Institucionalidad y certidumbre, el único camino para reconstruir la confianza
El pasado domingo 25 de junio se realizaron las elecciones para gobernador en la provincia de Córdoba. Junto con ellas, también se celebró la elección a cargos legislativos en cientos de municipios y de comunas.
En el caso de la gobernación, la expectativa se focalizó sobre las dos principales fuerzas políticas que polarizaron la elección, al punto de que se dio una diferencia de votos mínima y controversial.
Frente a tan escaso margen, las fallas del método electoral se manifestaron de modo exponencial, y un sistema que no estuvo preparado para semejante prueba dejó más dudas que certezas, lo que tendió un manto de oscuridad sobre el proceso electivo.
El principal problema se hizo visible cuando al momento de la carga de las planillas obtenidas del recuento de cada una de las mesas electorales comenzó la demora. Estas fallas fueron por falta de conectividad, de equipos, de personal y de tecnología adecuada. Con el correr de las horas y la demora en la carga, aumentaron la tensión, los problemas y la falta de credibilidad.
Las fuerzas políticas y los cordobeses comenzaron el lunes 26 sin certezas sobre el panorama electoral. Quedaban en suspenso los testimonios concluyentes, y el resultado de la elección pasó a depender exclusivamente del escrutinio definitivo.
En esta situación se encuentran hasta hoy el pueblo de córdoba y los representantes de las fuerzas partidarias de la segunda provincia del país por cantidad de población y actividad productiva. Con la incertidumbre de un proceso que dejó más dudas que certezas, con un derecho político parcialmente desprotegido.
El desafío de Córdoba
El miércoles 28 de junio, una de las principales autoridades electorales de la Provincia de Córdoba argumentaba que parte de los problemas en el sistema electoral del domingo 25 habían sido ocasionados por la falta de tiempo entre el llamado al proceso electoral realizado por el gobernador Juan Schiaretti y la imposibilidad de contratar un sistema por las constantes maniobras de fechas generadas por la fuerza oficialista en beneficio de su candidato.
Cualquier cordobés que haga memoria puede recordar fácilmente cómo fue utilizada de manera especulativa la fecha de las elecciones, tanto la de la Provincia como la de la Capital, al punto de mantenerse como un secreto de Estado y sólo conocido por los principales dirigentes oficialistas y sus consultores.
En este nuevo turno de gestión que comienza el próximo 10 de diciembre, este es un desafío y una deuda pendiente por parte de la dirigencia provincial y de los partidos que integrarán la Legislatura cordobesa. Es preciso establecer una fecha fija de elecciones, enmarcada en una ley que impida la especulación oficialista.
Sobre este tema también se expresaron especialistas técnicos como el politólogo Daniel Zovatto, quien en su publicación de 2008 (“Así no va más. Diagnóstico y propuesta de reforma político-electoral de la Provincia de Córdoba”) ya alertaba sobre la necesidad de una mejora institucional en la provincia y destacaba que la fijación de la fecha de elecciones era una medida por realizar.
Por último, y en un análisis surgido del diálogo con los fiscales de las fuerzas política y electores el mismo domingo de elección, se escuchó una dificultad tanto para el conteo como para la emisión del sufragio. Esto queda de manifiesto en la cantidad de votos recurridos, nulos totales o parciales. Es necesario modificar una boleta que en este momento confunde al electorado cuando emite su voto, y que perjudica la contabilización de fiscales y presidentes de mesa.
Recuperar la confianza
El domingo 25 de junio de 2023 fue a las urnas sólo el 68,27% del padrón total habilitado para votar. Esto representa una ausencia mayor al 30%, lo que se traduce en cerca de un millón de personas. Fue la elección a gobernador de Córdoba con menor participación desde la vuelta a la democracia.
Si a ese bajo porcentaje se le suma la cantidad de votos en blanco, no sólo en la columna de gobernador, sino también en las siguientes categorías, como legisladores distrito único, departamentales y tribunos de cuenta, se ve cómo la voluntad de expresión electoral disminuye. Esto significa al menos dos cuestiones:
-La primera es la supremacía de la campaña personalista a gobernador por encima de los demás tramos. Esto hace hincapié en una preponderancia excesiva de la figura del Poder Ejecutivo por sobre los otros órganos, lo que desplaza de escena la importancia de los demás poderes del Estado.
-La segunda, la falta de conocimiento y de interés de las personas sobre la oferta electoral y representantes del pueblo. Ahora bien, sobre la falta de interés la dirigencia política tiene una responsabilidad mayúscula.
El desgaste en el interés de la ciudadanía y del prestigio de la dirigencia política es multicausal. Gestiones con extensos mandatos sin resolución de problemas prioritarios, incertidumbre institucional, excesos de promesas incumplibles, falta de competencia para los lugares ocupados y traspasos de espacios partidarios sólo para la conservación de cargos y para perpetuarse bajo la cobija del Estado, son algunos de los reproches que la ciudadanía realiza.
Para recuperar la confianza, se requiere volver a la convicción de que la política de la transformación social, la coherencia y la institucionalidad promulgan como valores. Si bien algunos dirigentes hombres y mujeres comprenden la importancia de la confianza de la ciudadanía, a otros parece no importarles y abusan de las prácticas que desprestigian una noble labor.
Es momento de retomar el sendero de la institucionalidad y del trabajo certero, eficiente y ordenado, para así solucionar los problemas prioritarios y dar a la sociedad las respuestas que esta requiere en tiempo y en forma, dejando de lado de una vez por todas las vanidades personales que impactan sobre la calidad de la democracia cordobesa y argentina.
* Diputada nacional Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio
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