La orina inmaculada de nuestros políticos
Una de las mayores epidemias que sufren los argentinos, y para la cual jamás se ha encontrado vacuna, son los moralistas políticos. Son una plaga bíblica, que no arroja sobre el país una avalancha de ranas ni provoca la muerte de todos los primogénitos, como en la leyenda egipcia, pero que igual se van anotando pequeñas victorias con su persistencia de saltamontes.
En términos del filósofo Immanuel Kant, una cosa es un político moralista, alguien que concibe que los principios políticos pueden coexistir con la moralidad. Pero otra cosa es el moralista político, alguien que quiere acomodar su moralidad personal para hacerla encajar con sus intereses y necesidades políticas.
Dicho con otras palabras, una cosa es buscar que el cumplimiento de la ley sea una obligación moral y otra cosa, muy distinta, es buscar que el cumplimiento de la moral privada de un político sea una obligación legal para los demás.
Orina documentada
Esta diferencia puede observarse en lo que acaba de suceder en la ciudad de Córdoba, donde la Legislatura municipal aprobó la obligación de que todos los funcionarios electos, desde el alcalde mayor, pasando por los concejales y llegando hasta el menos influyente director de postes o encargado de la desratización de puestos de choripanes, todos deben realizarse un narcotest, un análisis que certifique que no se drogan con sustancias prohibidas.
Esta semana el intendente actual de la ciudad se hizo fotografiar cuando concurrió al laboratorio para entregar su correspondiente muestra dorada. Detrás de él seguirá toda la nomenclatura municipal que depositará hectolitros de orina para que los microscopios sentencien si tienen los hematocritos en fila.
De esta manera las secreciones fisiológicas de nuestros políticos pasarán, por primera vez, a ser parte del patrimonio público. La orina del intendente y de su gabinete ahora integra la documentación estatal, donde quedarán asentados el color, la apariencia y la turbiedad de sus líquidos, sus niveles de glucosa, el conteo de sus cetonas y los márgenes de bilirrubina, para el discernimiento de las generaciones futuras.
Cada época deja su contribución histórica, y la generación política actual habrá entregado hasta sus micciones íntimas para la posteridad. Imaginemos la alegría de los arqueólogos del futuro cuando descubran, debajo de una pila de expedientes amarillos, una muestra intacta de orina del siglo 21 que algún burócrata cordobés se olvidó de entregar.
La ética urinaria
No deja de ser irónico que esta obligación de hacer pis haya sido incluida dentro del Código de Ética Municipal. ¿Cuáles son los secretos vínculos entre la orina y la ética de los funcionarios? Otra vez Córdoba marcando nuevos caminos. Esto abre una línea de investigación novedosa para politólogos de todo el planeta.
Además, ¿un funcionario que consume cocaína en su vida privada es menos confiable que uno que va a trabajar medicado con antipsicóticos u otros medicamentos que no están condenados en la nueva ordenanza? Porque, recordemos, la lógica desquiciada de esta normativa dice que esta lluvia dorada política evitará que haya funcionarios vinculados con narcotraficantes.
Si la ética se extiende al interior de los organismos ¿por qué limitarse a la orina? ¡Vamos, señores legisladores! ¿Qué se espera para exigir a nuestros funcionarios análisis de sus heces, colonoscopías, hemogramas, test de saliva, ADN de ancestros, fluoroscopías de tránsito gastroduodenal, enemas lavativas?
Así, Córdoba tendrá la generación de dirigentes más inmaculada en sus 450 años recién cumplidos de historia. Sería el paraíso de los moralistas políticos, a los que todavía –pequeño detalle– les quedaría por demostrar que un funcionario con certificado de orina angelical ofrece alguna garantía de gestión honesta, eficaz e inteligente.
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