la verdad que investigara los crímenes del terrorismo. Eso no pasó.
–La Justicia los investigó.
–La Justicia lo que hizo en algunos casos fue, tanto en los gobiernos de facto como en la democracia a partir de 1983, sentar y dictar fallos. Juzgó a siete, y a dos en ausencia que luego fueron capturados. Por supuesto, ellos no terminaron sus condenas. A partir del ‘83 incluso aquellas personas que habían integrado una organización armada y que estaban legalmente condenadas fueron amnistiados de hecho. El tratamiento ha sido sumamente desigual. Luego, en el gobierno de Menem se dictan las leyes de reparación…
–Y los indultos.
–Y los indultos… Pero las leyes de reparación tampoco incluyeron a las víctimas.
–Más allá de esa discusión, que es válida, hay otra y es hacia adelante. Si usted llega al cargo de vicepresidenta, ¿qué significaría en términos prácticos reivindicar a las víctimas de la guerrilla? ¿En qué medidas piensa?
–Hasta el día de hoy, las políticas de la década del ‘80 y ‘90 al Estado argentino le producen un gran gasto, un gran esfuerzo a la ciudadanía para solventar eso. Hasta el día de hoy se siguen otorgando inde
nizaciones, por ejemplo, a personas que se exiliaron en Europa y que no vivieron en Argentina en aquellos años. Que vivían en Francia.
–¿Eso lo revisaría? ¿O lo que extendería a víctimas de la guerrilla?
–Lo que hay que hacer es auditar en qué gastó la Secretaría de Derechos Humanos, a qué se destinó el dinero de los argentinos. Luego de 40 años, hay cuatro cifras estatales respecto al número de desaparecidos. Cuatro cifras que son distintas. Hay subsidios a ONG de derechos humanos, hay juicios de lesa humanidad que se repiten uno tras de otro. Y para los próximos 20 años se proyectan más juicios. Y sin embargo, no vemos que este tema deje de estar en la faz pública y en el presente.
–¿Hay que discutirlo en la campaña?
–En realidad yo no lo hubiera planteado. Yo no presenté un proyecto de ley para reparar a las víctimas del terrorismo, más allá de que es uno de los derechos humanos reconocidos en todo el mundo para las víctimas de estos atentados.
–Es una demanda atendible plantear que las víctimas de la guerrilla no fueron reivindicadas. El problema aparece cuando se cruza con intentar resquebrajar el consenso que hay de condena a la dictadura.
–Es que no hay consenso.. Lo que creo es que hay consenso respecto de que no se puede interrumpir el orden constitucional. Y por supuesto, el Estado no puede abusar de los derechos humanos. Pero no hay consenso respecto de cómo se ha reparado esto, porque claramente no tendió a la pacificación de nuestro país.
–¿No cree que podemos ir a una reivindicación o dar un lugar en la memoria que, considera, merecen las víctimas de la guerrilla sin pelarnos por la dictadura y lo que se logró en relación a condenar el terrorismo de Estado? ¿No pueden convivir esas dos cuestiones? Sobre todo por las dificultades que nos esperan.
–Por supuesto. Pero pregunto: cuándo se hace pasar como víctima de abusos del Estado a una persona que fue asesinada por la misma organización Montoneros, cuando le estamos indemnizando a un tipo que murió mientras armaba una bomba que iba a asesinar a inocentes, o cuando hemos indemnizados a terroristas que han atacado, en democracia, a una unidad militar, como pasó el 5 de octubre de 1975…
–Hay víctimas y victimarios.
–Una persona que muere en combate atacando un regimiento no es una víctima. Entendamos eso. Porque si no es una víctima el delincuente cuando es repelido. Y es una persona que ejerce su voluntad y que decide atacar, y decide no cumplir con la ley.
–Es decir que usted se pronuncia porque le preguntan, pero no es una posición que, más allá de llevar adelante una auditoría, tendría en su agenda inmediata.
–En mi agenda siempre está la defensa de la verdad y la justicia. Y eso implica que se diga toda la verdad. En Argentina hubo organizaciones armadas que atacaron a la población, tanto en gobiernos democráticos como de facto, y cometieron crímenes aberrantes que, hasta el presente, están impunes. Dicho esto, considero que es difícil que miremos al futuro y al presente si hay una historia que es contada en forma amputada. Ningún país progresa ni logra superar el dolor si hay un dolor que está habilitado y otro que está oculto. Siempre, con la ley y la igualdad ante la ley, quien cometió un crimen grave debe responder. Porque si no le estamos dando permiso a quien, por razones políticas, decide calzarse un rifle y salir a matar inocentes en orden a una revolución que nadie le pidió.
