Elecciones 2023: ¿qué proponen Llaryora y Juez para los jubilados provinciales?
Pocos temas de debate público han salido a la luz en esta campaña para la renovación de autoridades provinciales. La inseguridad y qué políticas podrían aplicarse para reducirla ha monopolizado la agenda, en sintonía con la preocupación excluyente que hoy manifiestan los cordobeses. Fuera de eso, los salarios que paga la Provincia a sus estatales y las jubilaciones de los empleados públicos, en especial los docentes, lograron acoplarse en algunos renglones de las ideas que enumeran los candidatos.
Tanto Martín Llaryora, de Hacemos Unidos por Córdoba, como Luis Juez, de Juntos por el Cambio, sostienen que hay que pagarles mejor a los docentes, personal de salud y de seguridad.
Pero Juez hasta ahora es el único que se animó a proponer cambios en el sistema previsional cordobés.
En el oficialismo saben que ahí está la verdadera espada de Damocles de la gestión local, más ahora que Nación volvió a incumplir todo lo firmado y hace cuatro años que no actualiza los fondos previsionales que por ley debía ajustar. Córdoba llevó a la Corte el reclamo por 110 mil millones de esos cuatro años y otros 20 mil millones por la no actualización automática en este 2023.
La recomendación que recibió Llaryora al respecto fue “ojo, eso es jugar con fuego”.
Hace unos días, Juez presentó algunas de sus propuestas de campaña y detalló, en grandes rasgos, los cambios previsionales en estudio.
La iniciativa implica derogar casi por completo la ley 10.694, la tercera de las reformas previsionales que aplicó la Provincia en los 24 años de gestión peronista.
Qué plantea Llaryora
El candidato del oficialismo asegura que en caso de ser electo gobernador sostendrá el cese del diferimiento de los aumentos previsionales para los jubilados que perciben menos de 250 mil pesos mensuales. En principio ese alivio a los pasivos fue establecido para el período que va desde abril hasta fin de este año por el gobierno de Juan Schiaretti. “Promovimos y vamos a sostener esa medida”, indicó Llaryora a La Voz.
Llaryora pone el acento en la defensa del sistema provincial. “Garantizamos que la Caja seguirá estando en manos de la Provincia, y rechazamos cualquier alternativa que suponga la transferencia a la Nación o a las entidades gremiales, que no podrían solventar el sistema sin el aporte extra de la Provincia”, indicó Llaryora.
El candidato, además, aseguró que impulsará el juicio contra la Anses por la falta de actualización de los envíos a la Caja. La administración Schiaretti reclamó ante la Corte una suma superior a los 120 mil millones de pesos y Llaryora indicó que “con esos recursos se va a avanzar hacia la recuperación del 82% móvil”, aunque aclaró que regirá el mismo criterio que con el diferimiento, es decir, para los sectores de menores ingresos.
Qué propone Juez
“Hay cuatro temas que planteamos de forma inmediata”, dice el legislador Dante Rossi, presentado por Juez como el coordinador de los cambios previsionales. Ahí puntea: levantar el diferimiento para ese 20% de pasivos que sigue afectado; llevar las pensiones (las futuras y las que se calcularon desde el 2020 a esta parte) al 75% en lugar del 70 y eliminar el aporte solidario. No tocará los 10 años de promedio.
El más complejo de abordar, sobre todo en términos de impacto en el gasto, es “la restitución progresiva del 82% móvil”, que se haría con un fondo a crear de los fondos que devuelva la Anses.
La restitución de ese 82% según los cálculos del propio Rossi implica un gasto anual de 55 mil millones de pesos, aunque se pagaría en la medida en que haya plata. Devolver el 82% implicaría lisa y llanamente aumentar 83% el gasto previsional total. En el 2023, las jubilaciones y pensiones demandarán 30.683 millones.
“No es la idea volver al 73%, sino al 82% liso y llano de la (ley) 8.024, con los fondos que mande Nación: manda 10 mil millones, va eso; manda 20 mil millones, va a eso”, dice Rossi. “Y cuando se acabe la plata del Fondo Compensador ya habremos metido tijera en varias partidas del gasto. Vamos a discutir con la Nación de otra manera, que seguramente será de Juntos por el Cambio y cambiaremos el orden de prioridades, primero jubilados y después docentes”, dice.
