Delito juvenil: efectos del resquebrajamiento social
Los informes oficiales sobre la evolución de hechos delictivos en la provincia de Córdoba contienen estadísticas específicas referidas a la minoridad. La sola mención de un fenómeno semejante genera espanto, pero habrá que asumir que se trata de un fenómeno que crece en paralelo con una degradación social de ribetes preocupantes.
Por citar un caso emblemático de esta realidad tan dolorosa como irrefutable, habrá que señalar que el propio portón del Complejo Esperanza, ubicado en la periferia sur de la ciudad de Córdoba, se presenta como un centro socioeducativo que aloja a adolescentes en conflicto con la ley penal.
Es decir, menores de edad que, en vez de desarrollarse en la escuela o en una sociedad que los contenga, han descendido al abismo del malvivir a toda escala.
Se ha naturalizado el delito a manos de menores, quienes muchas veces portan armas de fuego al mejor estilo de los más avezados delincuentes. Lo concreto es que en los últimos tiempos ha crecido la participación de chicos y adolescentes en episodios delictivos, lo cual se agrava por el consumo de drogas de alto poder nocivo para el organismo.
Los reportes son desalentadores. La Justicia de la Provincia de Córdoba difundió que durante 2022 aumentó en un 37 por ciento la cantidad de causas abiertas que incluyen a menores de edad involucrados en hechos delictivos. Un incremento significativo respecto de 2021, aunque, en términos generales, se trata de una radiografía desactualizada, pues no llega a medir los nueve meses que pasaron de este año.
El dato no es menor, dado que desde la Justicia y desde la Policía encienden luces de alarma por la alta reincidencia de menores de edad en robos callejeros y domiciliarios en lo que va de 2023. Los mayores puntos en rojo reportan delitos perpetrados en la Capital, aunque la problemática se irradia a las principales ciudades del interior de la provincia.
El resultado del trabajo estadístico de la Justicia nos permite ingresar en la parte más sombría de este entramado. Señala el informe que los chicos a veces cometen sus fechorías en soledad, aunque en ocasiones están acompañados de un mayor de edad.
No es novedoso (y ha sido probado en sedes judicial y policial) que en no pocos casos los “cómplices” son familiares o allegados a los menores que operan en conjunto o que aguardan parapetados a la espera del resultado del atraco, a menudo en modo “piraña”.
Muchos se preguntan hasta qué límites tendremos que llegar para que el Estado y la sociedad en su conjunto asuman con responsabilidad que el delito infantil ha ganado fronteras impensadas en otros tiempos. El hecho de que pibes de 12 a 15 años de edad empuñen un arma de fuego no puede causar menos que zozobra.
“Estos datos reflejan un panorama complejo, que requiere un análisis continuo y estratégico para abordar eficazmente los desafíos del sistema de justicia juvenil”, señala el informe. En resumen, la síntesis perfecta para despertar conciencias.
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