El Cronista @cronistacom: Inteligencia artificial y ciberseguridad, los ejes tecnológicos en la recta final del Gobierno

Inteligencia artificial y ciberseguridad, los ejes tecnológicos en la recta final del Gobierno

«Cuando hay una apropiación de la ciudadanía, cuando hay un uso que es apropiado, que se sabe lo que se está haciendo y por qué, eso deviene en tecnología, afirma Raymond Williams: se masifica, se populariza y se culturiza. Hay que dar esa discusión con la inteligencia artificial para que las personas hablemos de estos temas, no en nichos de interés. Tenemos que discutirlo. Y tenemos que discutirlo sobre todo las mujeres además porque por lo general siempre estamos más expuestas», afirma la secretaria de Innovación Pública de Nación, Micaela Sánchez Malcolm en una mano a mano con El Cronista.

La Secretaría de Innovación se enmarca en la Jefatura de Gabinete de Ministros y como uno de sus nodos opera de forma transversal sobre gran parte de la administración pública central, desde ministerios a entes y empresas estatales. Por los temas que comprende, interactúa como organismo rector, estableciendo estándares, adquiriendo e implementado las políticas públicas, en ocasiones, sobre más de una dependencia a la vez. Su trabajo no siempre se visibiliza en la superficie, pero es imprescindible a nivel de las estructuras.

Desde su Oficina Nacional de Compras y Contrataciones, una de las cinco subsecretarías en las que se divide, oficia como organismo rector de las compras o adquisiciones de bienes y servicios e incluso de la obra pública, en lo que refiere a los sistemas de compra y contratación y los diferentes registros de proveedores. 

La Subsecretaría de Innovación administrativa, por su parte, articula la gestión interna de expedientes, notas, decretos y demás archivos con Legal y Técnica, así como con 15 de las 23 provincias, cientos de municipios, universidades, Concejos Deliberantes y la Justicia, entre otros cuerpos del Estado, proveyéndoles de infraestructura para que puedan gestionar en la nube.

En paralelo, se trabaja con todo lo referido a conectividad y regulación TIC, así como las políticas orientadas a la ciudadanía -desde la plataforma Argentina Gov.Ar a la aplicación Mi Argentina-, con una base de 21 millones de usuarios y usuarias hoy. Fue en esta área, de hecho, donde nació la aplicación Cuidar en un tiempo acelerado, con la alianza de Estado y sector privado en el contexto de emergencia de la pandemia. Y esos son solo algunos ejemplos.

La última semana, Sánchez Malcolm encabezó el encuentro Innovar junto al Jefe de Gabinete de Ministros y candidato a la Vicepresidencia, Agustín Rossi donde se detalló la ambiciosa agenda de transformación que se propuso el Gobierno en estos cuatro años, frente a autoridades de 16 países y representantes de organismos internacionales. Tanto la inteligencia artificial como la ciberseguridad constituyen ejes troncales de la agenda digital argentina

-¿Cómo definiría el potencial de la inteligencia artificial en cuanto a los beneficios pero también los riesgos que puede traer?

-Para mí es un objeto de análisis absolutamente complejo que debemos intentar mirarlo desde diferentes lugares. A mí lo que más me interesa, es la ruptura en términos de la construcción de los paradigmas de verosimilitud, construcciones de paradigmas de verdad. En otras palabras, cómo construimos los discursos, en qué nos basamos, cómo los analizamos, cómo conocemos, porque todo esto se rompe con la inteligencia artificial. O por lo menos entra en discusión porque no sabemos si lo que estamos viendo pasó o no pasó. Si es verdad o no es verdad. Entonces, toda esa discusión me parece necesaria, válida, y hay que quedarla. Y seguramente haya que darla en el marco del Estado, pero fundamentalmente en la sociedad civil, en la calle.

– Desde la secretaría publicaron una serie de recomendaciones respecto al uso de inteligencia artificial, una guía, ¿qué se proponen con esa iniciativa?

-La guía surge por la necesidad de armar un catálogo de qué soluciones está implementando el Estado. ¿Por qué? Porque los organismos laburamos con autonomía. Entonces, así como registramos las bases de datos, tenemos que registrar las soluciones de inteligencia artificial. Y en función de esa primera discusión dijimos, bueno, ¿de qué manera, aún sin tener capacidad de veto, de intervención o de dictamen invalidante, establecemos algunos lineamientos? Así pensamos la guía, con inteligencia artificial centrada en las personas, con miradas éticas, con miradas de equipos multidisciplinares, tratando de atender a cuestiones vinculadas a los sesgos que atañen a los algoritmos de procesamiento de datos y de resultados

-¿Hay una demanda social respecto a la necesidad que el Estado intervenga ante la velocidad de estos avances?

