¿Cuál es el lugar de la educación en el proyecto de presupuesto provincial 2022?
Mi descarado plagio al título del informe del Observatorio de Argentinos por la Educación sobre la incidencia del rubro educación en el presupuesto nacional tiene la intención de que traslademos la misma inquietud a nuestra provincia y así mirar la paja en el ojo propio.
A partir de finales de la década de 1970, y en particular como consecuencia de la sanción de la ley 24.049, de 1992, las escuelas y otras instituciones educativas de niveles inicial, básico, medio y superior –con excepción de las universidades nacionales– fueron transferidas a las provincias. Y la Ley de Educación Nacional sancionada en 2006 establece que el presupuesto consolidado destinado a educación (de Nación, Provincias y Caba) no debe ser inferior al 6% del producto interno bruto (PIB). Pero durante el periodo 2013 a 2018 –último año con información consolidada oficial disponible–, dicho mandato legal sólo fue cumplido en 2015.
Esta descentralización obliga al Estado nacional y a las provincias a solventar de forma mancomunada el desembolso dinerario destinado al sistema educativo. En el caso de nuestra provincia, Córdoba asume el financiamiento del 75% del presupuesto educativo, por lo que el gasto incluido en el presupuesto nacional es una proporción minoritaria del total de los recursos invertidos para el sector.
La parte de Córdoba
Y es aquí donde debemos detenernos para saber cuál es el lugar que ocupa la educación en las preocupaciones del Gobierno provincial reveladas en el proyecto de presupuesto 2022.
Un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (Otes), de abril de 2020, muestra que entre 2013 y 2020 la importancia de la educación dentro del presupuesto cayó de manera sostenida. Del 30% en 2013 descendió a casi 24% en 2018, y recuperó un punto al año siguiente.
En 2020, cuando comenzó la pandemia, la participación del Ministerio de Educación en el presupuesto total representó un poco más del 25%. Sin embargo, lo ejecutado a diciembre de ese año reveló un ajuste del 19%. Luego de todo un ciclo lectivo de escuelas cerradas en medio de la crisis educativa profundizada por la falta de presencialidad, lo previsto para esta cartera en 2021 representó el 24% (casi un punto y medio menos que en 2020) y para 2022 el esfuerzo presupuestario de la provincia de Córdoba dedicado al Ministerio de Educación cae a sólo el 17% del presupuesto global.
Es decir, en los últimos 10 años la consideración del área educativa en las previsiones presupuestarias, que son el reflejo de las decisiones de gestión y de las prioridades gubernamentales, se ha degradado de manera considerable.
Educación maltratada
Admito mi escasa pericia para realizar profundos análisis financieros, pero me es diáfano observar las preferencias del Gobierno cuando el presupuesto para el año entrante predice una suba de los impuestos de hasta el 50%, una reserva de casi el 15% para obras viales y sólo un 17% para un sistema educativo en crisis.
Nos hallamos así ante una educación drásticamente maltratada por el cierre prolongado de las aulas, por los desperfectos edilicios, por la falta de nombramientos docente y por los sueldos, que en muchos casos cayeron debajo de la línea de la pobreza (aun cuando cerca del 90% del presupuesto educativo está desinado a pagar salarios). Un sector golpeado por la brecha tecnológica, por la cantidad de estudiantes desvinculados, por la pérdida de contenido pedagógico y por la enorme deserción escolar que ya arrastrábamos.
Necesidad de recursos
Un financiamiento educativo suficiente, equitativo, eficaz y eficiente importa, porque es el requisito ineludible para garantizar las condiciones materiales y pedagógicas para el aprendizaje y una pieza fundamental para garantizar el derecho a la educación.
Contar con recursos suficientes marca la diferencia entre la voluntad y la realidad; entre una expresión de deseos y un objetivo; entre la focalización y la universalidad; entre el estancamiento y el progreso; entre la inequidad y la igualdad de oportunidades.
Entender la educación como el corazón del progreso personal y colectivo nos obliga a ser exigentes y a entender que la inversión educativa (nótese que digo inversión y no gasto) debe ser condición y prioridad del Estado, ya que actúa como posibilitadora del derecho ciudadano al acceso, la permanencia y el egreso de la educación, fomentando las individualidades y potenciando el colectivo en pos del mejoramiento de la calidad de vida de toda la sociedad.
* Red de Padres y Familias Organizadas por la Educación
https://www.lavoz.com.ar/opinion/cual-es-el-lugar-de-la-educacion-en-el-proyecto-de-presupuesto-provincial-2022/
Compartilo en Twitter
Compartilo en WhatsApp
Leer en https://www.lavoz.com.ar/opinion/cual-es-el-lugar-de-la-educacion-en-el-proyecto-de-presupuesto-provincial-2022/