Ecuador ha recibido la señal más temida
Es la peor de las señales. Cuando la violencia narco pasa de las muertes por batallas entre bandas que disputan territorios a los asesinatos de figuras políticas relevantes, es señal de que tiene una estructura y un poder de fuego capaz de generar una guerra devastadora contra el Estado.
El primer ejemplo está en Colombia, donde dos magnicidios en la década de 1980 dejaron a la vista el poderío del cartel de Medellín.
Luis Carlos Galán ya había subido al escenario y estaba a segundos de iniciar su discurso, cuando desde la multitud dispararon a mansalva, acribillándolo. Lo asesinó el cartel de Medellín a través de uno de sus brazos criminales, Los Extraditables, porque el entonces candidato presidencial del Partido Liberal había prometido que, no bien llegara a la presidencia, autorizaría la extradición de narcos a los Estados Unidos.
Aquel magnicidio ocurrido en Cundinamarca, a días de la elección de 1989, completó la revelación que había comenzado cinco años antes, cuando sicarios de Pablo Escobar emboscaron y balearon a Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia que fue el primero en denunciar al jefe del cartel de Medellín. Lo que quedó expuesto fue la dimensión del poder destructor que tenía el narcotráfico.
Eso es también lo que dejó a la vista el asesinato de Fernando Villavicencio. Si ya era grave lo que insinuaban las sangrientas batallas entre bandas narcos en las cárceles ecuatorianas, el magnicidio perpetrado de manera idéntica al que reveló la magnitud del poderío de Pablo Escobar está mostrando que el narcotráfico tiene en Ecuador un aparato criminal de dimensiones suficientes como para que una guerra con el Estado resulte un equivalente de lo que fue la sangrienta guerra librada por el cartel de Medellín.
Por cierto, no todo candidato asesinado tiene como verdugo al narcotráfico. En México, donde imperan carteles de la droga, al candidato a presidente del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio, lo asesinó posiblemente la corrupción encaramada en el Estado. También sería el caso de José Ruiz Massieu, número dos del PRI asesinado el mismo año.
Pero fueron excepciones a la regla. Además, las mafias narco y la corrupción suelen actuar en sociedad a la hora de eliminar a enemigos comunes.
Un blanco móvil
Que el lema de campaña del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio fuera “Es un tiempo de valientes” prueba que sabía que buscar la presidencia ponía en riesgo su vida. Las mafias y la corrupción intentarían impedirle llegar a la mejor trinchera para la lucha contra esos flagelos. Si pudo acorralarlos con sus denuncias desde el Congreso y desde los diarios donde desarrolló su periodismo de investigación, desde Carondelet podría acorralarlos aún más.
Poco antes de ser asesinado, había dicho que estaba recibiendo amenazas narco. Supuestamente, de la extensión ecuatoriana del cartel de Sinaloa. Tanto en su tarea periodística como política, el narcotráfico fue uno de sus blancos habituales. De hecho, había sufrido atentados que llevan la firma narco; aunque cuando tuvo que esconderse en la selva, escapaba de la persecución de Rafael Correa por las sospechas que generó sobre lo ocurrido en 2010 durante un motín policial.
El correísmo lo consideraba un enemigo porque denunció desde los sobornos de Odebrecht hasta negociados con petroleras chinas, además de pactos secretos con la minería ilegal.
La primera sospecha cae sobre las organizaciones narcotraficantes, pero los enemigos de Villavicencio no eran sólo esas mafias. Poderosos empresarios y también jerarcas de la clase política habrán festejado en secreto el magnicidio que les quita de encima la lupa del periodista y del candidato cuya principal bandera era la lucha contra la corrupción.
Villavicencio fue uno de los mayores azotes periodísticos y políticos que tuvieron los gobiernos de Rafael Correa. Por eso, la sombra del magnicidio llegará a las cercanías del expresidente. El año pasado, Villavicencio atribuyó la ráfaga de balas sobre su vivienda a sus denuncias sobre oscuros vínculos entre el correísmo y mafias narco.
Tanto Correa como Jorge Glas, vicepresidente del gobierno de Lenin Moreno que acabó preso por corrupción, eran los principales blancos de sus denuncias. Fue Villavicencio quien, con excesiva temeridad, describió como autoatentado la rebelión policial que mantuvo a Correa retenido por los sublevados durante largas horas, en setiembre de 2010.
Tuvo que ocultarse en la selva y lo protegió una comunidad indígena. Sus denuncias contra pactos secretos que facilitaban la minería ilegal en el Amazonas le hicieron ganar el aprecio de etnias amazónicas y del movimiento Pachakutik. Por eso, entre las sospechas que sobrevolarán Ecuador, algunas apuntarán al espacio político al que el candidato asesinado más había denunciado.
Obviamente, los narcos gatillaron, pero es inevitable que algunos se pregunten si no hubo políticos detrás de esos sicarios. Y las sospechas se dirigirán al lado oscuro del correísmo.
* Periodista y politólogo
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