Elección provincial: dudas por la sanción a Ocasa y certezas por los problemas de la BUS
Las elecciones provinciales del pasado domingo 25 de junio dejaron varias dudas, algunas certezas y un futuro que podría tener cambios.
Entre las dudas, una es determinar las responsabilidades en el fallido escrutinio de la noche de la votación y establecer las consecuencias. Se especulaba que el viernes pasado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) diera a conocer alguna sanción contra la empresa Ocasa, responsable del conteo provisorio. Eso aún no sucedió.
El TSJ anunció que “continuará, durante la feria de julio, con la investigación administrativa destinada a establecer eventuales responsabilidades en relación con las demoras detectadas en el desarrollo del escrutinio provisorio por parte de la empresa contratada para dicha tarea”.
Acuerdo con Ocasa
El acuerdo tenía dos partes. Por un lado, Ocasa tenía a su cargo el “desarrollo del operativo electoral” (la logística, desde el armado de las urnas, hasta su traslado y su rescate, entre varios servicios). Por esa tarea el pago acordado fue de $ 1.667.721.977.
Pero además, también estaba a cargo de Ocasa el escrutinio provisorio, por el que cobraría $ 539.177.210.
Es sobre este segundo ítem que se le aplicaría una sanción. Y sería proporcional a lo realizado ya que, desde el TSJ explicaron que “no todo el escrutinio provisorio fue mal realizado” (se llegó hasta el 94%, según detallaron).
Sumadas ambas tareas, el contrato con Ocasa asciende a $ 2.206.899.187. Hasta ahora, la Justicia le pagó el 50% de lo acordado: el 30% a días de la firma (4 de mayo de este mayo) y un 20% dos días antes de las elecciones.
Sistema Turing
¿Qué pasó con la empresa MSA, responsable del sistema Turing? Con ellos, la Justicia no tenía ningún acuerdo, sino que fue Ocasa la que subcontrató la prestación de ese servicio. “Sabrán cómo arreglarse entre ellos”, afirmaron desde el TSJ sobre esa relación.
MSA, de todas maneras, defendió su tarea y reiteró que los problemas en el escrutinio provisorio no se debieron a ninguna falla ni en sus escáners ni en el software (”Sin insumos, no podemos transmitir”, afirmó Sergio Angelini, el presidente de la empresa). Y lamentó que, luego de las elecciones provinciales, la Municipalidad de Córdoba haya decidido no utilizar el mismo sistema (aunque será Ocasa la que haga la logística).
El fallido escrutinio también dejó al descubierto las diferencias dentro del TSJ, que incluyó un escándalo entre los vocales Luis Rubio, Sebastián López Peña y el presidente del órgano, Domingo Sesín.
Hubo una fuerte discusión sobre la jueza Marta Vidal quien, en medio de las críticas públicas y también internas, recibió el apoyo de Rubio, algo que llegó a la prensa (y enojó al vocal).
La tarea de la magistrada en el último proceso electoral marcará el pulso del TSJ en los próximos días, que deberá decidir el futuro de la máxima autoridad electoral.
¿Se irá Vidal? Su jubilación está en poder del TSJ, aunque cerca de la magistrada dicen que nadie sabe dónde la guardaron.
Más allá de la interna, la propia Vidal admitió que es una pregunta que se está haciendo, pero dejó en claro que defenderá su nombre. “Tengo fuerzas y ganas para seguir”, dijo el pasado miércoles, minutos después de cerrar la difusión del escrutinio oficial.
Cerca de Vidal además remarcaron que la tarea no solo fue de ella. También estuvieron los vocales Leonardo González Zamar y Jorge Namur, los otros dos miembros del Tribunal Electoral, por lo que esperaban que la evaluación sea del trabajo conjunto.
Certezas
Entre las certezas, hay dos problemas que sobresalieron: el uso del casillero de “Voto lista completa” en la Boleta Única de Sufragio (BUS), y la tarea de las autoridades de mesa.
Una de las constantes en las actas de votación fue la suma solo de votos a gobernador, y en el resto de la planilla todo en blanco.