-Hubo una demanda fuerte de sindicatos y del Ministerio de Trabajo, preocupados obviamente por la vinculación a los procesos de automatización. Pero también de reskilling, de recapacitación, que vamos a tener que encarar, porque vamos a tener un gap entre laburos manuales que van a seguir siendo manuales; laburos de capas medias que van a ser reemplazados y laburos mucho más técnicos, o con mucho más requerimiento de capacidades, que vamos a tener que en algún momento empezar a promover desde pibes y pibas para que se formen las próximas generaciones.

El rol del Gobierno frente a la inteligencia artificial en Argentina

-En una de las recomendaciones de la guía que elaboró el Gobierno sobre buen uso de la inteligencia artificial refieren a que las personas deben tener la decisión final siempre, ¿piensa que avanzamos hacia un mundo donde la tecnología podría monopolizar el criterio?

– La generación de conocimiento está dada por preguntas, por cuestionamientos, por conflicto, por ruptura. Y esa ruptura no se da en la repetición o la automatización, esa ruptura se da en el pensamiento crítico. Entonces ahí tenemos todavía un valor que está centrado en el ser humano. De igual forma, creo que para pensar procesos, para decidir qué variables cruzar, prima el razonamiento humano. Creo que la inteligencia artificial nos puede dar herramientas para pensar, repensar y hacer mejor nuestro trabajo pero toda esa generación de investigación, de decisión, de análisis es la que no se automatiza y esperemos que no se automatice en el futuro.

-¿Qué tan permeables son los privados a este tipo de recomendaciones?

-Ese es el debate. Porque por ahora nos estamos quedando en un plano más a nivel Estado, que igual es importante porque es un gran contratista y un gran establecedor de normas y generador de condiciones más equilibradas de acceso a tecnología o de difusión. Pero ese es el gran debate. Estamos pensando en sumar sindicatos primero y después sumar el sector privado a una mesa sobre el tema que armamos en el marco de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

-¿Puede haber resistencia por parte de las empresas aludiendo injerencia?

-Hay una demanda fuerte del sector privado, digo, las empresas grandes de tecnología, fundamentalmente las norteamericanas, tienen la necesidad de «siéntennos y dígannos hasta dónde». Necesitan marcos claros también. Digo, están con conflictos incluso internos y entre ellas, respecto de quién hace qué, de qué manera, quién provee qué y hasta dónde se llega. Entonces hay una demanda del sector privado de por lo menos hacer lineamientos claros. Creo que incluso quienes están laburando en grandes motores de procesamiento de datos y grandes gestiones de inteligencia artificial, ven la crisis paradigmática donde entran también ellos en juego.

Las empresas grandes de tecnología tienen una necesidad de «siéntennos y dígannos hasta dónde». Están con conflictos respecto de quién hace qué, de qué manera, quién provee qué y hasta dónde se llega. Hay una demanda del sector privado de por lo menos hacer lineamientos claros

-¿El objetivo final es entonces que el Estado asuma un rol más activo o pasivo -limitándose a fijar las márgenes, digamos- a la hora de regular esta actividad en Argentina?

-El rol del Estado siempre es un rol de garantías. Y esas garantías que hay que darle a la ciudadanía a veces están basadas en marcos de acción, a veces están basadas en marcos de regulación. No es que haya una solución única. El conflicto va a determinar un poco qué alcance se establece. Y uno establece mecanismos de acuerdo a sus posibilidades. Acá es igual. Primero hay que establecer un marco; segundo hay que fijar un lenguaje común donde esto se convierta en una agenda, no solamente política, también de la sociedad civil, en todos los niveles. Y tenemos que discutirlo las mujeres además porque, por lo general, siempre estamos más expuestas

-¿De qué forma?

-Por ejemplo, con los vídeos porno fakes generados por inteligencia artificial: son de mujeres mayormente. Entonces digo, creo que tenemos que hablar mucho más de todo esto. La foto del Papa con campera deportiva es re divertida pero sepamos que también puede ocurrir que el día de mañana estés disertando en determinada situación, exponiendo un argumento político, te tomen la voz y lo revierten. No sos vos pero es tu cara y tu voz, es tu objeto y es tu contexto.

