Por qué las falencias del federalismo impactan en la discapacidad
Los procesos electorales traen, otra vez, cuestionamientos al federalismo sobre el que se asienta la institucionalidad de la Argentina.
En medio de las campañas, la simplificación o el reduccionismo tendencioso de un concepto fundamental de la organización estatal no esclarece ni ayuda. Se lo condena a un statu quo inadecuado, que quedará así hasta el próximo debate.
Resulta muy sencillo achacar la culpa a algunas ciudades, barrios y a sus habitantes, sustentado todo en un prejuicio que se centra en responsabilizar de la inequidad de nuestro no-federalismo a un grupo de argentinos.
En realidad la dirigencia, los funcionarios y un largo etcétera no han procedido con ahínco, al menos desde la Reforma Constitucional de 1994, a buscar soluciones, dar previsibilidad al sistema federal y hacerlo efectivo.
Fuera de la agenda política
El federalismo no sólo es una cuestión de organización política restringida a la discusión sobre el costo del pasaje de transporte urbano o sobre los correspondientes a algunos servicios públicos. Beneficios que gozan no sólo los vecinos de Caba y también de Amba, pertenezcan a Tigre, La Plata, Lomas de Zamora, Recoleta, Devoto, Once, San Isidro o La Matanza.
Sin duda este tema de costos no es menor, pero no será posible saldar la deuda que el sistema federal actual ha generado con la mayor parte de los argentinos si no se amplía la mirada.
La dirigencia debe, responsablemente, lograr una Ley de Coparticipación de recursos que permita una distribución equitativa, que pondere el aporte y también establezca un sistema solidario de reparto con metas y requisitos estrictos. Eliminar el uso discrecional y generalmente arbitrario de fondos o adelantos. Y, sobre todo, que la normativa sobre discapacidad sea efectiva para cada persona en esa situación.
Mientras la clase política no hace un debate sólido, deja en extrema vulnerabilidad a 1.500.000 personas con certificado de discapacidad en Argentina y las probables 3.500.000 que no fueron debidamente censadas y que las proyecciones de datos de la Organización Mundial de la Salud indicarían como existentes en el país.
Acá resulta oportuno preguntarse: ¿cuál es la relación entre federalismo y personas con discapacidad? La respuesta es dolorosa: no son el objeto de la preocupación de la mayoría de funcionarios de todos los niveles. Es una conclusión fundada. Este grupo vulnerable vota en pocos casos, y tampoco obtiene visibilidad constante en los medios como para hacer que los políticos le presten atención.
Argentina tiene un sistema jurídico adecuado sobre discapacidad, sólo que este no se cumple. Además, el centralismo exacerbado –que es un mal inamovible en casi todas las jurisdicciones que son cabeza de poder– hace que sólo a través de la vía judicial las personas con discapacidad puedan alcanzar las prestaciones que les corresponden.
Para confirmarlo, sólo basta con repasar las acciones iniciadas en este sentido. Pero para ello, quien reclama debe contar con la información necesaria, y además estar cerca de un centro urbano. En este camino difícil, las personas con discapacidad ven a diario, y de modo sostenido, la conculcación de sus derechos.
Información y acceso necesarios
Algunos titulares de los poder eecutivos de Nación, provincias y municipios benefician a quienes les son “fieles”. Ello exacerba la situación de disparidad en ejercicio de derechos de los grupos vulnerables. Y no es desconocido que el modelo se repite a todos los niveles y llega incluso a los municipios que miran con otros ojos a centros vecinales, según la devoción que expresan.
La ley 27.269 establece la obligación de proporcionar una cartilla con los derechos que les asisten a las personas a las que se les entrega el certificado único de discapacidad (CUD). La tarea le fue asignada a un organismo nacional, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El contenido de la cartilla es sólo formalmente accesible y poco útil. Reflejo claro del federalismo debilitado que nos rige. La cartilla, por ejemplo, no incorpora la información por municipios y hace remisiones genéricas a algunos funcionarios que no asumen responsabilidades en las provincias y así evidencian que desconocen la normativa sobre discapacidad o no les preocupa defender a quienes están en esa condición.
En ese contexto, la situación de las personas con discapacidad, se agrava. Si bien este grupo vulnerable equivale a la población de grandes ciudades, su ubicación a lo largo y a lo ancho del país les quita presencia ante algunos políticos.
Es necesario que se capacite debidamente sobre discapacidad a funcionarios y empleados. Hay normativa que así lo dispone, como la ley 10.728 de Córdoba.
Sería beneficioso para todos que los organismos responsables de estas capacitaciones informen mensualmente las que han realizado y que la ciudadanía pueda acceder a esta información. Prueba de este federalismo debilitado que se reproduce sin pausa. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen sin acceder a los derechos que les corresponde.
* Ciudadana
https://www.lavoz.com.ar/opinion/por-que-las-falencias-del-federalismo-impactan-en-la-discapacidad/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/por-que-las-falencias-del-federalismo-impactan-en-la-discapacidad/