Una muerte sirvió para legislar, hizo falta otra para actuar
El 24 de diciembre de 2009 un adolescente de 13 años murió electrocutado cuando al ayudar a cruzar una calle de barrio Jardín a un hombre mayor tocó un cesto de basura que se había electrificado luego de una tormenta por estar en contacto con un cartel ilegal.
La muerte de Juan Aciar dio inicio a la fundación Relevando Peligros, impulsada por su mamá, Sandra Meyer y su duelo sublimado como lucha consiguieron que se sancione en Córdoba la primera ley de seguridad eléctrica del país en 2015.
Pero hasta aquí llegó la conciencia tras la muerte de Juan. Desde entonces, dos veces fue prorrogada la puesta en vigencia plena de la ley porque los municipios resistieron hacer la inversión que les tocaba en la infraestructura de vía pública. Lo único que avanzó es la parte que le tocaba a los privados: desde 2017 ya ninguna instalación puede hacerse sin la supervisión de un electricista matriculado.
El 27 de noviembre del año pasado Javier Willington -hijo de Daniel, jugador leyenda de Talleres- casi muere electrocutado cuando tocó un poste de alumbrado en la calle, en el momento en que salía a buscar su auto. Sus dos perros cayeron fulminados por la descarga.
Fue este incidente el que impidió que se prorrogue una vez más la aplicación de la ley. Ya el legislador oficialista Oscar González una semana antes había presentado la renovación de la prórroga hasta 2023. Como había ocurrido en 2017 y en 2019, se consideraba que iba a ser un trámite más su aprobación, una más en el paquete de decisiones que se toman en bloque en las últimas sesiones del año, para que pasen lo más desapercibidas posible.
Pero que no se prorrogue más no es lo mismo que se comience a aplicar la ley y se torne la seguridad eléctrica una prioridad en espacios públicos. Para eso hizo falta otra muerte: la de Luciano Aranda, el adolescente de 14 años que el martes pasado recibió una descarga fatal de un poste de alumbrado en una plaza de Alto Alberdi cuando se apoyó, cansado, luego de jugar al fútbol con otros chicos.
“Un hecho así tiene que producir una reacción. No se puede hacer como si nada hubiera pasado”. Eso es lo que entendió el intendente Martín Llaryora cuando luego de una primera respuesta de sus funcionarios centrada en el vandalismo que sufrió el poste, el control que se hizo en diciembre y las respuestas que se dieron al apagado de la ciudad heredado de la gestión anterior ordenó que se reorienten las prioridades de las cuadrillas eléctricas, tanto de la planta municipal como de las empresas contratadas, para salir a relevar las luces de las más de mil plazas y espacios verdes de Capital. Y de allí surgió la determinación de dejar a oscuras la que presente el más mínimo riesgo, hasta que vaya otra cuadrilla y repare.
Hasta ahora, la llave para poner al día el alumbrado, el bacheo, los desbordes cloacales y la falta de recolección de residuos era una herramienta tecnológica: la app Ciudadana, entregada a los centros vecinales como primeros y privilegiados usuarios. En los barrios, cada comisión vecinal tenía un “teléfono rojo” para solucionar los problemas de mantenimiento.
Eso, entienden ahora, no es suficiente. Por eso, crearán un programa especial de seguridad eléctrica, con una brigada de mantenimiento preventivo que “salga a buscar los problemas”, no que espere el reclamo. Y mientras tanto, también se analizan soluciones técnicas, como los postes de PVC -como en Río Cuarto- o la pintura que además de ser antivandálica es aislante.
Poner toda la ciudad en regla, de acuerdo a lo que exige la ley de seguridad eléctrica podría llevar hasta cinco años: dos para elaborar todos los planes y tres para ejecutarlos, pero mientras tanto “hay que acelerar en lo que se venía haciendo”, definen cerca del intendente.
¿Qué se hacía? Se reemplazaban las instalaciones eléctricas, colocaban jabalinas y dejaban si riesgo los postes en todas las plazas intervenidas y en cada cambio de luminarias de sodio a lámparas Led.
Pero esto no es un problema exclusivo de Alumbrado Público. Llaryora quiere que se involucren los centros operativos, los CPC y, también, quienes tienen a su cargo el control de las ferias y paseos de compras de la economía informal. Esto es porque dentro de lo que se define como vandalización también hay un uso riesgoso del alumbrado en los espacios verdes para conectar heladeras, equipos de música, peloteros o guirnaldas de luces en puestos, stands o carros de comida. “No todos pueden tener paneles solares como el chori Cheto”, graficaron.
Detrás de un problema en apariencia técnico, también está la informalidad de la economía en la que subsiste cerca de la mitad de la gente que habita la ciudad.
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