Las 5 leyes de la agenda sustentable que piden pista
Pese a que este es un año electoral y que casi un tercio de los legisladores del Congreso busca subirse a la carrera con pretensiones de postularse a algún cargo municipal, provincial e incluso nacional; sumado a las dificultades que tienen los bloques legislativos para ponerse de acuerdo sobre cualquier tema y sesionar, lo cierto es que la agenda sustentable cada vez más es una prioridad en nuestros parlamentos. Tal es así que en el Congreso tiene al menos cinco leyes que están en debate y esperan una pronta definición.
De ese top-five, tres leyes fueron reclamadas por el propio Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones del último primero de marzo, cuando le pidió a los diputados, diputadas, senadores y senadoras que traten este año la Ley de Humedales, la de Envases con Inclusión Social y la de Bienestar Animal.
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«Debemos cuidar estos valiosos ecosistemas que cumplen un rol fundamental para la conservación de la biodiversidad, el cuidado del agua y la captación de gases de efecto invernadero», explicó Fernández ante la Asamblea Legislativa en referencia a la Ley de Humedales, una deuda pendiente del Congreso desde hace más de una década, pero que en el último año logró avances importantes.
Por primera vez quedaron expuestos a la luz del día los intereses respecto de la norma de las provincias agropecuarias y mineras, que por fin sentaron una posición pública al respecto, versus los de los ambientalistas, que son los que históricamente venían impulsando esta Ley. Esos intereses atraviesan a todos los bloques políticos a su interior y los dividen.
Ley de humedales
Luego de intensos debates, las comisiones de Recursos Naturales; Agricultura y Presupuesto de la Cámara de Diputados lograron aprobar en noviembre dos dictámenes: uno de mayoría, que acompañó Juntos por el Cambio y Córdoba Federal, y otro de minoría que sumó firmas de diputados del oficialismo -aunque no la de los de las provincias agro y mineras-, el socialismo santafesino y los misioneros. Pero lo cierto es que aún no pudieron debatirse en el recinto de la cámara «por falta de acuerdo».
Los textos se diferencian en que el proyecto opositor, que cosechó la mayor cantidad de firmas, promueve planes de manejo sostenible para autorizar la explotación productiva en zonas de humedales, salvo que estos sean catalogados como «de alto valor de conservación». Además, da la posibilidad de que se excluyan de la regulación los humedales artificiales. Mientras que el texto del oficialismo pone como requisito, para la explotación de un humedal, que sean actividades «que no afecten negativamente la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad ni su integridad ecológica».
Los proyectos de la Ley de humedales son se pudieron debatir por falta de acuerdo
El nudo central, no obstante, está dado por quién hace el inventario de humedales: ¿la Nación o las provincias? El oficialismo, en su dictamen de minoría, postula que «será liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación» con «participación» de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones. La oposición, a través de su dictamen de mayoría, también pone la responsabilidad en la Autoridad de Aplicación Nacional, pero «integrando los inventarios o la información generada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», por lo que la verdadera potestad de definición estará en cabeza de las provincias.
¿Y quién será esta Autoridad Nacional de Aplicación? En el texto de Juntos por el Cambio, nombra además del ministerio de Ambiente, al de Economía, a través de la secretaría de Agricultura. Mientras que para el texto que encabeza Grosso (FdT), será solo la cartera ambiental.
Otra diferencia significativa es que sólo este último dictamen (del oficialismo) crea un Consejo Consultivo de Humedales que estará integrado por, además de funcionarios del Estado, un representante de cada uno de los siguientes sectores: sistema científico; pueblos indígenas; organizaciones ambientales; organizaciones sociales; organizaciones sindicales y el sector productivo.
En lo que respecta al Fondo Fiduciario que crea la norma, el oficialismo pretende asignarle un 0,3% del Presupuesto Nacional, mientras que la oposición, el 0,05%. También es distinto cómo distribuyen tales recursos: Juntos por el Cambio prevé que puedan ser otorgados a privados en hasta un 70% para «compensar los esfuerzos de conservación de humedales», mientras que la redacción del Frente de Todos canaliza los fondos exclusivamente a través del Estado.
Finalmente, vale destacar que el esquema de multas previsto por el oficialismo es más gravoso e incluye supuestos de responsabilidad solidaria, en tanto que el opositor prevé sanciones agravadas por reincidencia.