En muchísimas de las 440 urnas “incidentadas” (son las que se piden revisar los votos por alguna inconsistencia) fue evidente que había errores en el conteo validado por la autoridad de mesa. Algo que se comprobó en la mayoría de las 116 urnas abiertas.
Pero además, hubo otro detalle que podría explicar la victoria de Juntos por el Cambio y la derrota de Hacemos Unidos en las categorías de “Legislador Distrito Único” y en el “Tribunal de Cuentas”.
Como en otras elecciones con la BUS, en la Justicia Electoral detectaron que hubo muchísimos casos en los que el segundo casillero, correspondiente a “Gobernador y vice”, fue interpretado como el primero, de “Voto lista completa”. Los altos porcentajes de voto en blanco para legislador y Tribunal así lo corroboran.
Pero además, donde más se repitió el error fue en la opción que tenía la foto de Martín Llaryora, mientras que donde estaba Luis Juez hubo unos miles de votos más para “Legislador Distrito Único” y para “Tribunal de Cuentas”.
¿Cuántos más? 1.782 en el caso de los legisladores y 4.567 en Tribunal de Cuentas. Una diferencia minúscula que en otras oportunidades, quizá por la amplia distancia entre el primero y el segundo, no había pesado. Pero que en una elección tan pareja como la pasada significó mucho.
“Me quedan muchas cuestiones para reflexionar. Por ejemplo, cómo mejorar la Boleta Única en lo que tiene que ver con el voto para la lista completa”, afirmó González Zamar y expresó que esto “será un desafío para la nueva Legislatura”.
Autoridades de mesa
La otra alarma fue la mala performance de un gran porcentaje de autoridades de mesas. Si bien la problemática no es nueva, sigue preocupando a la Justicia y a los apoderados.
Hubo situaciones, por ejemplo, en las que actas con inconsistencias tenían, además de la firma del presidente de la mesa, la de varios fiscales. “¿Cómo puede ser que cuatro personas convaliden esto?”, se preguntaba uno de los apoderados del PJ el miércoles pasado ante una planilla mal hecha.
¿Cansancio por tantas horas de trabajo? ¿Falta de capacitación? ¿Poca apego al deber cívico? Preguntas que deberán tener una respuesta en el corto plazo.
Apoderados
Varios de los apoderados que estuvieron durante los siete días que duró el escrutinio oficial coincideron en destacar el proceso de conteo, sobre todo por la celeridad y los acuerdos para avanzar, aunque no dejaron de remarcar el antecedente del fallido provisorio y la previa de la elección.
Oscar Agost Carreño, de Juntos por el Cambio, afirmó que “la piña” del escrutinio fallido hizo que la Justicia de la Provincia reaccionara a tiempo. “En líneas generales, se hizo bien y no hay reclamos”, aseguró el dirigente el PRO.
Para Alvaro Zamora, de Encuentro Vecinal, el sistema es “bueno” pero podría ser mejor si “la política” no lo manipulara y hubiera leyes “inamovibles” sobre las elecciones.
Y si bien destacó la celeridad del conteo, remarcó que “ahí se coló la campaña municipal y terminó siendo lo más rápido porque Llaryora necesitaba los resultados”.
Ramiro Sánchez de Hacemos Unidos por Córdoba, también valoró la velocidad y los acuerdos a los que fueron llegando en muchos casos de inconsistencias. “Hubo diferencias, pero sobre todo entre ellos (por la oposición), que en algunos casos buscó demorar el conteo”, afirmó.
Para Alfredo Leytes, de la Izquierda, el escrutinio oficial “fue normal”, en una elección “que empezó muy mal”.
“Comenzó casi afuera de la ley: nos dieron 15 días después de lo que correspondía los espacios publicitarios. Eso nos complicó a todos los partidos chicos”, expresó.
Leytes, que comenzó fiscalizando en 1989, agregó que la capacitación en el domingo 25 fue muy mala. “Lo de las últimas elecciones no lo había visto nunca. Los Fipes no estaban informados, los técnicos (del Turing) no sabían manejar las máquinas… y los partidos chicos, que no tenemos fiscales en todas las mesas, sufrimos la reticencia de las autoridades electorales para que nos dieran las planillas que nos sirven para controlar”, analizó.
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