Irregularidades en la Policía
Acusados de liderar una banda de asaltantes en Calamuchita, un subcomisario y un suboficial retirado de la Policía provincial son sometidos en estos días al escrutinio de la Justicia. La noticia que ya no tiene el ingrediente de la novedad, por la reiteración de sucesos de magnitud diversa que vienen complicando el presente de una de las fuerzas de seguridad más importantes del país.
Complicaciones que no son sino los emergentes de un proceso iniciado hace casi un cuarto de siglo y profundizado en la última década por la rara colusión entre una fuerza que no logra manejarse a sí misma y un poder político que parece no saber qué hacer con ella.
No se trata de caer en generalizaciones fáciles, que ponen en entredicho a una mayoría de servidores públicos honestos y, sin embargo, desorientados por una conducción profesional opaca y poco representativa. Pero sí hay que señalar que las alarmas están encendidas de manera permanente desde hace mucho: sucesión de casos de gatillo fácil, abusos de autoridad fuera de la fuerza y dentro de ella, exacciones ilegales y un vasto muestrario de ineficiencias diversas.
La respuesta desde el poder político ha sido hasta ahora meramente justificativa, cuando no de silencio liso y llano, lo que evidencia la naturaleza profunda del problema: no lo que la fuerza es sino lo que se pretende que sea, y aún no se ha podido definir en años.
Si hacemos un poco de historia, debe recordarse que hace casi 25 años alguien entendió que la fuerza debía manejarse a sí misma. Ese pacto mostró sus falencias cuando los mandos medios dejaron de responder a las jerarquías de turno en 2013, lo que generó una crisis provincial fogoneada desde la Nación y que se saldó con un claro retroceso del poder político y sanciones benevolentes para quienes habían liderado un motín.
Como pocas veces antes, el poder político exhibió que suele temerles a los uniformados más que los delincuentes.
Las crisis se saldan casi siempre con la misma receta: la conducción cae para que todo siga más o menos igual, pero en todos los casos la ola subsiguiente de pases a retiro promueve cuadros cada vez menos formados y de escaso liderazgo. Y, sin variación alguna, en cada oportunidad se promete mejorar los planes de estudio de las escuelas de formación profesional, mientras siguen fallando los informes ambientales que condicionan el ingreso de los nuevos aspirantes y se formulan serios interrogantes sobre la estabilidad psíquica de no pocos efectivos y las falencias de los respectivos organismos de control. Demasiadas anomalías para pretender que sólo son esporádicas.
En conclusión, lo que sucede en las fuerzas de seguridad no es ajeno a la política. Hasta hoy, nadie ha impulsado un programa de seguridad y el consiguiente rediseño de la fuerza policial para llevar a cabo dicho programa. Mientras tanto, las crisis se saldan con una oportuna mezcla de silencio y esporádica compra de patrulleros. Pero es esencial para la seguridad de Córdoba salir de ese círculo vicioso.
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