Personas con discapacidad: elegí elegirlos
La discapacidad en Córdoba continúa transitando al borde de los límites, a pesar de que atraviesa a un significativo porcentaje de familias cordobesas.
La inexistencia de estadísticas y datos precisos de personas con alguna discapacidad que viven y se desarrollan en este territorio abona el misterio. Las escasas juntas de certificación, que permiten obtener el certificado único de discapacidad (CUD), tan necesario para acceder a una cobertura integral (ley 22.431), ayudan a la ignorancia.
No obstante, existen numerosas acciones que el próximo Gobierno provincial puede realizar para dar respuesta al precario estado en que se encuentra la discapacidad en todas sus áreas.
Si bien a través del decreto 1.208 la Provincia reglamentó la ley 10.728 “Córdoba inclusiva”, que garantiza el acceso a la formación sobre trato adecuado hacia las personas con discapacidad para todos los agentes de la administración pública, no existe una instancia de “contralor” efectivo sobre el cumplimiento de dicha norma, por lo que, en gran medida, los derechos que la legislación consagra y garantiza no pasan de ser simples expresiones de deseo, como es el caso del cupo laboral obligatorio del 4%, que ni la provincia ni los municipios obedecen.
Lo mismo ocurre con la obra social provincial Apross, que no garantiza el normal funcionamiento de los tratamientos de rehabilitación, la adquisición de equipamientos, medicamentos y elementos ortopédicos que se requieren.
Igualmente, el Ministerio de Educación no termina de definir la modalidad de enseñanza a implementar, lo que crea una suerte de competencia entre la escuela especial y la escuela común; y el trasporte público de pasajeros se encuentra desde hace años con muchos desfases en general.
Un relevamiento actual del transporte público urbano de la Ciudad de Córdoba muestra claramente esos desacoples.
¿Cómo no exigir un plan de inversión en infraestructura a las empresas de transporte público que se concesionen en el futuro, para que sean universalmente accesibles y alcancen al 100% de unidades adaptadas, tal como lo establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)?
Nunca hubo un proyecto, y por consiguiente una mejora integral, que contemple colectivos urbanos, interurbanos, taxis y remises, para que den respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.
Hay pocos momentos oportunos para realizar acciones profundas que apunten a mejorar algo tan sensible como la movilidad, y este es uno de ellos, porque estamos transitando el último año de concesión del sistema de transporte urbano de la ciudad de Córdoba, y en 2024 vencen las concesiones del transporte interurbano, oportunidad para que se articulen las acciones del Gobierno provincial con el municipal, para intentar construir una alternativa segura, confiable, moderna, sustentable y que de verdad tenga en cuenta a las personas con discapacidad.
Se necesita, entonces, actualizar las políticas públicas y que estas adhieran realmente a lo que expresa la Convención; esto es, que desde las distintas instituciones gubernamentales los temas que atañen a este sector se realicen mediante un trabajo en red, coordinando los diferentes ministerios e incorporando a los verdaderos protagonistas, creando canales de diálogo con este grupo social, cumpliendo con el lema de la Convención “nada de nosotros sin nosotros”, para una verdadera inclusión que busque garantizar, fortalecer y articular el gran espectro de necesidades existentes.
El desafío es grande y requiere el esfuerzo de enfocarse en relevar y posteriormente derribar cada una de las barreras que existen en la sociedad y en la infraestructura, para lograr un desarrollo pleno de la vida de las personas con discapacidad, un programa de acción que además se sustente en una mirada interactiva de la discapacidad, donde los integrantes de la familia pasen a ser actores principales y no tan sólo receptores de recursos.
* Arquitecta; especialista en Accesibilidad
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