El futuro de la Ley de Humedales aún está por escribirse. En la última sesión de la Cámara baja, el diputado Grosso levantó el punto y durante el debate de la creación del Parque Nacional El Palmar, le preguntó desde su banca a la oposición por qué no pudo aprobarse todavía la Protección de los Humedales. Le contestó uno de los principales opositores a la Ley, el agro-diputado Jorge Vara (UCR): «¿Por qué no la tratamos? Porque como no salió de mayoría el dictamen que le gusta al oficialismo no se discute el tema. No nos carguen a nosotros con la culpa de que no se trate la Ley. Grosso -lo interpeló- traigan el debate acá a la próxima sesión y lo discutimos». El desafió quedó planteado.
Ley de Envases con Inclusión Social
El segundo de los proyectos que Alberto le pidió a los legisladores que aprueben este año es la Ley de Envases con Inclusión Social, una iniciativa elaborada por el Ministerio de Ambiente de Juan Cabandié en conjunto con los cartoneros de la CTEP, que perdió estado parlamentario en febrero pero que se espera que sea representada. «Esa Ley está guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor», explicó escuetamente Fernández en la apertura de las sesiones.
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El proyecto, que es resistido por los bloques opositores por proponer la creación de una Tasa Ambiental (TAREP) para financiar a los Sistemas Locales de Gestión de Envases, por considerarla «un nuevo impuesto», se debatió por última vez en noviembre en el seno de la Comisión de Recursos Naturales de Diputados, cuando el secretario de Control y Monitoreo del Ministerio de Ambiente Nacional, Sergio Federovisky, presentó a los legisladores una serie de modificaciones al texto original con la intención de acercar posiciones con los sectores industrialistas.
A partir de esta avanzada, la diputada cartonera Natalia Zaracho (FdT), una de las principales impulsoras del proyecto, elaboró un borrador de dictamen, que incluyó los aportes del Ministerio y algunos acuerdos logrados con los bloques federales. El nuevo texto -que tenía altas chances de obtener la mayoría de las firmas de las comisiones que tienen que tratarlo- promueve presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los envases y su reciclado inclusivo en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente, introduciendo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor e integrando en la cadena de gestión a los trabajadores recicladores y recicladoras.
Además, admite tres sistemas de gestión posible: el de Depósito, Devolución y Retorno (DDR), por el cual el consumidor que se lleva un determinado envase hace un pago que se le reintegra al devolverlo al punto de venta para su retorno a fábrica; el sistema público de gestión, a solventar con la TAREP que recaerá sobre los privados que pongan envases en el mercado, pero que administrará el Estado; y sistemas de gestión privado -que reclamaba el sector industrial-, a partir del cual cada productor o importador de envases (o un consorcio de éstos) puedan tener su propio sistema de recupero y gestión de envases post consumo, bajo supervisión estatal, pero bajo reglas propias. En este último caso, las empresas deberían asumir el costo del mismo, y como contrapartida, quedarán por fuera del alcance de la Tasa Ambiental.
Entre otras novedades que arroja la versión preliminar de la propuesta de dictamen que tiene en carpeta el oficialismo se incluye la fijación de una meta de recupero -50% de cada tipo de envase post consumo a 10 años de sancionada la norma-; y la incorporación al Consejo Consultivo de un representante de las entidades del sector industrial productor de cosméticos y productos de limpieza; uno de las organizaciones ambientalistas y uno por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); al tiempo que excluye del mismo al ahora ministerio de Economía.
Para diciembre estaba casi todo listo para firmar el dictamen. Incluso la oposición estaba preparada para presentar el texto del ex diputado Gustavo Menna (UCR) como contradictamen. Pero esos planes quedaron truncos por la falta de acuerdos general que bloqueó al Congreso a fines del año pasado. Y como en lo que va del año sólo se trataron proyectos que tienen acuerdo casi unánime, éste aún espera su hora.
Ley de Bienestar animal
Por su parte, Alberto pidió también por una Ley de Bienestar animal. «Para reconvertir zoológicos y acuarios. En el siglo XXI los animales no pueden estar encerrados para entretener a los seres humanos», planteó el presidente en su discurso. Sin embargo, aún no envió el texto al Congreso. Pero el anunció ya disparó que otros legisladores se le anticiparan y presentaran iniciativas propias.
Tal es así que la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), una de las principales referentes medioambientales que tiene la Cámara Baja, ingresó la denominada «Ley Sintiente», que busca reconocer como sujetos de derecho a los animales que, por sus particulares características, revisten la calidad o condición de personas no humanas, los que tendrán derecho, entre otros, a la salud y a condiciones de atención y asistencia alimentaria y veterinaria adecuada.
Entre las prohibiciones que fija el proyecto, se establece que los animales no podrán ser objeto de venta ni transacción comercial alguna, ni mantenidos en zoológicos públicos ni privados; ni utilizados como parte de investigaciones o pruebas de laboratorio.