-El riesgo de que se suplante la identidad al punto de poder involucrar a la persona en un problema legal también existe…

– Totalmente. Ha habido casos de secuestros de personas con audios de «paga tal cosa». Después obviamente hay herramientas que identifican cómo están producidos esos contenidos. Pero para tener acceso a esas herramientas es como un antídoto. Tenemos que desarrollarlo. Saber que existe esa posibilidad. Como cuando caemos con fraudes de Whatsapp o una llamada desesperada con una voz más o menos parecida. La gente en un contexto de angustia es mucho más vulnerable. Si encima existe material audiovisual falso pero que nosotros leemos como verdad o como verosímil, esa vulnerabilidad se multiplica. Entonces tenemos que hablar mucho más de estas cosas, mucho más.

La ciberseguridad en la Argentina

-Hace unas semanas hubo un ciberataque sobre la Comisión Nacional de Valores, ¿qué rol cumple la Secretaría en ese ámbito? ¿Tiene algún punto de vista estratégico?

-La Secretaría cumple una función vinculada a organismos de contralor, pero no de agencia de ciberseguridad. Es una Dirección Nacional que establece y coordina un Comité de Ciberseguridad integrado por Defensa, Seguridad, la Secretaría Legal y Técnica, representantes de AFI, ARSAT, Casa de la Moneda se implicó también, varios organismos que lo conforman y que llevan adelante los planes nacionales de ciberseguridad que son en realidad lineamientos normativos respecto de recomendaciones, prevención y protocolos sobre cómo se llevan adelante los procesos ante determinados ataques.

-¿Existen suficientes especialistas en la Argentina para lidiar con este tipo de hipótesis de seguridad cada vez más global?

-Nos faltan personas que se involucren, se capaciten y se formen técnicamente en términos de seguridad, como le faltan a todo el mundo. Por eso, hace algunas semanas se firmó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para robustecer el CERT, el Centro de Monitoreo en APSAT, de forma tal de incrementar los niveles que tenemos de detección de seguimiento y control de posibles ataques y en forma complementariamente se va a armar una agencia formación de talentos. En paralelo laburamos con OEA, llevamos adelante determinados challenges o competencias para ponderar no solamente algunos saberes sino además la participación de mujeres -y en eso nos va bastante bien, todas las competencias regionales las terminan ganando mujeres que empiezan a participar acá- y como tercera pata diría que estamos trabajando con la Secretaría de Empleo Público, instancias de formación obligatoria para gente del Estado. Sobre todo porque muchas filtraciones o pseudoataques se generan por propio desconocimiento. Por hacer clic donde no se tiene que hacer o no tener actualizadas las credenciales, por no tener una administración medianamente consciente de los riesgos que implica hoy la conectividad.

-¿Existen planes de contingencia frente a este tipo ataques cada vez más frecuentes no solo a nivel de empresas pero también en los Estados?

– Está contemplada la posibilidad de ataques, hay un procedimiento, todo un esquema de activación de emergencia con lineamientos técnicos establecidos. Pero lo que termina sucediendo, en un organigrama centralizado y descentralizado a la vez, es que muchas veces hasta que no hay un ataque no hay una actualización, no hay un resguardo y esto lo hemos hablado con diferentes autoridades. Tenemos que apuntar a establecer estos estándares mínimos y buscar presupuestariamente la forma de acompañar a los organismos. Por eso también definimos estos estándares a los cuales llegan muy pocos organismos cuya incumbencia se vincula específicamente a determinados sistemas o gestión digital y el resto va llegando como puede

-¿Y considera que esto es una política de Estado que puede continuar más allá de quien esté en el gobierno?

-No tengo dudas que así debería ser. Ahora, cuando nosotros llegamos en 2019, nos encontramos -como en varias líneas de gobierno- con un discurso que no tenía un correlato efectivo respecto de cómo se venía desarrollando las políticas. En términos de ciberseguridad, el Presidente Macri había establecido por decreto la obligación de crear el comité pero no se había juntado nunca jamás. Había contemplado y obligado a avanzar en términos de la definición de infraestructuras críticas y no se había definido ninguna infraestructura crítica. Cumplimos con todo eso y luego avanzamos en otros campos como la Red Nacional de Fibra Óptica, que la habían iluminado en un 80%, pero todas las placas databan de 2012 y 2013. Esto está auditado, denunciado, comunicado, no hubo una continuidad de inversión. En plena pandemia, en 2020, la capacidad que necesitábamos para responder había quedado viejísima. Así que tuvimos que renovar el core entero. Y algo similar sucedió con el plan satelital de la Argentina: se discontinuó y casi perdemos una posición orbital. Son cosas que no pueden repetirse.

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