La amenaza de una radicalización K de la economía alerta al Gobierno y al PJ ortodoxo
La amenaza latente alcanza hoy tanto a funcionarios albertistas del gobierno como a intendentes o gobernadores del PJ ortodoxo: una eventual derrota abrumadora del Frente de Todos en las elecciones legislativas podría disparar la radicalización kirchnerista de la política oficialista con graves consecuencias económicas y sociales.
En los últimos días hubo indicios suficientes para afirmar que el mandato esgrimido en reserva por la vicepresidenta Cristina Kirchner es radicalizar el modelo si se pierden las elecciones por amplio margen como ocurrió en las PASO. Y el esquema inmediato sería obligar al presidente Alberto Fernández a tomar medidas de intervención estatal directas o definir temas por decreto para eludir una mayoría adversa en el Congreso.
«Hay temores reales que tenemos muchos peronistas tradicionales e incluso varios referentes de la Iglesia no preguntaron por los alcances de una radicalización kirchnerista», admitió ante El Cronista un conocido intendente del PJ bonaerense. La frase resume el espíritu que hay entre los jefes comunales, gobernadores del peronismo ortodoxo y funcionarios de alta jerarquía en la Casa Rosada.
Desde el pragmatismo de la acción el kirchnerismo duro evalúa la posibilidad del decretazo si no cuenta con bancas suficientes en el Congreso. Esto lo acaba de afirmar el abogado de Cristina Kirchner Gregorio Dablón, quien dijo sin vueltas: «si no vamos a tener la colaboración para hacer cosas constructivas para la sociedad, lamentablemente, hay que gobernar por decreto«, disparó.
Antes de ello, la diputada ultrakirchnerista Fernanda Vallejos admitió tras la derrota en las PASO que «al Frente de Todos no le queda otra que dar la pelea» y propuso para eso «demoler a la administración que lidera Alberto Fernández y armar un Gobierno nuevo con medidas de fondo que corrijan un rumbo claramente equivocado».
Quienes señalan, con encuestas en mano, que la derrota del oficialismo en noviembre será mayor que en las PASO dicen que ante ese hipotético escenario a Alberto Fernández no le quedará más opción que radicalizar su gobierno. Algunos indicios de eso ya dejó a entrever el kirchnerismo duro:
CONTROL A LAS EMPRESAS. El gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece la creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que apunta a «consolidar» el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.
La primera reacción de las empresas ante esta iniciativa fue de rechazo ya que observan una nueva injerencia del Estado el día a día de las compañías. Empresarios del sector supermercadista consideraron que el proyecto oficial es una «via peligrosa» de injerencia para controlar el negocio. Otros empresarios ven que el proyecto busca darle mayor poder al aparato sindical. En cualquier caso, algunos diplomáticos extranjeros observan que este tipo de medidas son desalentadoras para la inversión empresarial en el país.
DEPOSITOS NACIONALES. El diputado del Frente de Todos José Luis Martiarena presentó un proyecto de ley de nacionalización de los depósitos bancarios. La iniciativa fue rechazada de plano por Máximo Kirchner y el bloque en pleno de Diputados del FdT.
Sin embargo, hubo un silencio llamativo en el frente kirchnerista del Senado y el Grupo Bolívar, un think thank de kirchnerismo explícito, emitió un documento donde no sólo avaló la idea de Martiarena sino que propone derogar el Decreto Ley promulgado por José Alfredo Martínez de Hoz durante la última bajo la idea de nacionalizar depósitos bancarios ya que «el Estado debe controlar la economía y no ser rehén de los sectores financieros», dice el documento. La iniciativa del Grupo Bolívar lleva la firma de referentes del mundo K como Fernando Vaca Narvaja, Leticia Quagliaro, Victor de Gennaro, Claudio Lozano o el gremialista Hugo Godoy, entre otros.
HIDROVIA ESTATAL. La idea del kirchnerismo duro de avanzar con la estatización de los trabajos de dragado y balizamiento de la hidrovía sigue en pie. Estos creen que debe ser la Administración General de Puertos (AGP) la que asuma la concesión temporaria y la recaudación de los peajes de la vía fluvial por la que se traslada el 80 por ciento del volumen del comercio exterior argentino. La concesión de AGP tendrá una duración inicial de 12 meses, que se podrá prorrogar hasta la toma de posesión del nuevo operador privado que surgirá de la licitación internacional.
Pero varios dirigentes del kirchnerismo aseguran que tienen el control del Consejo Federal de la Hidrovía por lo que finalmente no descartan dejar en manos del Estado las tareas de modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la vía navegable troncal.
CONTROL DE PRECIOS. La designación de Roberto Feletti en lugar de Paula Español para la Secretaría de Comercio Interior es otro gesto del kirchnerismo por retomar la agenda en materia de control de precios y buscar la renovación del programa Precios Cuidados con una nueva actualización de precios. Feletti fue funcionario de Cristina Kirchner y un duro combativo de la estrategia estatista al frente de la Comisión de Presupuesto en Diputados.
La funcionaria ultrakirchnerista y su equipo pasarán a engrosar el Ministerio del Interior con Wado de Pedro para coordinar estrategias y proyectos de radicación de empresas en el interior del país. ¿Más poder para un ministro ultra K?
Feletti, con su impronta cristinista buscará dar batalla a la inflación. Es otra pulseada del mundo K ganada al ministro de Producción, Matías Kulfas, uno de los «funcionarios que no funcionan» señalado por la vicepresidenta. En este contexto de batalla política interna, la decisión de poner a Feletti apunta a robustecer la agenda intervencionista de Español que durante las reuniones mantuvo en los últimos días empresarios de supermercados dejó en claro que la idea del gobierno en adelante será la de aumentar los controles en la mesa coordinación de precios y fue taxativa en un punto: no se podrá pasar ningún aumento sin previamente acordarlo con la secretaría de Comercio.
Los empresarios ven en ello una mayor intervención estatal en la economía y fijación de precios. Un destacado diputado del Frente de Todos abonó ante El Cronista esta hipótesis al sostener que «el verdadero problema de la Argentina es la inflación y la única manera de controlarla es aumentando la intervención estatal en las cadenas de valor».
RECURSOS NACIONALES. En el Instituto Patria que lidera Cristina Kirchner o en los despachos de los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller espera un proyecto de ley tan ambicioso como polémico que apunta a ejercer desde el Estado un mayor control de los recursos minerales de la Argentina.
La iniciativa apunta sustancialmente al manejo futuro del litio. Se trata de una propuesta para crear una empresa estatal de Litio bajo la directiva de controlar desde el gobierno todo el proceso de producción del denominado «oro blanco» para producir baterías y ofrecer la base de la energía eléctrica del futuro.
El diputado Heller asegura a sus allegados que espera una «señal de arriba» para avanzar con la iniciativa. Pero se ataja de inmediato y aclara que «no se trata de una intervención estatal en el litio sino una forma de regular la producción para que el litio no se vaya por completo al exterior sino que hay producción local de baterías». Es un proyecto copiado en gran medida al modelo de Bolivia de controla estatal de los recursos minerales donde hay una participación plena del gobierno en la cadena productiva.
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