La creación exprés de empresas, bajo la lupa: qué dice el proyecto para transparentar las SAS
Diputados comenzará a discutir en comisión hoy el proyecto de ley que crea un Régimen de Transparencia de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Para el oficialismo, que impulsa el proyecto, la iniciativa intenta echar luz sobre la «opacidad» del marco jurídico creado durante el gobierno de Cambiemos, para mejorar el control societario y evitar que puedan ser utilizadas en actividades de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Los emprendedores -al igual que Juntos por el Cambio- rechazan la iniciativa y alertan sobre los efectos que podría generar en la herramienta que, dicen, facilitó la creación de más de 100.000 puestos de trabajo.
Se trata de la segunda vez, desde la llegada de Alberto Fernández al Ejecutivo, que el Frente de Todos apunta contra las SAS, herramienta que permite crear una empresa en 24 horas y de forma digital.
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El primero en hacerlo fue el senador Oscar Parrilli. En 2020, la Cámara que lidera Cristina Kirchner, el oficialismo le dio media sanción y giró a Diputados la iniciativa del senador cristinista que buscaba suspender por 180 días la constitución e inscripción de SAS.
En Diputados, el texto fue dictaminado pero jamás llegó al recinto. De hecho, perdió estado parlamentario a comienzos de año, lo que fue celebrado por el sector emprendedor.
Casi dos años más tarde, es la Cámara baja la que pone la lupa en las SAS. La iniciativa fue anunciada por el jefe del bloque, Germán Martínez, durante el debate en comisión de la ley (ya sancionada) que fortalece la justicia Federal de Santa Fe – texto que fue desempolvado por el oficialismo tras la amenaza narco que sufrió el futbolista Lionel Messi.
El diputado rosarino anunció la presentación del proyecto horas después de que la Vicepresidenta dijera, durante un acto en el CCK: «A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco».
Dicho esto, Cristina Kirchner señaló: «Si queremos luchar contra el narcotráfico, hay que desarmar primero el sistema financiero que lava la guita del narco».
A la hora de presentar la iniciativa, Martínez citó la investigación realizada por el fiscal santafesino Walter Rodríguez, en la que se encuentra vinculado Ariel «Guille» Cantero, líder de la banda conocida como «Los monos». La investigación judicial informa que la banda creó, cuanto menos, 40 SAS en el período comprendido entre marzo del 2018 y abril del 2020.
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¿Un dato? Desde la sanción de la ley que creó la herramienta, en 2017 hasta la fecha, según fuentes de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA), se crearon unas 50.000 empresas bajo esa figura.
Así las cosas, para los autores de la ley, la iniciativa intenta generar el efecto automático de disolución, «atento a los problemas o inconvenientes descritos en estos fundamentos, que resalta la utilización de este tipo societario como vehículo de comisión de delitos económicos vinculados al lavado de activos».
Bajo esta premisa, este jueves a las 12, la comisión de Legislación General que preside Lucas Godoy (Frente de Todos) convocó a una reunión informativa para escuchar a una serie de invitados.
Entre ellos, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Daniel Aníbal Erbetta, y al titular de la Fiscalía Federal Nº 2 deesa provincia, Wálter Alberto Rodríguez. Asimismo, asistirán funcionarios de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Inspección General de Justicia (IGJ).
¿Qué dice el proyecto que busca modificar la Ley de Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS)?
«Como podrá apreciarse la propuesta legislativa que se presenta no pretende descartar la existencia misma de las SAS como tipo societario», rezan los fundamentos del proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos.
A continuación, se agrega que «por el contrario», la iniciativa «apunta a tener mayores facultades de fiscalización, adecuando el desarrollo de un tipo societario a los estándares legales que promuevan la licitud de la actividad que desarrollará aquel emprendedor o empresario que utilice como instrumento jurídico asociativo las SAS».
En concreto, la iniciativa impulsada por el Frente de Todos, con su jefe de bloque, Germán Martínez a la cabeza, propone:
- Exigirle a todas las SAS constituidas que en un plazo máximo de 60 días corridos acrediten «fehacientemente» el domicilio denunciado como sede social y presenten los estados contables correspondientes a los últimos tres ejercicios económicos.
- Ante el incumplimiento de ambos requisitos, se tendrán como inactivas a las SAS se encuentren en falta. En consecuencia, los registros públicos de cada jurisdicción deberán reportar tal circunstancia a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), quien en forma automática y como medida preventiva, procederá a suspender la CUIT hasta tanto la SAS regularice su situación.
- Se exigirá a los sujetos emprendedores que conformen una SAS que se inscriban en un registro que dependerá de la Subsecretaría de Desarrollo Emprendedor de la Nación.
- Se requerirá que tanto las SAS como las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL), presenten sus balances ante los registros públicos o ante el organismo de control de personas jurídicas de su jurisdicción. En caso de que no cumplan con lo expuesto por más de dos períodos, los socios o administradores responderán en forma solidaria, ilimitada y subsidiaria ante terceros.
- Modificación a la Ley 27.349: se establece que resultarán aplicables a las SAS parte de las disposiciones presentes en la ley general de sociedades, Ley 19.550. ¿Para qué? Para que la ley que crea las SAS se adapte a los lineamientos de la norma madre que hace al marco jurídico de las sociedades comerciales.
El proyecto que busca transparentar las SAS es impulsado por Germán Martínez.
- Que la inscripción registral controle no sólo los requisitos formales, sino también los sustanciales, procurando darle mayor transparencia a la constitución de este tipo societario.
- Para el caso de las sociedades categorizadas como mipyme que sean SAS y que dejen de serlo como consecuencia de superar los parámetros de la Ley 24.467 y su reglamentación, deberán transformar su inscripción como SAS en los tipos societarios establecidos en la ley general de sociedades (Ley 19.550). Las empresas tendrán un plazo máximo de seis meses para hacerlo.
- Se agrega una causa de disolución o liquidación de sociedades SAS, consistente en la resolución dictada por el Registro Público o la autoridad de contralor de personas jurídicas.
¿Qué piensan los emprendedores?
«Bajo la supuesta bandera de combatir el lavado de activos, el Gobierno busca quedarse con el poder absoluto y discrecional de decidir quién puede emprender en Argentina», alertaron desde ASEA a través de un comunicado de prensa que difundieron en las últimas horas.
Para la asociación, con la creación de un «registro de emprendedores» a cargo del Ministerio de Economía, se le da la «potestad de aceptar o rechazar a quien se considera emprendedor, y por lo tanto quién puede ser socio de una sociedad».
Asimismo, desde ASEA alertaron que también obliga a las pymes a que vuelvan a registrar su domicilio, «obligándolos a contratar un escribano para demostrar su veracidad (a un costo de $ 40.000 por sociedad), y obliga que todas las SRL y las SAS del país presenten sus balances ante la IGJ, obligándolas a gastar importantes sumas de dinero en la presentación de este trámite retroactivo».
Los emprendedores se expresaron en contra del proyecto del Frente de Todos.
En otro punto, la asociación alerta que el proyecto permite que el Poder Ejecutivo «disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la sociedad, sin ningún tipo de intervención de un juez».
Para rematar, en ASEA señalan que, desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50.000 empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120.000 puestos de trabajo registrados.
Asimismo, recalcan que «son las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal, y mayor creación de puestos de trabajo, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la AFIP».
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