Una devaluación sin plan agrava la crisis
La crisis económica se aceleró en las últimas horas, a partir de la devaluación del tipo de cambio oficial a la que se vio obligado el Gobierno, por carecer de dólares y ante la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) como condición para hacer un nuevo desembolso.
Tras el triunfo del liberal Javier Milei en las elecciones primarias, el ministro-candidato Sergio Massa apuró las decisiones que están contenidas en el acuerdo con el Fondo, cuyas condiciones no fueron explicadas en pleno a la sociedad.
El objetivo de las autoridades es mantener el tipo de cambio oficial a 350 pesos (dólar mayorista) hasta el recambio presidencial, el 10 de diciembre próximo.
Sin embargo, la medida tuvo efecto por pocas horas, ya que la brecha con los llamados dólares financieros –contado con liquidación (CCL) y “dólar bolsa” (MEP)– se amplió nuevamente a niveles entre el 90% y 100%, lo que contrarresta el objetivo de achicar esa diferencia.
En forma simultánea, el Gobierno decidió prácticamente congelar las importaciones y amenazó con cerrar las exportaciones de productos primarios, como la carne, para evitar subas en el mercado doméstico.
La Aduana ralentizó los permisos de ventas al exterior para forzar un acuerdo con productores y supermercadistas y evitar una corrida en los precios de la canasta de alimentos.
Los resultados fueron contrarios a los esperados, ya que la remarcación comenzó en las primeras horas del lunes último, al conocerse la histórica derrota del oficialismo en los comicios, que quedó en tercer lugar.
La devaluación sin un plan consistente que incluya medidas de recorte del gasto público, de achicamiento de un Estado imposible de solventar con los tributos privados y de política monetaria, supone un salto al vacío.
La “política de parches”, como señalaron los economistas de la oposición, no hace más que ahondar la crisis económica.
Supone, además, un fuerte golpe al bolsillo de asalariados y jubilados, cuyos ingresos fijos no tienen la actualización de precios, que ya supera el 60% en los primeros siete meses del año.
La sociedad descree de las palabras y de las acciones del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, como lo demostró el resultado en las urnas.
Las medidas aisladas que se toman para intentar llegar al recambio presidencial son repudiadas por familias y empresas, que intentan preservar el valor de sus ahorros.
En forma paralela, los productores de alimentos, de automóviles y de repuestos, entre otros sectores, decidieron cancelar las operaciones a la espera de un ambiente más tranquilo para los negocios.
Los precios de los alquileres se dispararon 20%, a tono con la suba de los alimentos básicos.
Argentina está a las puertas de una hiperinflación, como había admitido meses atrás el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein.
El Presidente y el ministro-candidato deben asumir la responsabilidad de conducir el Estado, con la enunciación de medidas que contribuyan a tranquilizar la zozobra económica que vive la población.
La especulación política de corto plazo, sin un plan coherente para bajar la inflación, entre otras medidas, puede conducir al país a situaciones de extrema gravedad política y social que es preciso evitar.
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