La industria cordobesa, atrapada entre el nuevo impuesto a las importaciones y Precios Justos
Pasada una semana, la industria cordobesa, en particular la vinculada con la producción de alimentos, continúa tratando de digerir el nuevo paquete de medidas lanzado por el ministro Sergio Massa.
Los anuncios, que se concentran fundamentalmente en dos decisiones, un dólar agro a $ 340 y un nuevo impuesto del 7,5% a las importaciones de bienes (25% para servicios, excepto fletes que pagará 7,5%), sembraron de dudas los próximos pasos que las empresas deben dar fundamentalmente en el mercado interno, tanto con el abastecimiento como con los precios.
El objetivo expuesto en las resoluciones que sustentan ambas medidas pasa por incrementar el ingreso de divisas alrededor de unos U$S 2.000 millones y reducir importaciones. La balanza comercial de junino registró un déficit de U$S 1.727 millones y no hay razones para esperar un cambio de tendencia.
Los días transcurrieron y todavía perviven grandes dudas vinculadas con aquellos anuncios. Recién el viernes apareció una lista de productos exceptuados para el pago del nuevo tributo en lo que se refiere a insumos. Esa nómina incluye lo necesario para atender el abastecimiento en la canasta básica alimentaria.
Pero, sobre la base de la larga experiencia que la industria local tiene desde que el Gobierno acentuó más las restricciones a la importación, ninguna de las que trabajan con insumos importados tiene en claro si podrá acceder a los dólares al precio oficial, aun cuando cumpla con todos los “requisitos”.
La lista oficializada en la Resolución 1183/2023 incluye los bienes intermedios que hacen falta para la producción de, por ejemplo, pan francés, galletitas, algunos dulces, tomate y lentejas envasadas, carnes (vacuna, pollo, cerdo), embutidos, leches fluida y en polvo, quesos, aceite de girasol, mayonesas, chocolate y café (no se producen en Argentina), té y yerba, por citar algunos.
También lo necesario para asegurar la producción de verduras y frutas (se supone que son semillas y agroquímicos); gaseosas, cervezas, vino, soda y margarina para cocinar.
Es decir, se trata de un listado sumamente restrictivo el que quedará afuera del impuesto, lo cual habla también de la grave restricción de divisas que afronta el país.
Pero, aún con estas excepciones, para la industria de Córdoba, que se caracteriza por tener decenas de establecimientos de alimentos y bebidas a partir de su perfil agroindustrial vinculado con la producción de granos y leche, aparecen enormes interrogantes.
Precios: ¿Entrar o salir?
Uno de ellos es que la nueva normativa las obliga a participar del programa Precios Justos para no pagar el tributo y poder acceder a las divisas para las importaciones. Muchas, las de perfil Pyme, no forman parte del programa por una cuestión de volumen de oferta.
El Ieral-Fundación Mediterránea advirtió esta problemática en un informe difundido el viernes. “El mecanismo que se ha venido utilizando es la restricción a importar. En este caso (el de las nuevas medidas) algunos se benefician comprando con dólar barato pero otros no, y no hay criterios claros de cómo se seleccionan a los beneficiarios”.
En el estudio de los economistas Jorge Day y Gustavo Reyes, que en realidad pone el foco en la economía regional de Cuyo, se deslizan conceptos que valen para todas las regiones del país. Una empresa que venda al exterior productos agrícolas y a la vez fabrique para el mercado interno (en Córdoba hay al menos dos), se podría “beneficiar” con el dólar a $ 340 pero si no entra en Precios Justos no podrá comprar insumos importados sin el 7,5% del impuesto.
Si bien la empresa puede decidir si entra o no en el programa, de no hacerlo pagará más caros los insumos y los servicios “si es que quiere mantenerse en la actividad”, plantea el trabajo. “O sea, beneficios inciertos, costos ciertos”, con lo cual, para las empresas que no exportan productos regionales, es puro costo”, subrayó.
A todo esto se debe agregar el fárrago interminable de gestiones y trámites que debe cumplir una firma para importar sin impuestos o entrar a Precios Justos. Es un día a día desgastante para cualquier gerencia.
Entrar o no en ese programa oficial es otro dilema existencial. Si acceden a hacerlo para poder importar, los precios de sus productos pueden incrementarse hasta un 3% mensual con una inflación mensual que se ubica entre el 6% y el 8%.
No hacerlo, implica poder trasladar a precio los mayores costos pero en un mercado que no tracciona por la pérdida del poder adquisitivo del salario.
La Unión Industrial de Córdoba (UIA) sigue de cerca la problemática aunque hay que decir que cada empresa, cada Pyme, presenta características diferentes que requieren soluciones “a medida”.
Pague antes, reciba después
Un aspecto colateral pero no menor, subrayado por su presidente, Luis Macario, es que el impuesto Pais requiere un pago a cuenta de la importación a realizar. Esa erogación anticipada se efectuará calculando el valor FOB declarado de la destinación de importación.
Para el caso de haber realizado ya (antes de conocidas estas disposiciones) un pago a su proveedor, deberá confeccionarse una declaración jurada donde se declare el monto de ese pago. Sobre eso se calculará el impuesto, con retroactividad lo cual descoloca a quienes ya fijaron precio para el mercado.
Todo este panorama se agrega a otra situación de fondo sobre la cual no hay hasta ahora novedades. Los importadores argentinos acumulan con sus proveedores en el exterior una deuda de U$S 12.000 millones (hay cálculos que la llevan a U$S 14.000 millones) por compras ya realizadas y “pateadas” a seis meses por el Banco Central.
Así las cosas, la única esperanza a la vista es que la luz verde que otorgó el viernes el staff del FMI a un acuerdo con la Argentina, sea finalmente aprobado por el directorio del organismo y después de mitad de agosto comiencen a llegar dólares que descompriman la situación. De cualquier manera, esas divisas serán una frazada muy corta. Apenas para unos días.
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