Autos, bicicletas y monopatines eléctricos: los detalles del nuevo plan de movilidad
El Gobierno presentó a empresas automotrices, autopartistas y sindicatos el borrador de un proyecto de «ley corta» de electromovilidad, con incentivos fiscales y beneficios a la producción y exportación de autos livianos. La iniciativa también propone desarrollar tecnologías para reconvertir el parque automotor y reemplaza al texto que, en 2021, había enviado al Congreso el entonces ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas.
El secretario de Desarrollo, José de Mendiguren, y la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont, presentaron la iniciativa a la cadena automotriz y autopartista, a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y al Sindicatos de Mecánicos (Smata), el jueves último.
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El texto promueve una reducción de aranceles para la importación de vehículos eléctricos terminados, contra el compromiso de la fabricación local. También reduce impuestos a la adquisición de autopartes eléctricas que no se produzcan en el país, otorga créditos fiscales a las exportaciones y otorga beneficios adicionales a la fabricación de monopatines y bicicletas eléctricas, dos industrias que, entiende el Gobierno, pueden demandar las baterías de litio que se aspira a fabricar en Argentina.
De Mendiguren y Marcó del Pont presentaron el nuevo proyecto de ley de electromovilidad a las empresas y los sindicatos.
«Ley corta»
El texto no incluye a buses ni camiones, sino que se concentra en vehículos livianos. Es menos ambicioso que el que había trabajado Kulfas y que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados el año pasado, pero que no avanzó en el Senado. También recoge críticas que los participantes de la industria habían hecho a esa iniciativa, según fuentes oficiales.
El Gobierno, entonces, no avanzará con ese proyecto, que el presidente Alberto Fernández había reclamado a la Asamblea Legislativa, en 2022. El ministro de Economía, Sergio Massa, y Marcó del Pont optaron por un texto para el corto plazo.
Mercados de exportación
El diagnóstico oficial es que aproximadamente el 20% de las exportaciones de automóviles corren peligro hacia 2030, porque países como Costa Rica o Paraguay ya ponen fecha de vencimiento a la compra de vehículos a combustión. Para no perder esos mercados y poder avanzar en otros, como Chile, que hoy importa desde Asia, el país necesita moverse más rápido.
El proyecto oficial se centrará en vehículos livianos, bicicletas y monopatines eléctricos.
El proyecto busca desarrollar plataformas para producir vehículos eléctricos e híbridos y la cadena de electropartes. También, promover la producción de bicicletas y monopatines eléctricos (aquí puede haber un mercado para las celdas de litio que buscan fabricarse). Se busca favorecer la producción de equipamiento auxiliar para desarrollar la infraestructura de electromovilidad (estaciones de carga, principalmente). Además, se propone regular tecnologías de reconversión de vehículos convencionales a eléctricos (aquí será clave la participación del INTI).
Incentivos e importaciones
Para eso, habrá incentivos fiscales para la importación, siempre que se garantice inversión y producción local. También se busca que los gremios avancen con la formación de los trabajadores.
La regulación busca ser complementaria a la industrialización del litio que promueven el gobierno nacional y las provincias mineras. Aquí, el objetivo nacional es asegurar que un porcentaje de la producción se industrialice en el país. Las provincias buscan que las inversiones aseguren el desarrollo de cadenas productivas en esos territorios.
Aranceles, impuestos y divisas
Fuentes del sector privado consultadas se mostraron interesadas en el proyecto, pero afirmaron que el borrador que les enseñaron todavía es escueto en detalles. El tire y afloje comenzó, sobre todo con las automotrices. Mientras el Gobierno quiere reducir aranceles a la importación y poner un cupo, tanto por cuestiones fiscales como para favorecer la producción doméstica, las automotrices buscan mayor laxitud impositiva y garantías de disponibilidad de divisas.
Congreso en año electoral
La regulación de una industria estratégica choca con los plazos legislativos, con un Congreso prácticamente paralizado y una elección presidencial en pocos meses. En el Gobierno creen que el consenso con la industria y los gremios puede ser la llave para que la legislación avance en estos meses. Pero, para eso, el Ejecutivo también debe acelerar. Como referencia, los marcos normativos para regular el hidrógeno verde o la búsqueda de inversiones de GNL, que Economía ya hizo trascender, todavía no llegaron al Parlamento.
En las próximas semanas, continuará el intercambio técnico entre funcionarios del Ejecutivo y el sector privado. Por el Gobierno participan, además de Asuntos Estratégicos y Desarrollo Productivo, las secretarías de Energía y Transporte.
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