La violencia requiere una respuesta institucional
Cualquier problema que demanda la actuación del Gobierno nacional debe sortear el conflicto interno que atraviesa el Frente de Todos. La violencia mapuche en la Patagonia cordillerana es un claro ejemplo.
Tras el atentado contra el Club Andino de El Bolsón, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, señaló que los hechos violentos que se suceden desde hace tiempo en la zona “exceden los límites jurisdiccionales” y constituyen “delitos federales”. En consecuencia, pidió el envío de fuerzas de la Nación y la intervención del Gobierno central.
El presidente Alberto Fernández le respondió que “no es función del gobierno nacional brindar seguridad en la región”, porque no estaría en riesgo “la seguridad interior”. Y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, usó su habitual tono descalificatorio para expresar que la gobernadora estaba equivocada. Sin embargo, se emitió la orden para que unos 200 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria fueran trasladados a Bariloche y El Bolsón.
Si se decidió cumplir con el pedido de la gobernadora, ¿qué necesidad había de escribir y comunicar lo contrario? Esta particular dinámica oficial parece obedecer a la imposibilidad del Presidente de sintetizar a los distintos sectores de su coalición, de modo que tiene que producir gestos y acciones que satisfagan a las distintas corrientes del Frente de Todos.
Mientras tanto, Carreras explicó que, para ella y para otros actores sociales y políticos de la Patagonia norte, en la región hay indicios de terrorismo, porque “hay un grupo que intenta socavar el orden constitucional” con violencia y atacan “la integridad de las personas y sus bienes”.
En ese contexto, aseguró que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai), que depende del Estado nacional, sería cómplice e instigador de los grupos violentos: “Hay un sostenimiento económico de estos grupos, traslados de personas y apoyo en cuanto a la defensa”.
El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, le dio la razón a la gobernadora. El ministro de Seguridad de la Nación, en cambio, calificó como “irresponsables” a quienes hablaron de terrorismo.
En este cruce, se destaca una particularidad: Carreras y Berni justifican su posición. Aníbal Fernández descalifica, no refuta argumentos.
En la Justicia se acumulan más de 40 denuncias de hechos violentos. Sólo para mencionar los más recientes, vale recordar los incendios de un campamento de Vialidad de Río Negro y del Centro de Informes Turísticos de El Bolsón, así como de numerosas cabañas en Villa Mascardi que pertenecen a particulares y a instituciones religiosas.
En las tomas de tierras en Mascardi, que incluyen terrenos resguardados por Parques Nacionales, actuó un grupo de personas en una camioneta del Inai, que era conducida por su vicepresidente, quien, además, les suministró víveres durante un tiempo.
Quienes participan en estos hechos se identifican con Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), liderada por Facundo Jones Huala, quien reivindica una “lucha revolucionaria” para “liberar” al pueblo mapuche de la “opresión”.
El tema, por su complejidad, requiere un adecuado encuadre jurídico y político. No agravios ni descalificaciones.
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