Con un video, denuncian un nuevo caso de abuso policial en Córdoba
La escena deja poco lugar a dudas: el policía se acerca a la mujer, que tenía estacionada su moto en la vereda, arroja el rodado al suelo y de inmediato la acusa: “¿Por qué me tiraste la moto encima?”.
En segundos, esa cuadra de calle Chacabuco al 35, Nueva Córdoba, en la capital cordobesa, comienza a llenarse de más policías.
Todos rodean a la mujer, Gisella Molina (41), quien esa noche del pasado 29 de septiembre estaba realizando repartos de lomitos de una reconocida cadena cordobesa.
Ella vestía el uniforme de la empresa y llevaba el chaleco refractario. Ya había dejado un lomito a un cliente y, mientras buscaba la dirección constante, se había vuelto media cuadra en contramano.
Una contravención que terminó por convertirse en una verdadera odisea para ella, según la denuncia penal que presentó en la tarde de este miércoles en Tribunales 2.
“¿Qué hacés?”, le había preguntado el policía apenas la encaró. “Repartiendo”, le respondió ella. “¡Decime la verdad!”, le gritó él. Luego, arrojó la moto al suelo y todo se volvió aún más turbio.
La joven era la dueña de la moto. Tenía el carné de conducir encima, pero no los papeles. Dijo que podía pedir a la lomitería que se los mandaran, pero se lo negaron.
Mientras la inseguridad no da tregua en la ciudad de Córdoba, entre cuatro y cinco policías la rodearon esa noche, alrededor de las 22.30. La esposaron y la introdujeron en un patrullero.
Le secuestraron la moto. El lomito que estaba por entregar desapareció.
En la denuncia consta que Molina primero fue trasladada a una comisaría y luego a Tribunales 2, donde funciona la unidad judicial de atención inmediata para aquellos casos con detenidos.
Fue encerrada, pidió un vaso de agua y poder hacer una llamada para avisar que la habían detenido, pero se lo negaron. Un médico forense la revisó, le pintaron los dedos y la ficharon: allí, un funcionario judicial le comunicó que estaba imputada por resistencia a la autoridad y por lesiones leves (haberle arrojado supuestamente la moto al policía). Ella dijo que tenía pruebas para desmentirlo.
No le hicieron caso. Recién a las 8 de la mañana siguiente, recobró la libertad.
La mujer no se quedó de brazos cruzados por la impotencia. Buscó al abogado Carlos Nayi y este miércoles presentaron una denuncia penal. “Pedimos imputaciones por privación abusiva de la libertad calificada, falso testimonio y abuso de autoridad”, reclamó Nayi. Como primera medida, ansían que los policías que intervinieron sean identificados de inmediato.
“Gisella no era una traficante ni una ladrona de bancos. Sólo estaba repartiendo dos lomitos”, agregó el letrado.
Seguidilla de casos recientes
Hace una semana, el fiscal Juan Pablo Klinger mandó a juicio a otro policía por un violento control policial que se desarrolló en la medianoche del pasado 9 de julio en calles Santa Ana y Espora, en Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba.
En aquella oportunidad, Yésica Magalí Brusa (28) denunció que había sido golpeada con rudeza por un policía que además la llevó detenida junto con su hermana y otra joven en medio de un procedimiento que había comenzado por una situación aparentemente menor: no llevaba la documentación de la moto en la que viajaba junto con las otras dos personas.
El fiscal le enrostró una triple imputación al cabo primero Rodrigo Xavier López (28): privación abusiva de la libertad reiterada (haber detenido a las tres jóvenes sin una justificación real); severidades y lesiones leves calificadas (por los golpes), y falso testimonio agravado (“al declarar ante la Unidad Fiscal de Atención Inmediata, el imputado afirmó bajo juramento y de manera consciente una serie de situaciones falsas, en perjuicio de las hermanas Brusa”).
Las similitudes entre ambas causas ya no parecen casuales. Una pareja de mujeres, Paula y Ayelén, denunció que en los primeros minutos del viernes 16 de abril último, cuando regresaban en auto tras estar en un bar, fueron demoradas por la Policía en Nueva Córdoba. Lo que en un principio asomaba como un control por la cuarentena se terminó por distorsionar. Las jóvenes fueron detenidas y llevadas a Tribunales 2, donde recién al mediodía lograron la libertad luego de ser imputadas por una supuesta resistencia a la autoridad, siempre según la acusación que los policías le llevaron a la Justicia.
Ellas relataron que los policías se habían burlado de que fueran lesbianas, que las habían tratado de “feminazis”, que también hubo comentarios sarcásticos sobre el uso de un lenguaje inclusivo, que las habrían fotografiado cuando a una de ellas se le cayó parte de la blusa, que habían sido golpeadas, que les habían quitado un celular y borrado el video con el que estaban registrando el operativo, que habían estado casi tres horas encerradas en un patrullero, y varios maltratos más. Además, denunciaron que los policías les habían sacado varias pertenencias de dentro del auto y que cuando, 48 horas después, lograron recuperarlas, advirtieron que les faltaba un costoso perfume.
Después de que este caso se conociera de manera pública, el fiscal General Juan Manuel Delgado resolvió que un solo fiscal, Iván Rodríguez, concentrara todas las investigaciones por denuncias de abusos policiales en la ciudad de Córdoba que sean efectuadas por mujeres y minorías.
“Primero, el impacto que significa para la calidad democrática la existencia de casos sospechados de violencia institucional con intervención de las fuerzas de seguridad, especialmente aquellos que afectan a mujeres y personas pertenecientes al colectivo de la diversidad/disidencia sexo-genérica; y segundo, la necesidad de establecer un mecanismo ágil para la asignación de la investigación de estos casos durante las primeras instancias del proceso penal”, fueron las dos causas que invocó Delgado al momento de firmar esa resolución administrativa y operativa.
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