Esta promesa es riesgosa, más aún cuando Anses no está cumpliendo con el envío de fondos. “Córdoba lo está soportando con sus recursos; lo va a aguantando y no tiene sofocones. Se van a hacer menos obras y se va a recortar de un plumazo la publicidad”, dijo Rossi. “Además, tendremos dos años para aguantar y como va a ganar Juntos por el Cambio a nivel nacional, tendremos luego plata cuando se acaben esos fondos”, dijo.
Las propuestas del resto de los candidatos
Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Liliana Olivero consideró que la actual administración perpetró un “robo jubilatorio”. Entre sus propuestas está la derogación de todas las leyes de ajuste previsional y la plena vigencia de la ley 8.024, con la sola excepción de los artículos que conserven privilegios para algunos funcionarios del Estado.
Olivero también considera que debe “finalizar de manera inmediata la intervención de la Caja, para que ésta vuelva a manos de sus verdaderos dueños”. Propone una auditoría externa, mediante una Comisión Independiente de Notables, que en el plazo de 60 o 90 días “designe un directorio democrático en el cual los representantes de los trabajadores y jubilados sean elegidos por el voto directo”.
Se manifestó en contra de “todo tipo de reforma previsional o laboral que implique pérdida de derechos y conquistas”. Rechazó también cualquier esquema de tercerización y precarización y pidió el pase a planta permanente de todos los trabajadores del Estado y los entes autárquicos.
Nuevo MAS. Julia Di Santi propuso la inmediata derogación de la ley jubilatoria 10.694 y la restitución del 82% móvil. “La jubilación mínima que se encuentra hoy por debajo de la línea de indigencia debe aumentarse y equipararse al salario mínimo de $500.000. El déficit de la Caja será cubierto con el dinero de un impuesto permanente a las grandes fortunas, con el fin de las jubilaciones de privilegio de jueces y funcionarios y con el no pago de la deuda provincial”, dice su propuesta.
Frente Liberal Demócrata Desarrollista. Rodolfo Eiben recalcó que cuando en Córdoba se habla de jubilados, se incluye a unas 600 mil personas y que poco más de 100 mil cobran de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y el resto cobra de la Anses. “Los jubilados de la provincia tienen un haber promedio de 260 mil pesos, mientras que los de la Anses tienen un haber de 100 mil pesos promedio”, indicó.
“Estudiaremos la manera de eficientizar la Caja de Jubilaciones, a efectos de promover medidas más justas y eficientes para que el gasto previsional sea absorbido genuinamente y no de recursos públicos que deberían estar destinados a otras prioridades”, señaló, y planteó como posible solución “la privatización de La Caja de Jubilaciones de la Provincia”. Indicó que la medida está en estudio, “para ser concretada si las circunstancias de la economía provincial así lo mensuran”.
Encuentro Vecinal Córdoba. Aurelio García Elorrio coincide con las propuestas de la izquierda. Consideró que debe cesar la intervención de la Caja y normalizarse su funcionamiento. También propuso la “derogación inmediata de la leyes de ajuste contra los jubilados provinciales y del diferimiento en el cobro de los aumentos”.
Partido Humanista. Fernando Schule propone la normalización de la Caja con un directorio que tenga representación de los aportantes de diversos sectores, de los jubilados y el Estado, y también defiende la derogación de la ley 10.694 de ajuste previsional y el regreso del 82% móvil.
Considera que se deben analizar los segmentos deficitarios para ver su lógica y eliminar los privilegios. “Los sectores que por su naturaleza son deficitarios deben estar adecuadamente justificados y provistos de recursos de forma transparente, señalando el origen de los mismos”, dice su propuesta.
Los últimos cambios a la ley 10.694 dispuestos durante la pandemia
Diferimiento: postergó por dos meses el pago a los jubilados el aumento que negocian los pasivos. Esto lo había hecho José Manuel de la Sota en el 2015, pero por seis meses. En términos fiscales, la postergación funciona muy bien cuando hay inflación. Tras los paros docentes, la Provincia ya anuló el diferimiento para los que percibían hasta $ 250 mil a febrero pasado, que entonces eran el 80% de los jubilados. Ese 20% hoy de más ingresos es el que sigue afectado.
Cálculo del haber. Se tomaron, como en Nación, los salarios actualizados por la movilidad local de los últimos 10 años de servicio y no los cuatro, como tenía Córdoba hasta entonces.
