El schiarettismo va por el traspaso de Aysa, Edenor y Edesur a Buenos Aires y CABA
La senadora nacional de Córdoba Federal Alejandra Vigo presentó el jueves pasado el proyecto de ley anunciado por el schiarettismo para transferir las prestatarias de agua y energía en AMBA, Aysa, Edenor y Edesur, desde el Estado nacional a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La iniciativa propone el traspaso de jurisdicción en el artículo 1 y, en un segundo artículo, establece la plena vigencia del control del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre las empresas eléctricas. Estos cambios entrarían en vigencia en enero de 2023.
Todo sobre la postura del gobierno de Juan Schiaretti
“Que solo esos servicios estén todavía en cabeza de la Nación afecta el modelo federal de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Este proyecto pretende que se reestablezca el sistema federal y la equiparación del trato igualitario hacia todas las provincias”, sostuvo Vigo.
La legisladora señaló que “con esta ley, tanto la provincia de Buenos Aires como CABA deberán decidir sobre tarifas, subsidios e inversiones con sus propios recursos y presupuestos, tal como lo hace el resto de las provincias”.
En la actualidad, la provisión del agua potable y desagües cloacales en 26 partidos de la provincia de Buenos Aires y en CABA son prestados por la empresa Aysa, integrada en un 90% por el Estado nacional.
Según Vigo, además de ser subsidiada para gastos de funcionamiento, Aysa acrecienta su déficit mes a mes y se beneficia con las transferencias que la Nación hace con dinero de todos los argentinos para gastos corrientes.
“¿Por qué todos los argentinos subsidiamos a una empresa que presta servicios de agua y cloacas únicamente para AMBA?”, se preguntó Vigo.
Energía eléctrica
En el caso de la energía eléctrica que prestan Edenor y Edesur en esas mismas jurisdicciones, también son concesionados y subsidiados por la Nación.
“Lo más justo y federal (acordado tanto en el Consejo Federal de Energía como en el Pacto Fiscal, en el caso de la energía eléctrica) es que la Nación se retire de la regulación de Edenor y Edesur, eliminando así los privilegios otorgados”, argumentó.
La senadora enfatizó que las empresas eléctricas que prestan servicio al AMBA le adeudan a Cammesa unos 1.500 millones de dólares.
“¿Por qué de las 79 distribuidoras a las que Cammesa les vende energía, a algunas les exige los pagos al día, mientras que a otras no? ¿Por qué a Edenor y Edesur no les reclama siendo las mayores deudoras del país?”, se preguntó.
Y agregó: “Si no les reclama el cumplimiento, eso también es un subsidio y esa deuda obviamente se ‘compensa’ con dinero del presupuesto nacional, o sea con los recursos de todos los argentinos”.
“Reclamar por más federalismo no es ser opositor, es defender los derechos de las y los cordobeses y de todos los habitantes del interior. Es claro: queremos que a través de una ley, y no por voluntad del gobierno de turno, se distribuyan los subsidios que surgen del esfuerzo de todos”, dijo.
Por último, Vigo insistió en que “hoy el Estado nacional financia las tarifas del AMBA con fondos aportados por todas las jurisdicciones, lo que a todas luces es injusto y desigual con el resto de las provincias, que deben hacerlo con su propio presupuesto”.
“La mayoría de los recursos quedan en el AMBA, o sea CABA y la provincia de Buenos Aires, en una Argentina en la que vivir en el interior resulta siempre más caro. Y ya es hora de que se supere esta injusticia”, concluyó.
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