–Como conclusión, deja claro que el consenso es que nunca más la interrupción de un proceso democrático. Y que los libertarios comparten eso.
–El consenso debe ser no la interrupción con gobiernos de facto, pero tampoco el terrorismo. Y acá se justificó el terrorismo.
–Pero ese consenso es compartido.
–No, no hay ese consenso compartido porque en las políticas de Estado…
–El proceso democrático es uno de los consensos que hemos logrado como sociedad. Entre los pocos consensos que hemos logrado en estos 40 años, uno es nunca más una dictadura militar.
–Es que no sé en qué momento alguien pensó que yo justificaba eso siendo abogada.
–No, eso está claro y se comparte. Después se verá en relación a la relectura de lo que ocurrió.
–No estoy tan de acuerdo. No es “después vemos…” Cuando vemos lo que está pasando en Israel, donde Hamas asesinó a civiles que estaban en una rave, y entró a casas, y secuestró, mató y violó mujeres, queda claro que el terrorismo en el mundo es algo sumamente grave y que no hay que minimizarlo. Es el único país en el que se minimiza es Argentina, donde tenemos terroristas hasta en puestos de gobierno.
–No le puse un plazo lejano.
–Es que ya pasaron 40 años, es una deuda de la democracia.
–Vuelvo al tema del consenso general: el acuerdo está, la democracia se mantiene y cualquier interrupción va a ser condenada.
–El acuerdo tiene que estar en respetar la ley. Y acá hay un sector que no la respetó y está impune. Debe responder en eso.
–¿Entonces, coincidimos en que hay consenso en que la interrupción democrática es un problema ya solucionado en Argentina, que nunca más?
–No sé. Yo tengo claro que quiero que la igualdad de la ley esté para todos. Si alguien considera que un gobierno de facto está bien, que responda esa persona sobre eso. Lo que quiero es que las víctimas del terrorismo tengan justicia.
La calle después del 10 de diciembre
–Si ganaran, a partir del 10 de diciembre, ¿esperan una Argentina convulsionada, dividida, con grieta? ¿Hasta dónde perciben que podría llegar la convulsión social?
–Hablo de la conflictividad social porque el mismo kirchnerismo ha dicho que va a haber muertos y sangre. Están dinamitando el Estado en todos sus órdenes para que esta bomba le estalle, o a Javier Milei o al que vaya a ser presidente. Lo está avisando el kirchnerismo. Después de haber estado 16 años en el poder, casi ininterrumpidos, ellos son los principales interesados en que no llegue un tercero a cuestionar todo el sistema político, a auditar las cuentas públicas, a auditar los actos de gobierno y, por supuesto, a reverlo, para que respondan los responsables. Porque la situación en la que estamos es de profundo descalabro. Acá hay una clase política que no está respondiendo desde hace muchos años por eso. Cuando hablamos de conflictividad social es porque la misma Izquierda está llamando a hacer piquetes, a salir a manifestarse en las calles. El mismo Grabois dijo que “hay que poner la sangre”… Están totalmente locos y me parece que ese desate que tienen, en algún momento, va a detonar para que en el próximo gobierno no haya gobernabilidad. Teniendo presente esto, nosotros somos profundamente responsables al hacer nuestras manifestaciones públicas, pero la población no puede ignorar que el kirchnerismo está fogoneando esto.
–¿Imaginan a otras fuerzas políticas apoyándolos para llevar adelante su gobierno?
–Estimamos que va a haber un sector de la oposición, o un sector que no esté con el kirchnerismo, que va a trabajar porque está defendiendo ideas que, incluso, han salido de nuestra usina.
–¿A Schiaretti lo pone ahí?
–Puede tener una actitud de colaboración. No lo conozco más que de haberlo cruzado en los debates presidenciales, así que tampoco puedo hablar mucho. A Florencio Randazzo lo conozco un poquito más, de la Cámara de Diputados; pero tampoco tengo una gran relación. Sí creo que va a ser el momento en el que veamos quién defiende al sistema democrático y quiénes lo combaten
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