«Los animales son considerados en nuestro Código Civil y Comercial como cosas; no obstante, la jurisprudencia y reconocida doctrina ha venido avanzando en modificar esta categoría jurídica, especialmente para algunos animales que, por el carácter sintiente que poseen, y por estar dotados de especiales capacidades cognitivas complejas merecen, una protección especial», justificó la autora del proyecto.
La Ley Sintiente cuenta con el impulso público de la actriz y modelo Liz Solari, organizaciones ambientales y activistas, y el apoyo legislativo de diputados y diputadas de todo el arco político, como Leonardo Grosso (FdT); Facundo Manes (UCR); y la senadora Gladys Gónzalez (PRO), entre otros.
Además de la Ley Sintiente, Groso espera impulsar este año desde la comisión que preside en Diputados un proyecto de Ley de reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza. Así lo anunció durante el último encuentro con jueces y juezas del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quienes, tras visitar días atrás Vaca Muerta para relevar su impacto social, ambiental y económico, expusieron sus conclusiones preliminares.
Los especialistas internacionales denunciaron en el Congreso que «las empresas extractivistas están destruyendo los territorios», certificaron la presencia de «piscinas de petróleo a cielo abierto que contaminan la tierra, el aire y el suelo», y calificaron a Vaca Muerta como un «desastre socioambiental». El veredicto del Tribunal -que cuenta con más de 70 personalidades elegidas por su trayectoria ética y moral- será entregado a las autoridades argentinas para fortalecer la justicia ambiental.
Es en esa línea que Grosso busca realizar un aporte con su propuesta que consta de tres artículos y busca proteger el derecho que tiene la naturaleza a que «se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos y funciones vitales, estructura y procesos evolutivos». Además, fija que la toma de decisiones que pudieren afectar los Derechos de la Naturaleza deberá generar los espacios institucionales de diálogo adecuados para fundar las decisiones en base a la diversidad de saberes y prácticas en circulación.
Cierre de minas
El último de los proyectos que forma parte de este top-five de leyes sustentables espera debate en el Senado de la Nación. Se trata de una Ley de Cierre de Minas, que pidió el año pasado la propia secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, durante la presentación de un informe de gestión en la comisión de Minería de Diputados.
El tema se encuentra en análisis en las comisiones de Minería y de Ambiente, presididas por Sergio Uñac (FdT) y Gladys González (PRO) respectivamente, donde se trabaja en la unificación de los proyectos presentados por senadores de todos los bloques -además de González, también son autores el chaqueño Antonio Rodas (FdT) y la catamarqueña Lucía Corpacci (FdT)-.
Los proyectos establecen presupuestos mínimos para regular las obligaciones y procedimientos que deben cumplir las empresas mineras para cuando decidan irse del país. Se regula la elaboración, presentación e implementación de un Plan de Cierre de Minas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las inversiones comprendidas, con sujeción a los principios de protección, preservación y recuperación del medio ambiente y con la finalidad de mitigar su impacto en la salud de la población y el ecosistema.
«Proponemos que las compañías incorporen la programación del cierre ni bien se inician las operaciones, buscando implementar criterios de planificación temprana que permitan promover el desarrollo local de las comunidades», explicó Rodas. Durante el debate de los proyectos, representantes del Consejo Federal de Minería (COFEMIN) y de la secretaría de Minería de la Nación, coincidieron en que esta Ley es clave para darle seguridad jurídica a los inversores y a las provincias. «Las autoridades provinciales necesitan una legislación marco para exigirle a las empresas que cumplan y hagan bien las cosas», reclamó Miguel Soler, director Nacional de Producción Minera Sustentable durante el debate en comisión.
Ya hay algunos consensos básicos: la Ley debe ser de presupuestos mínimos -para que las particularidades las puedan fijar las propias provincias-;se debe modificar el Código Minero y contemplar diversas opciones para las Garantías Financieras Ambientales para que tengan «costos razonables». En tanto, se analiza excluir de la Ley a las mineras no metalíferas o hidrocarburíferas -los pozos petroleros-, e incluir el cálculo de los pasivos ambientales.
Si este proyecto no se dictaminó hasta ahora no es tanto por falta de acuerdo, sino porque quedó enfrascado en el parate que padeció el Senado desde el 16 noviembre del año pasado hasta el último jueves, cuando luego de casi cinco meses logró romper su inercia y sesionó para tratar una larga lista de pendientes. Incluso, en esta sesión, los autores reclamaron darle prioridad a este tema para lograr avanzar en las próximas semanas. Habrá que si el calendario electoral le permite al Congreso mantener el motor en marcha para darle curso a esta agenda sustentable.
Top five de la agenda legislativa sustentable
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