Ganancias: una medida electoralista
El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció un aumento del piso del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, que se elevará a 1,7 millones de pesos a partir de octubre.
La medida, informada antes a dirigentes sindicales afines al peronismo, fue seguida de un acto al frente del Palacio de Hacienda, en el que Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria, habló ante partidarios y militantes.
La decisión apunta a reforzar las chances del ministro-candidato, ya que el mínimo no imponible –que era de 400 mil pesos a comienzos del año– aumentó casi 350 por ciento en sólo nueve meses.
En ese período, la inflación se ubicaría en torno del 90%, de acuerdo con cálculos privados.
La actualización refleja, además, una inequidad en la escala salarial, ya que los beneficios en el bolsillo van del 21% al 27%, lo que acrecienta los ingresos de quienes más cobran, muchos de ellos afiliados a gremios que respaldan la candidatura del ministro–candidato.
La manifiesta contradicción por parte de un Gobierno que dice apoyar sus medidas en la justicia social fue advertida por el dirigente social Juan Grabois, quien enfrentó a Massa en las Paso.
Durante su último mandato como presidenta, Cristina Fernández había justificado la aplicación del gravamen para los salarios más altos de la economía. En realidad, el concepto del tributo en todas las economías más desarrolladas es la aplicación de un impuesto según el nivel de ingresos, aunque huelga decir que en la Argentina se producen recurrentes atrasos en la actualización de los mínimos no imponibles, por lo que hace tiempo era necesaria una corrección en ese sentido.
Un efecto colateral no deseado es que los recursos que se liberarán podrían alentar la suba de precios, ya que el costo fiscal del anuncio oficial es de un billón de pesos por año.
Un cálculo lineal indicaría que en el último trimestre del año habrá una disponibilidad de unos 250 mil millones de pesos en momentos en que la industria y la construcción caen en el nivel de actividad, por lo que la demanda superará la oferta de bienes.
Otro impacto negativo será sobre los ingresos de las provincias, ya que el tributo es 100% coparticipable entre el Estado nacional y los 24 distritos.
Estos podrían resignar ingresos por más de 570 mil millones en un año, según estimó el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano. La Provincia se opuso a la resolución mencionada.
Además, el anuncio abre serias dudas sobre el cumplimiento de las metas de reducción del gasto acordadas por el propio Massa con el Fondo Monetario Internacional.
Los beneficios que podrían recibir los 800 mil potenciales destinatarios del nuevo esquema provocarán, en suma, enormes distorsiones en en la distribución racional de los recursos del Estado. Y los efectos impactarán de lleno tras la asunción de las nuevas autoridades.
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