¿Se estudiaron las consecuencias del nuevo Consenso Fiscal?
Antes de ir directamente al tema, debemos razonar lo que significa la recaudación fiscal en el contexto económico nacional global.
En primer lugar, la recaudación fiscal debería tener como único destino solventar las actividades que les son exclusivas a los gobiernos, en sus diferentes estamentos (nacional, provincial y municipal). Estas son la administración, la justicia, la legislación, las fuerzas armadas, algo de la salud pública y también de educación. El resto debe ser preocupación y responsabilidad de los particulares, con el ordenamiento y el control de los estados, por supuesto.
Presión fiscal
Mayor presión impositiva no necesariamente significa mayor distribución de recursos entre los menos pudientes. Porque, en el medio, todos esos incrementos en el pago de gabelas por parte de los particulares o de las empresas, recaudados por los estados, son trasladados a los precios de los bienes y servicios producidos en un país. Y esto, en definitiva, redunda en una merma del poder adquisitivo de los consumidores, que en su gran mayoría son asalariados.
Gran parte también de estos nuevos recursos manejados de manera ineficiente por los estados se pierde en el camino de la corrupción. Otra parte importante se diluye en manos de las personas a quienes se asiste, por ser estas menos pudientes, a raíz precisamente de no tener suficientes empleos.
El único beneficio que tienen esos fondos es la ayuda momentánea que reciben estas personas carecientes, fondos que en su gran mayoría se destinan al consumo. Y esto incentiva la actividad productiva, pero el gran problema es que a cambio de esas ayudas no hay ninguna contraprestación, es decir, ninguna producción. El capital de un país, más allá de la preparación educativa, es precisamente su producción nacional, o lo que los economistas denominan el producto interno bruto (PIB).
Es decir que la verdadera función de los estados tiene que ser la de controlar más, a través de leyes y las reglamentaciones consensuadas, y manejar menos recursos. Y estos deberían ir a la inversión y a la reinversión de las normales y legítimas ganancias, para así volcar al mercado más bienes y servicios, y más empleos genuinos, para mejor remunerar.
Consenso fiscal
Volvamos al Consenso Fiscal que está tratando el Gobierno nacional con los gobernadores.
Existe gran preocupación en el sector productivo por el incremento que el proyecto impulsa, al querer eliminar la reducción progresiva de Ingresos Brutos establecida en 2017. En ese acuerdo, el sector industrial debería quedar exento de este gravamen en 2022. Es que dicho impuesto es el más regresivo y distorsivo de todo el sistema impositivo argentino y de cualquier economía, lo mismo que el IVA, porque perjudica la competencia con productos extranjeros, para exportar y también para competir con los productos similares importados, y además se traslada a los precios de los consumidores. Y como si todo esto fuera poco, tiene un costo administrativo muy grande.
Otro aspecto preocupante del acuerdo es que procura establecer nuevamente un impuesto a la herencia durante 2022. Entre otros perjuicios de la reinstalación de este impuesto derogado en 1974 en Argentina, generaría otra imposición y coexistiría con el Impuesto a los Bienes Personales, lo que produciría una superposición de imposiciones sobre una misma base imponible.
Si lo analizamos bien, esta misma base imponible tendría una triple carga impositiva, una triple superposición de impuestos. Tomemos un ejemplo cualquiera.
Si se tratara de un inmueble, el valor de ese bien ya pagó Impuesto a las Ganancias cuando esta se generó para comprar el bien, ya sea en mano de un inversionista, de un empresario, de una empresa o de un asalariado. Luego paga sobre ese mismo capital, y en forma anual, el Impuesto a los Bienes Personales. Y el día que se traslada a sus legítimos herederos se vuelve a oblar. Es una injusticia que no hemos encontrado en ninguna legislación.
En ningún país coexisten los dos impuestos: a la herencia y a los bienes personales.
Toda esta voracidad fiscal va a contramano de lo que realmente necesita el país para reactivar la creación de riquezas, única forma de poder distribuirla mejor, proporcionar más empleos y que todos podamos estar un poco mejor.
* Contador público y licenciado en Ciencias Económicas
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