Porcentaje del haber. La ley dispone que el retirado pasa a cobrar el 82% de su salario de bolsillo, descontando del bruto sólo el aporte personal. Para la gran mayoría de los activos, ese aporte es del 11%, por lo que su jubilación es el 82 del 89, es decir, el 73% del salario bruto actual. Pero alrededor del 20% de los trabajadores (Epec, Bancor, agencias, judiciales, planta política) tienen un aporte superior: del 16 o 18%. Hasta esta ley, también se jubilaban con el 82 del 89, pero como el descuento del aporte personal es mayor porque es más alto, pasaron a jubilarse con el 82 del 82, es decir, con el 67%. Es, para este grupo de haberes más altos, el famoso 1777 de Ramón Mestre.
Doble beneficio. La reforma dispuso que los jubilados o pensionados de la Caja que además tengan un segundo beneficio en otro sistema hagan a la Caja local un aporte solidario de hasta el 20% sobre el haber provincial. Esta medida afecta a los que perciben por encima de seis jubilaciones mínimas, es decir, los haberes superiores a los 432 mil pesos. Ahí hay 23 mil jubilados, el 21% del total. El aporte solidario implica unos 3.000 millones al mes, el 10% del total.
Pensiones. La ley dispuso pagar al cónyuge o conviviente el 70% del haber, como paga Anses. La Caja hasta entonces pagaba el 100% el primer año y el 75% después.
Jubilación docente: mejor cálculo en Nación, pero menor haber
Luis Juez ha manifestado en reiteradas oportunidades que “las jubilaciones docentes son las peores del país”, en línea con lo que plantea Juan Monserrat, titular de la UEPC. ¿Cuán distinto es el régimen docente en Córdoba que en otras jurisdicciones?
En la provincia y Nación las condiciones para jubilarse son las mismas: 25 años de servicio, de los cuales al menos 10 deben haber sido frente a alumnos y si no, son 30 de servicio. La edad de retiro es de 57 para la mujer y 60 para el hombre.
La Anses aplica un índice docente (Ripdoc) que a junio indica una suba del 50% para los 110.959 jubilados maestros de Nación. En Córdoba se aplica la movilidad en función de un grupo de cargos testigos de activos. Es similar a Nación y ahí no está la objeción.
El reclamo está en la gran diferencia que supone el cálculo del haber inicial entre ambas jurisdicciones: en Nación es el 82% del bruto sobre el salario del último año, lo mismo que acá planteaba la ley 8.024 de Eduardo Angeloz.
En Córdoba, las sucesivas reformas derivaron en que el haber de retiro surja de calcular el salario promedio de los últimos 10 años (con lo cual se reduce la incidencia del mejor cargo, que en general se da en la recta final) y sobre ese haber, se calcula el 82% neto de aportes. En la práctica, es el 73% de ese salario promedio. Si el docente supera los años de servicio, por cada año y medio adicional se agrega un punto, con tope del 88%.
Hay una diferencia: Nación tiene pocos jubilados docentes, porque las provincias más pobladas no transfirieron sus cajas. De hecho, son docentes el 3% del total de beneficios que paga Anses, mientras que en Córdoba son docentes el 36% de los beneficios pagados.
Córdoba paga 36.130 jubilaciones docentes de $ 251.596 promedio y 3.612 pensiones de $ 177.571 promedio. Anses paga 158.476 jubilaciones de $ 253.303 y 16.494 pensiones de $ 153.303. Los datos son oficiales y surgen de los boletines estadísticos de cada organismo.
Pese a las mejores condiciones jubilatorias que ofrece Nación, los haberes son similares porque las provincias que aportan a Nación pagan salarios más bajos. “Las bajas jubilaciones docentes son por los bajos salarios, la gente cree que es por la ley en sí”, dice Juan Monserrat.
De todos modos, se queja de algunas condiciones de la ley local que difieren de Nación y de otros distritos, como los 10 años de actividad para calcular el haber inicial. Santa Fe tiene 10 años, pero la provincia de Buenos Aires mantiene todavía el último cargo. “Pero lo peor es el cálculo sobre el neto, eso no existe en ningún otro lado del país”, asegura.
A un maestro de grado con jornada simple y 30 años de antigüedad, a mayo pasado (tomando simuladores oficiales de cada distrito) se le calculará, al momento de jubilarse, un salario de $ 259.740 en el caso de Buenos Aires (último año), de $ 288.207 en Córdoba y $ 227.786 en Santa Fe. Estas dos jurisdicciones toman los últimos 120 meses. El haber de retiro, según las leyes locales, será de $ 194.805 en Buenos Aires, $ 226.529 en Córdoba y $ 186.785 en Santa Fe.
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